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Proyecto Anticorrupción

Texto del estatuto de la iniciativa que será radicada mañana en el Congreso de la República.

CAPÍTULO PRIMERO
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA
LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

ARTÍCULO 1. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES INCURRAN EN ACTOS DE CORRUPCIÓN. El literal j) del numeral 1 del artículo 8 de la ley 80 de 1993 quedará así:

Las personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades y soborno transnacional, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones. Esta inhabilidad se extenderá a las sociedades de que sean socias tales personas, a sus matrices y a sus subordinadas, con excepción de las sociedades anónimas abiertas.

ARTÍCULO 2. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES FINANCIEN CAMPAÑAS POLÍTICAS. El literal k) del numeral 1 del artículo 8 de la ley 80 quedará así:

Las personas que hayan financiado directamente o por interpuesta persona campañas políticas a la Presidencia de la República, a las gobernaciones y a las alcaldías, quienes no podrán celebrar contratos con las entidades públicas, incluso descentralizadas, del respectivo nivel administrativo para el cual fue elegido el candidato.
La inhabilidad se extenderá por todo el período para el cual el candidato fue elegido. Esta causal también operará para las personas que se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil de la persona que ha financiado la campaña política.

Esta inhabilidad se extenderá también a las sociedades distintas de las anónimas abiertas, en las cuales el representante legal o cualquiera de sus socios hayan financiado directamente o por interpuesta persona campañas políticas a la Presidencia de la República, a las gobernaciones y las alcaldías.

La inhabilidad contemplada en esta norma no se aplicará respecto de los contratos de prestación de servicios profesionales.

ARTÍCULO 3. PROHIBICIÓN PARA QUE EX SERVIDORES PÚBLICOS GESTIONEN INTERESES PRIVADOS. El numeral 22 del artículo 35 de la ley 734 de 2002 quedará así:

Prestar, a título particular, servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las funciones decisorias propias del cargo, hasta por un término de tres (3) años después de la dejación del cargo o permitir que ello ocurra. De igual forma, prestar servicios para un gremio que realice gestiones ante la entidad pública en la cual se laboró, hasta por un término de tres (3) años después de dejar el cargo.

ARTÍCULO 4. INHABILIDAD PARA QUE EX SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATEN CON EL ESTADO.  Adicionase un literal f) al numeral 2 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, el cual quedará así: 

Directa o indirectamente las personas que hayan ejercido cargos en el nivel directivo en entidades del Estado y las sociedades en las cuales estos hagan parte o estén vinculados a cualquier titulo, durante los tres (3) años siguientes al retiro del ejercicio del cargo público, cuando el objeto que desarrollen tenga relación con el sector al cual prestaron sus servicios.

Esta incompatibilidad también operará para las personas que se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil del ex servidor público.

ARTÍCULO 5.  RESPONSABILIDAD DE LOS INTERVENTORES. Modifíquese el artículo 53 de la Ley 80 de 1993, el cual quedará así:
Los consultores y asesores externos responderán civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de consultoría o asesoría.

Por su parte, los interventores responderán civil, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría.

Los interventores y supervisores deberán publicar en la respectiva página web de la entidad, los informes de ejecución con sus respectivas actas, de los contratos o convenios puestos a su vigilancia y control, con la periodicidad que se establezca en los mismos. El interventor o supervisor, junto con el representante legal de la entidad, serán los responsables de efectuar la publicación.

ARTÍCULO 6. ANTICIPOS. El contratista deberá constituir una fiducia irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente.

El costo de la comisión fiduciaria será cubierto por los rendimientos financieros que genere la inversión temporal del anticipo.

ARTÍCULO 7. ACCIÓN DE REPETICIÓN. El numeral 2 del artículo 8 de la ley 678 de 2001 quedará así: 

El Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de la Dirección de Defensa Judicial de la Nación.

ARTÍCULO 8. RESPONSABILIDAD DE LOS REVISORES FISCALES. También será causal de cancelación de la inscripción de contador público, adicional a lo dispuesto en el artículo 26 de la ley 43 de 1990, el no denunciar penalmente o no colocar en conocimiento de la autoridad disciplinaria o fiscal correspondiente, actos de corrupción que haya encontrado en ejercicio de su cargo, cuando se actúe en calidad de revisor fiscal. En relación con actos de corrupción no procederá el secreto profesional.

ARTÍCULO 9. DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DEL CONTROL INTERNO. Modifíquese el artículo 10 de la Ley 87 de 1993, que quedará así:
Para la verificación y evaluación permanente del Sistema de Control, el Presidente de la República designará en las entidades estatales de la rama ejecutiva del orden nacional como asesor, coordinador, auditor interno o cargo similar, a un funcionario público que será adscrito al nivel jerárquico superior y designado en los términos de la presente Ley.

