Reclamos de quienes perdieron tierras a manos de grupos ilegales se resolverán en 4 meses.

El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, explicó que en la ley de víctimas también se incluírá un capítulo referente a la restitución de tierras. Sin embargo, se definió que las dos iniciativas se estudiarán por aparte.

La norma contempla también que en un plazo de cuatro meses sean resueltos los reclamos de quienes perdieron sus tierras a manos de grupos armados ilegales.

Para ello, se crearán Salas Agrarias en los Tribunales Superiores. Según la propuesta, los magistrados en la misma sentencia decretarán a quién pertenece un predio, ordenarán el desalojo de los invasores y además podrá decretar la inscripción de la titularidad. De no dar respuesta en los 4 meses siguientes a la solicitud incurrirán en falta gravísima.

Los desalojos -dice el proyecto de ley- los deberá hacer Policía y serían inmediatos.

Además, los testaferros tendrían penas de hasta 12 años, al igual que funcionarios que se prestaron para legalizar el despojo.

El proyecto también contempla la creación durante 10 años, de una Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas, adscrita al Ministerio de Agricultura.

Esta entidad agruparía todas las instituciones que actualmente tratan el tema de tierras en Colombia. La Unidad funcionaría con recursos del Gobierno, donaciones privadas, la cooperación internacional y los bienes administrados por el Cisa, que tiene a su cargo predios de la Dirección Nacional de Estupefacientes y del Fondo de Reparación.

Compensaciones de buena fe

Uno de los grandes aportes del proyecto de ley es el que busca darle solución a la cadena de propietarios de buena fe que llegaron a la tierra sin saber que estaban adquiriendo un título ilegal.

Para ello, la Unidad pagará con Títulos de Tesorería (TES) por valores que compensen la tierra. Estos papeles pueden ser cruzados con las deudas que tengan las personas con el Estado (tributarias o de seguridad social) y redimibles al tiempo de vencimiento del documento.

Se estima que 2 de las 5 millones de hectáreas que fueron despojadas en Colombia por los violentos están en manos de testaferros. El proyecto contempla penas entre los 7 y 12 años para ellos.

Las sanciones también incluyen a los que se opongan a la restitución sin tener documentos legales y ocultando los hechos de violencia que llevaron al despojo.

El Estado podrá declarar, en zonas determinadas del país, que hay bienes que tienen interés social y que por lo tanto son sujetos de ser utilizados para la restitución de las víctimas de la violencia. En todo caso, se establece que se respetarán los derechos de las personas que actuaron de buena fe en los negocios.

La iniciativa está firmada por el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, y el de agricultura, Juan Camilo Restrepo. 

Los denunciantes ya no deben probar el despojo

Una de las grandes novedades de la Ley es que los colombianos que denuncien que fueron sacados de sus tierras por la violencia ya no tendrán que correr con la carga de demostrar ante el Estado su condición de víctimas, como sucede en la actualidad.

La inversión de la carga de la prueba es, en palabras del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, "un avance fundamental". La propuesta que llegará al Congreso establece la designación de 'zonas afectadas por la violencia generalizada'.

Esa declaración implica que en determinada región del país, que tendrá límites precisos y determinados técnicamente, se podrá aplicar la restitución de tierras. El Estado debe aclarar además el período histórico en el que se produjo el despojo.