La intervención de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas contribuyó a desideologizar el debate sobre las ejecuciones extrajudiciales. En su informe sobre el cementerio de La Macarena, destacó la existencia de "indicios de una gran cantidad de cadáveres no identificados enterrados individualmente", tal y como lo denunciaron la senadora Ramírez y el representante Cepeda. La cifra más confiable los ubica en 446.

Desde el año pasado, incluso organismos del Estado hicieron eco de rumores sobre unos 2.000 entierros clandestinos en La Macarena, que exigieron la conducción de prospecciones forenses. Estas no encontraron una fosa común, pero, para la Oficina, "no se puede descartar definitivamente su aparición" en el futuro. En Internet, algunos inescrupulosos presentaron una foto de Srebrenica como una fosa en La Macarena. Este engaño no debe desviar la atención del Gobierno, ni de la justicia, ni de la sociedad civil, ni mucho menos de los familiares de los desaparecidos, en la búsqueda de la verdad.

El caso de La Macarena muestra que, en los cementerios, podrían reposar los cuerpos de las víctimas de las ejecuciones efectuadas para producir 'falsos positivos'. "La falta de transparencia sobre la procedencia, identidad y circunstancias de las personas enterradas como no identificadas son de particular preocupación frente a la práctica extendida de las ejecuciones extrajudiciales".

Razones existen para inquietarse. Un estudio de Equitas y el Grupo de Análisis de Datos de Benetech, una compañía especializada en poner tecnología de punta al servicio de los derechos humanos, apunta en la misma dirección. Con base en los cuadernos del sepulturero, el libro de defunciones de la parroquia y el censo de bóvedas, estableció el entierro de 462 N. N. en el cementerio de Rionegro (Antioquia) en las últimas dos décadas. El análisis estadístico de los datos demostró lo siguiente: "El patrón de los cadáveres sin identificar no es aleatorio: está demarcado en momentos específicos en el tiempo", "es independiente del de los muertos identificados" y "parece tener causa propia. En abril del 2003, "los N. N. constituían el 67 por ciento de todos los muertos enterrados".

Está claro que la presencia de N. N. en cementerios no necesariamente implica juego sucio. Muchos miembros de los grupos armados mueren legal y legítimamente en combate con la Fuerza Pública, sin que se logre identificarlos luego.
Pero ni La Macarena ni Rionegro tienen por qué constituir una excepción. El problema es de índole nacional y, para clarificar los hechos, se requiere una labor efectiva de la Fiscalía y del Gobierno.

La Oficina urgió la cooperación del Ministerio de Defensa. Celebró en el Ministro su "prudencia y el cuidado en no descalificar las informaciones y denuncias presentadas". Pero le solicitó diligencia para efectuar indagaciones y realizar un registro propio de muertes en combate. ¿Estará dispuesto el establecimiento militar a abrir las tumbas que sean necesarias?

Con el envío del general Suárez a Madrid, Rodrigo Rivera perdió un aliado. Suárez había dirigido la comisión de indagación cuyo informe llevó a la destitución de 27 oficiales. Como Inspector General de las Fuerzas Armadas, se caracterizó por su acción decidida en la prevención, investigación y castigo de las ejecuciones extrajudiciales.

La Oficina también recalcó la importancia del convenio entre la Fiscalía y el Ministerio de Defensa para que el Cuerpo Técnico de Investigación garantice el levantamiento de los cuerpos. La misma abogada que defiende a varios militares en el dossier Soacha lo demandó, en representación de oficiales retirados, ante el Consejo de Estado.

La situación no da espera y el Ministerio de Defensa debe estar listo para asumir el desafío con prontitud y firmeza, moleste a quien moleste.