ARTÍCULO 10. REPORTES DEL RESPONSABLE DE CONTROL INTERNO. Modifíquese el artículo 11 de la Ley 87 de 1993, que quedará así:

El asesor, coordinador, auditor interno o quien haga sus veces en una entidad de la rama ejecutiva del orden nacional será un servidor público de libre nombramiento y remoción, designado por el Presidente de la República.
Este servidor público deberá reportar al Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República los posibles actos de corrupción e irregularidades que haya encontrado en el ejercicio de sus funciones.
Parágrafo: Cuando se trate de entidades de la rama ejecutiva del orden territorial, la designación se hará por la máxima autoridad administrativa de la respectiva entidad territorial.

ARTÍCULO 11. CONTROL Y VIGILANCIA EN EL SECTOR DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.

1. Obligación y control. Las instituciones sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud, estarán obligadas a adoptar medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que se generen fraudes en el sistema de seguridad social en salud.
2. Mecanismos de control. Para los efectos del numeral anterior, esas instituciones adoptarán mecanismos y reglas de conducta que deberán observar sus representantes legales, directores, administradores y funcionarios, con los siguientes propósitos:
a. Identificar adecuadamente a sus afiliados, su actividad económica, vínculo laboral y salario.
b. Establecer la frecuencia y magnitud con la cual sus usuarios utilizan el sistema de seguridad social en salud
c. Reportar de forma inmediata y suficiente a la Superintendencia Nacional de de Salud cualquier sobrecosto en la venta u ofrecimiento de medicamentos e insumos y la falsificación de medicamentos.
d. Reportar de forma inmediata y suficiente a la Superintendencia Nacional de Salud cualquier información relevante cuando puedan presentarse eventos de afiliación fraudulenta o  de fraude en los aportes a la seguridad social.
e. Los demás que señale el Gobierno Nacional.
3. Adopción de procedimientos. Para efectos de implantar los mecanismos de control a que se refiere el numeral anterior, las entidades vigiladas deberán diseñar y poner en práctica procedimientos específicos, y designar funcionarios responsables de verificar el adecuado cumplimiento de dichos procedimientos.

ARTICULO 12. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.  La

Superintendencia Nacional de Salud establecerá, en uso de sus facultades de inspección y vigilancia, los parámetros que deben tener en cuenta sus vigilados en la implementación de un sistema de administración del riesgo para la identificación, prevención y reporte de eventos sospechosos de corrupción y fraude en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

ARTÍCULO 13. ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL REPORTE DE EVENTOS SOSPECHOSOS DE CORRUPCIÓN Y FRAUDE.  La administración del sistema de información para el reporte de eventos sospechosos de corrupción y fraude estará a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud, y tendrá por objetivo detectar e informar prácticas asociadas con la corrupción y con el fraude en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Los vigilados de la Superintendencia Nacional de Salud reportarán los eventos sospechosos de corrupción y fraude al Administrador del Sistema de Información. El administrador centralizará, sistematizará y analizará la información proveniente de dicho reporte y en cumplimiento de su objetivo, comunicará a las autoridades competentes y al Tribunal Nacional de Ética Médica la información pertinente.

ARTICULO 14. FONDO ANTICORRUPCIÓN DEL SECTOR SALUD.  Créase el Fondo Anticorrupción del Sector Salud como un fondo especial de la Superintendencia Nacional de Salud destinado a fortalecer la lucha contra la corrupción y el fraude en el sector de la salud.

El Fondo Anticorrupción del Sector Salud estará financiado con las multas que imponga la Superintendencia Nacional de Salud, los aportes que se le asignen en el Presupuesto General de la Nación, las donaciones, los recursos provenientes de cooperación internacional, las inversiones que se efectúen y los demás ingresos que de acuerdo con la ley esté habilitado para recibir.

Dentro de los 15 días siguientes a la expedición de la presente ley el Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud-Fosyga- y la Dirección de Crédito Público y del Tesoro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público transferirán al Fondo Anticorrupción del Sector Salud las multas impuestas por la Superintendencia Nacional de Salud recaudadas en los años 2008 y 2009.

La Superintendencia Nacional de Salud podrá, con cargo a los recursos del Fondo Anticorrupción del Sector Salud, realizar convenios con la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación tendientes a fortalecer la lucha contra la corrupción y el fraude en el sector de la salud.
 

CAPÍTULO SEGUNDO
MEDIDAS PENALES EN LA LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN PÚBLICA Y PRIVADA

ARTÍCULO 15. EXCLUSIÓN DE BENEFICIOS EN LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON CORRUPCIÓN. El artículo 68 A del Código penal quedará así:
 
No se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de libertad de suspensión condicional de la ejecución de la pena o libertad condicional; tampoco la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; ni habrá lugar a ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco (5) años anteriores o cuando haya sido condenado por uno de los siguientes delitos: cohecho activo y pasivo, enriquecimiento ilícito de servidor público, estafa y abuso de confianza que recaigan sobre bienes del Estado, concusión, celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, lavado de activos, utilización indebida de información privilegiada, interés indebido en la celebración de contratos, violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, tráfico de influencias, peculado por apropiación y soborno transnacional.

ARTÍCULO 16. AMPLIACIÒN DE TÉRMINOS DE PRESCRIPCIÓN PENAL. El inciso sexto del artículo 83 del Código Penal quedará así:

Al servidor público que en ejercicio de sus funciones, de su cargo o con ocasión de ellos realice una conducta punible o participe en ella, el término de prescripción se aumentará en una tercera parte. Lo anterior se aplicará también en relación con los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria y de quienes obren como agentes retenedores o recaudadores.
ARTÍCULO 17. ESTAFA SOBRE RECURSOS PÚBLICOS Y EN EL SECTOR DE LA SALUD. El artículo 247 del Código Penal tendrá unos numerales 5º y 6º del siguiente tenor:
5. La conducta se cometiere sobre bienes pertenecientes a empresas o instituciones en que el Estado tenga la totalidad o la mayor parte, o recibidos a cualquier título de éste.
6. La conducta tenga por objeto defraudar al sistema general de seguridad social en salud.
ARTÍCULO 18. CORRUPCIÓN PRIVADA. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 250 A, el cual quedará así: 

El que directa o por interpuesta persona prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o asesores de una sociedad, asociación o fundación una dádiva o cualquier beneficio no justificado para que le favorezca a él o a un tercero, en perjuicio de aquella, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años y multa hasta de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Con las mismas penas será castigado el directivo, administrador, empleado o asesor de una sociedad, asociación o fundación que, por sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte una dádiva o cualquier beneficio no justificado, en perjuicio de aquella.

ARTÍCULO 19. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 250 B, el cual quedará así:

El administrador de hecho o de derecho o socio de cualquier sociedad constituida o en formación, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, disponga fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraiga obligaciones a cargo de ésta causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, incurrirá en prisión de dos (2) a cuatro (4) años y multa hasta de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ARTÍCULO 20. UTILIZACIÓN INDEBIDA DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA. El artículo 258 del Código Penal quedará así:
El que como empleado o directivo o miembro de una junta u órgano de administración de cualquier entidad privada, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, haga uso indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión de su cargo o función y que no sea objeto de conocimiento público, incurrirá en pena de prisión de uno (1) a tres (3) años y multa.
En la misma pena incurrirá el que utilice información conocida por razón de su profesión u oficio, para obtener para sí o para un tercero, provecho mediante la negociación de determinada acción, valor o instrumento registrado en el Registro Nacional de Valores, siempre que dicha información no sea de conocimiento público.

ARTICULO 21. ESPECULACIÓN DE MEDICAMENTOS. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 298 A, el cual quedará así:
El que ponga en venta medicamento o dispositivo médico a precios superiores a los fijados por autoridad competente, incurrirá en pena de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses de prisión y multa de veinte (20) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ARTICULO 22. AGIOTAJE CON MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 301 A, el cual quedará así:

Cuando la conducta punible señalada en el artículo anterior se cometa sobre medicamentos o dispositivos médicos, la pena será de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses de prisión y multa de veinte (20) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ARTÍCULO 23. OMISIÓN DE CONTROL EN EL SECTOR DE LA SALUD. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 325 B, el cual quedará así:

El empleado o director de una entidad vigilada por la superintendencia de Salud, que con el fin de ocultar o encubrir un acto de corrupción, omita el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control establecidos para la lucha contra la prevención y el fraude en el sector de la salud, incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de cien (100) a diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ARTICULO 24. PECULADO POR APLICACIÓN OFICIAL DIFERENTE FRENTE A RECURSOS DE LA SALUD. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 399 A, el cual quedará así:
La pena prevista en el artículo 399 se agravará de una tercera parte a la mitad, cuando se dé una aplicación oficial diferente a recursos destinados a la salud.

ARTICULO 25. PECULADO CULPOSO FRENTE A RECURSOS DE LA SALUD. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 400 A, el cual quedará así:

Las penas previstas en el artículo 400 de la Ley 599 de 2000 se agravarán de una tercera parte a la mitad, cuando se dé una aplicación oficial diferente a recursos destinados a la salud.

ARTICULO 26. CIRCUNSTANCIAS DE ATENUACIÓN PUNITIVA. El artículo 401 del Código Penal quedará así:
Si antes de iniciarse la investigación, el agente, por sí o por tercera persona, hiciere cesar el mal uso, reparare lo dañado, corrigiere la aplicación oficial diferente, o reintegrare lo apropiado, perdido o extraviado, o su valor actualizado con intereses la pena se disminuirá en la mitad.

Si el reintegro se efectuare antes de dictarse sentencia de segunda instancia, la pena se disminuirá en una tercera parte.
Cuando el reintegro fuere parcial, el juez deberá, proporcionalmente, disminuir la pena hasta en una cuarta parte.

ARTICULO 27. COHECHO POR ACTO ILEGAL YA CUMPLIDO. El artículo 405 de la La Ley 599 de 2000 tendrá un segundo inciso, el cual quedará así:

Si el servidor público recibe, para sí o para otro, dinero u otra utilidad por acto ilegal ya cumplido, sin que medie acuerdo previo con la persona que hace la entrega, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público.

ARTICULO 28. CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES. El artículo 410 del Código Penal quedará así:

El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia de los requisitos legales, así éste no se suscriba, o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos incurrirá en pena de seis (6) a dieciocho (18) años de prisión, multa de cincuenta (50) a doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de siete (7) a diecinueve (19) años.

ARTÍCULO 29. TRÁFICO DE INFLUENCIAS DE PARTICULAR. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 411 A, el cual quedará así:
El particular que utilice indebidamente influencias sobre un servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer, con el fin de obtener cualquier beneficio económico, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ARTÍCULO 30. ACUERDOS RESTRICTIVOS DE LA COMPETENCIA. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 411 B, el cual quedará así:

El que en un proceso de licitación pública, selección abreviada o concurso se concertare con otro proponente con el fin de alterar el procedimiento contractual, incurrirá en prisión de dos (2) a cuatro (4) años y multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes".

ARTICULO 31. ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. El artículo 412 del Código Penal quedará así:

El servidor público que durante su vinculación con la administración, o quien haya desempeñado funciones públicas y con posterioridad a su desvinculación, obtenga, por razón del cargo o de sus funciones, para sí o para otro, incremento patrimonial injustificado, incurrirá, siempre que la conducta no constituya otro delito, en prisión de nueve (9) a quince (15) años, multa equivalente al doble del valor del enriquecimiento sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses.

ARTÍCULO 32. FRAUDE DE SUBVENCIONES. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 424 A, el cual quedará así:

El que obtenga una subvención o ayuda de una entidad pública  consignando una falsedad sobre las condiciones requeridas para su concesión  o callando total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de cinco (5) a nueve (9) años, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años.

Las mismas penas se impondrán al que no invierta los recursos obtenidos a través de una subvención o ayuda de una entidad pública a la finalidad a la cual estén destinados.

ARTICULO 33. SOBORNO TRANSNACIONAL. El artículo 433 del Código Penal quedará así:

El que ofrezca a un servidor público de otro Estado o a un funcionario de una organización internacional pública, directa o indirectamente, cualquier dinero, objeto de valor pecuniario u otra utilidad a cambio de que éste realice u omita cualquier acto en el ejercicio de sus funciones, relacionado con  una transacción económica o comercial, incurrirá en prisión de nueve (9) a quince (15) años y multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ARTÍCULO 34. MEDIDAS CONTRA PERSONAS JURÍDICAS. También podrán aplicarse las medidas contempladas en el artículo 91 de la ley 906 de 2004 a las personas jurídicas que se hayan beneficiado económicamente de la comisión de delitos contra la administración pública  realizada por  su representante legal  o de cualquier conducta punible que haya causado un perjuicio al patrimonio público.

ARTÍCULO 35. AMPLIACIÓN DE TÉRMINOS PARA INVESTIGACIÓN. El artículo 175 de la Ley 906 de 2004 tendrá un parágrafo, el cual quedará así:

Parágrafo. En los procesos por delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializados, por delitos contra la administración pública y por delitos contra el patrimonio económico que recaigan sobre bienes del Estado respecto de los cuales proceda la detención preventiva, los anteriores términos se duplicarán cuando sean tres (3) o más los imputados o los delitos objeto de investigación.

ARTÍCULO 36. OPERACIONES ENCUBIERTAS CONTRA LA CORRUPCIÒN.  La Ley 906 de 2004 tendrá un artículo 242 A, el cual quedará así:

Los mecanismos contemplados en los artículos 241 y 242 podrán utilizarse cuando se verifique la posible existencia de hechos de delitos contra la administración pública en una entidad pública.
Cuando en investigaciones de corrupción, el agente encubierto, en  desarrollo de la operación, cometa delitos contra la administración pública en coparticipación con la persona investigada, el agente encubierto quedará exonerado de responsabilidad, mientras que  el indiciado o imputado responderá por el delito correspondiente".

ARTÍCULO 37. PRUEBAS ANTICIPADAS. El artículo 284 de la Ley 906 de 2004 tendrá un parágrafo cuarto, el cual quedará así:

En las investigaciones que versen sobre delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializados, por delitos contra la administración pública y por delitos contra el patrimonio económico que recaigan sobre bienes del Estado respecto de los cuales proceda la detención preventiva, será posible practicar como prueba anticipada el testimonio de quien haya recibido amenazas contra su vida o de la de su familia por razón de los hechos que conoce; así mismo, procederá la práctica de dicha prueba anticipada cuando contra el testigo curse un trámite de extradición en el cual se hubiere rendido concepto favorable por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

La prueba deberá practicarse antes de que quede en firme la decisión del Presidente de la República de conceder la extradición.

ARTÍCULO 38. AUMENTO DE TÉRMINOS EN INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON CORRUPCIÓN. El artículo 317 de la Ley 906 de 2004 tendrá un parágrafo segundo, el cual quedará así:
Parágrafo 2º. En los procesos por delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializados, por delitos contra la administración pública y por delitos contra el patrimonio económico que recaigan sobre bienes del Estado respecto de los cuales proceda la detención preventiva, los términos previstos en los numerales 4 y 5 se duplicarán cuando sean tres (3) o más los imputados o los delitos objeto de investigación.

ARTICULO 39. ELIMINACIÓN DE SUBROGADOS PENALES. El parágrafo del artículo 314 de la Ley 906 de 2004 quedará así:
Parágrafo. No procederá la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario, por detención domiciliaria cuando la imputación se refiera a los siguientes delitos: Los de competencia de los jueces penales del circuito especializados o quien haga sus veces, Tráfico de migrantes (C. P. artículo 188); Acceso carnal o actos sexuales con incapaz de resistir (C. P. artículo 210); Ley 1142 de 2007 20/36 Violencia intrafamiliar (C. P. artículo 229); Hurto calificado (C. P. artículo 240); Hurto agravado (C. P. artículo 241, numerales 7, 8, 11, 12 y 15); Estafa agravada (C. P. artículo 247); Uso de documentos falsos relacionados con medios motorizados hurtados (C. P. artículo 291); Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de uso personal, cuando concurra con el delito de concierto para delinquir (C. P. artículos 340 y 365), o los imputados registren sentencias condenatorias vigentes por los mismos delitos; Fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas (C. P. artículo 366 ); Fabricación, importación, tráfico, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares (C. P. artículo 367); Peculado por apropiación en cuantía superior a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales (C. P. artículo 397); Concusión (C. P. artículo 404); Cohecho propio (C. P. artículo 405); Cohecho impropio (C. P. artículo 406); Cohecho por dar u ofrecer (C. P. artículo 407); Enriquecimiento Ilícito  (C.P. artículo 412); Soborno Transnacional (C.P. artículo 433); Violación del Régimen  Legal o Constitucional de Inhabilidades e Incompatibilidades (C.P. artículo 408); Interés Indebido en  la Celebración de Contratos (C.P. artículo 409); Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales (C.P. artículo 410); Tráfico de Influencias (C.P. artículo 411); Receptación repetida, continua (C. P. artículo 447, incisos 1° y 3°); Receptación para ocultar o encubrir el delito de hurto calificado, la receptación para ocultar o encubrir el hurto calificado en con-curso con el concierto para delinquir, receptación sobre medio motorizado o sus partes esenciales, o sobre mercancía o combustible que se lleve en ellos (C. P. artículo 447, inciso 2°)".

ARTICULO 40.  PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD PARA LOS DELITOS DE COHECHO. El artículo 324 de la Ley 906 de 2004 tendrá un numeral 18, quedará así:

En los casos de cohecho, cuando la investigación se iniciare por denuncia del autor o partícipe, acompañada de evidencia que amerite la formulación de acusación contra el servidor que recibió el dinero u otra utilidad o aceptó el ofrecimiento, siempre que el denunciante se comprometa a servir como testigo de cargo contra el servidor público imputado, bajo inmunidad total o parcial.
En este evento los efectos de la aplicación del principio de oportunidad quedarán en suspenso respecto del procesado testigo hasta cuando cumpla con el compromiso de declarar. Si concluida la audiencia de juzgamiento no lo hubiere hecho, se revocará el beneficio.

El mismo beneficio se  aplicará al servidor público si denunciare primero el delito en las condiciones anotadas.

ARTÍCULO 41. SUSPENSIÓN DEL CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO  INVESTIGADO.  El artículo 339 de la Ley 906 de 2004 tendrá un parágrafo, el cual quedará así:
Parágrafo. Una vez formulada la acusación por parte de la Fiscalía, su titular deberá solicitar al juez de conocimiento la suspensión inmediata en el cargo del servidor público, si la acusación versa sobre un delito contra la administración pública.  

CAPÍTULO TERCERO
MEDIDAS DISCIPLINARIAS PARA LA LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN

ARTÍCULO 42. TÉRMINOS DE PRESCRIPCIÓN. El artículo 30 de la Ley 734 de 2002, quedará así:

La acción disciplinaria prescribe en diez (10) años para las faltas leves y graves y en doce (12) para las faltas gravísimas, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto.

Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso, la prescripción de las acciones se cumple independientemente para cada una de ellas.

Parágrafo primero. Los términos prescriptivos quedan sujetos a lo establecido en los tratados internacionales que Colombia ratifique.
Parágrafo segundo. El término prescriptivo se interrumpe en todos los casos con el fallo de primera instancia

ARTÍCULO 43. TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN. El artículo 32 de la Ley 734 de 2002 quedará así:

La sanción disciplinaria prescribe en un término de ocho (8) años, contados a partir de la ejecutoria del fallo.

En los casos en que la sanción sea de destitución, prescribirá en un término de diez (10) años, contados a partir de la ejecutoria del fallo definitivo.

Cuando la sanción impuesta fuere la destitución e inhabilidad general o la suspensión e inhabilidad especial, una vez cumplidas se producirá la rehabilitación en forma automática, salvo lo dispuesto en la Constitución  Política

ARTÍCULO 44. NOTIFICACIONES. El artículo 105 de la Ley 734 de 2002 tendrá un inciso segundo, el cual quedará así:
De esta forma se notificarán los autos de cierre de investigación y el que ordene el traslado para alegatos de conclusión.

ARTÍCULO 45. PROCEDENCIA DE LA REVOCATORIA DIRECTA. El artículo 122 de la Ley 734 quedará así:
Los fallos sancionatorios  y autos de archivo podrán ser revocados de oficio o a petición del sancionado, por el Procurador General de la Nación o por quién los profirió. Los autos de archivo lo serán por petición del quejoso.

Parágrafo. Cuando se trate de faltas disciplinarias  que constituyen violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, procede la revocatoria del fallo absolutorio y del archivo de la actuación por parte del Procurador General de la Nación

ARTÍCULO 46. MEDIOS DE PRUEBA. El inciso primero del artículo 130 de la Ley 734 quedará así:

Son medios de prueba la confesión, el testimonio, la peritación, la inspección o visita especial, y los documentos, los cuales se practicarán de acuerdo con las reglas previstas en la ley 600 de 2000, en cuanto sean compatibles con la naturaleza y reglas del derecho disciplinario.

ARTÍCULO 47. PRUEBA TRASLADADA. El artículo 135 de la Ley 734 quedará así:

Las pruebas practicadas válidamente en una actuación judicial o administrativa, dentro o fuera del país  y los medios materiales de prueba, podrán trasladarse a la actuación disciplinaria mediante copias autorizadas por el respectivo funcionario y serán apreciadas conforme a las reglas previstas en este código.

Parágrafo. El servidor público a cargo de los medios materiales de prueba que se requieran en la actuación disciplinaria deberá remitir copia de éstos en el término improrrogable de cinco (5) días hábiles.  La omisión en atender este requerimiento se considera falta grave.

ARTÍCULO 48. DECISIÓN DE CIERRE DE INVESTIGACIÓN. La Ley 734 de 2002 tendrá un artículo 160 A, el cual quedará así:
Cuando se haya recaudado prueba que permita la formulación de cargos, o vencido el término de la investigación, el funcionario de conocimiento, mediante decisión de sustanciación notificable y que sólo admitirá el recurso de reposición, declarará cerrada la investigación.

Ejecutoriada la providencia de cierre de investigación se dispondrá traslado común por el término de cinco (5) días a los sujetos procesales para que presenten sus alegaciones previas a la evaluación de la investigación disciplinaria.

Vencido el término anterior, la evaluación de la investigación disciplinaria se verificará en un plazo máximo de quince (15) días hábiles

ARTÍCULO 49. TÉRMINO PROBATORIO. El inciso primero del artículo 168 de la Ley 734 de 2002 quedará así:
Vencido el término señalado en el artículo anterior, el funcionario  competente resolverá sobre las nulidades propuestas y ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas, de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad.

ARTÍCULO 50. TRASLADO PARA ALEGATOS DE CONCLUSION. El artículo 169 de la Ley 734 de 2002 quedará así:

Si no hubiere pruebas que practicar o habiéndose practicado las señaladas en la etapa de juicio disciplinario, el funcionario de conocimiento mediante auto de sustanciación notificable ordenará traslado común de diez (10) días para que los sujetos procesales puedan presentar alegatos de conclusión.

ARTÍCULO 51. TÉRMINO PARA FALLAR. El artículo 169 A de la Ley 734 de 2002 quedará así:

El funcionario de conocimiento proferirá el fallo dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes al vencimiento del término de traslado para presentar alegatos de conclusión.

ARTÍCULO 52. PROCESO VERBAL. El artículo 177 de la Ley 734 de 2002 quedará así:

Calificado el procedimiento a seguir conforme a las normas anteriores, el funcionario competente, mediante auto que debe notificarse personalmente, ordenará adelantar proceso verbal y citará a audiencia al posible responsable.

En el auto que ordena adelantar proceso verbal, debe consignarse, la identificación del funcionario cuestionado, el cargo o empleo desempeñado, una relación sucinta de los hechos reputados irregulares y de las normas que los tipifican,  la relación de las pruebas tomadas en cuenta y de las que se van a ordenar, lo mismo que la responsabilidad que se estima puede caber al funcionario cuestionado.

La audiencia debe iniciar no antes de cinco (5) ni después de quince (15) días de la fecha del auto que la ordena. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

En el curso de la audiencia, a la que el investigado puede asistir solo o asistido de abogado, podrá dar su propia versión de los hechos y aportar y solicitar pruebas, las cuales serán practicadas en la misma diligencia, dentro del término improrrogable de tres días. Si no fuere posible hacerlo se suspenderá la audiencia por el término máximo de cinco días y se señalará fecha para la práctica de la prueba o pruebas pendientes.

Podrá ordenarse la práctica de pruebas por comisionado, cuando sea necesario y procedente. La negativa a decretar y practicar pruebas, por inconducentes, impertinentes o superfluas, debe ser motivada. Contra esta decisión proceden los recursos de reposición y de apelación.

De la audiencia se levantará acta en la que se consignará sucintamente lo ocurrido en ella. Todas las decisiones se notifican en estrados.

ARTÍCULO 53. RECURSOS. El artículo 180 de la Ley 734 de 2002 quedará así:

Contra el fallo proferido en audiencia sólo procede el recurso de apelación, que se interpondrá en la misma diligencia y se sustentará verbalmente o por escrito dentro de los dos días siguientes. Procede el recurso de reposición cuando el procedimiento sea de única instancia, el cual deberá interponerse y sustentarse una vez se produzca la notificación por estrado, agotado lo cual se decidirá el mismo.

ARTÍCULO 54.  PROCEDENCIA DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ESPECIAL ANTE EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. El artículo 182 de la Ley 734 de 2002 tendrá un inciso segundo, el cual quedará así:

También se aplicará este procedimiento especial para los casos en que la competencia para disciplinar sea del señor Procurador General de la Nación en única instancia.

ARTÍCULO 55. PROHIBICIÓN DE REPRESALIAS. El servidor público que, directa o indirectamente, con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, cometa acto arbitrario e injusto contra otro servidor público que haya denunciado hechos de corrupción, incurrirá en falta disciplinaria gravísima; sin perjuicio de la adopción de las medidas previstas en la Ley 1010 de 2006.

CAPÍTULO CUARTO
PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS
ARTÍCULO 56. PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS. Se consideran personas políticamente expuestas: los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios, los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y las personas que administren los recursos de que trata el artículo 338 de la Constitución Política, así como también quienes se hayan encontrado en alguna de las anteriores situaciones en los dos años anteriores.

También tendrán la calidad de personas políticamente expuestas el cónyuge, compañero o compañera permanente, y los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil y las personas jurídicas de las cuales sean socios las personas contempladas en el anterior inciso. 

ARTÍCULO 57. VIGILANCIA DE LAS PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS. Las entidades financieras deberán implementar medidas destinadas a identificar si el cliente es una persona políticamente expuesta; tomar medidas razonables para determinar cuál es el origen de la riqueza y el origen de los fondos; y obtener la aprobación de los directivos de mayor jerarquía para establecer relaciones comerciales con esos clientes.  

CAPÍTULO QUINTO
REGULACIÓN DEL LOBBY O CABILDEO
ARTÍCULO 58. DEFINICIÓN. Para los efectos de la presente ley se entenderá por lobby o cabildeo aquel  contacto de carácter personal y privado que tenga por objeto promover, defender o representar cualquier interés en relación con:

a. La elaboración, tramitación, aprobación, modificación, adopción, derogación o rechazo de proyectos de ley, actos legislativos o declaraciones del Congreso de la República o sus miembros; ordenanzas, proyectos de ordenanzas y declaraciones ante las asambleas departamentales; y acuerdos, proyectos de acuerdos y declaraciones ante los concejos municipales; sin perjuicio del derecho que asiste a todo ciudadano de intervenir en el proceso de formación de las leyes, acuerdos y ordenanzas.

b. La elaboración, modificación, derogación o rechazo de actos administrativos de carácter general o particular, de los documentos o decisiones que les sirven de fundamento en la rama ejecutiva o en una comisión de regulación. Así como también la celebración, modificación o terminación de cualquier contrato estatal.
Parágrafo: No estarán sujetos a esta regulación aquellos servidores públicos que realicen las actividades anteriormente descritas en ejercicio de sus funciones.

ARTÍCULO 59. REGISTRO PÚBLICO DE LOBBYSTAS. Las siguientes entidades y oficinas públicas estarán sometidas a llevar un registro público de lobbystas, en el cual tendrán que inscribirse todas aquellas personas que deseen ejercer actividades de lobby ante los siguientes servidores públicos:

a. Ministros, directores de departamentos administrativos, Superintendentes y Viceministros.
b. Secretario jurídico y Secretario general de la Presidencia de la República, Consejeros presidenciales,
c. Gerentes, presidentes o directores de entidades descentralizadas de los Consejos Superiores de la administración y de unidades administrativas especiales.
d. Alcaldes, Gobernadores, secretarios del despacho de alcaldías y gobernaciones.
e. Miembros de comisiones de regulación.
f. Congresistas, diputados y concejales.

La información contenida en el Registro será pública y cualquier persona podrá acceder a ella. En este registro se deberán consignar las audiencias y reuniones que soliciten los lobbystas o cualquier particular, en lo relativo a la indicación del lugar y fecha de su realización, así como la individualización de los asistentes y la materia específica tratada.

Aquellas personas que hayan laborado en la entidad pública ante la cual se realiza la actividad de lobby o que sean asesoradas o representadas por dichas personas deberán declararlo expresamente en el registro público de lobbystas que lleva cada entidad.

Mensualmente deberá publicarse en la página web de la entidad correspondiente el registro de audiencias y reuniones anteriormente señalado. El incumplimiento de esta obligación constituirá falta disciplinaria.

El Gobierno reglamentará el funcionamiento del registro público de lobbystas.

Parágrafo: estarán excluidas de esta norma las entidades del sector defensa en aquellos aspectos que toquen con la seguridad de Estado, no así en relación con la contratación pública.

ARTÍCULO 60. ACCESO A LA INFORMACIÓN.  La autoridad competente podrá requerir, en cualquier momento, informaciones o antecedentes adicionales relativos a gestiones determinadas.

ARTÍCULO 61. INHABILIDADES. No podrán ejercer la actividad de lobbystas los servidores públicos hasta dos años después de dejar sus cargos.

ARTÍCULO 62. PROHIBICIONES.  Aquellas personas que realicen actividades de lobby no podrán:

a) Defender o representar, de manera simultánea, intereses opuestos o contradictorios, aunque se haga ante autoridades o instancias distintas.
b) Entregar directamente o por interpuesta persona beneficios de carácter económico directamente o por interpuesta persona ante cualquier persona frente a la que se realice el cabildeo.

CAPÍTULO SEXTO
ORGANISMOS ESPECIALES PARA LA LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN

ARTÍCULO 63. CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA MORALIZACIÓN. Créase la Comisión Nacional para la Moralización, integrada por:
1. El Presidente de la República.
2. El Ministro del Interior y de Justicia.
3. El Procurador General de la Nación.
4. El Contralor General de la República.
5. El Presidente del Congreso de la República.
6. El Fiscal General de la Nación.
7. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
8. El Presidente del Consejo de Estado.
9. El director del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
10. El director de la Consejería Presidencia para el buen gobierno y la transparencia

ARTÍCULO 64. PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN. La presidencia de la Comisión Nacional para la Moralización corresponderá al Presidente de la República.

ARTÍCULO 65. FUNCIONES. La Comisión Nacional para la Moralización  tendrá las siguientes funciones:
a. Velar por el cumplimiento de la aplicación de la presente ley y de la ley 190 de 1995.
b. Coordinar la realización de acciones conjuntas para la lucha contra la corrupción frente a entidades del orden nacional o territorial en las cuales existan indicios de este fenómeno.
c. Coordinar el intercambio de información en materia de lucha contra la corrupción.
d. Realizar propuestas para hacer efectivas las medidas contempladas en esta ley respecto de las personas políticamente expuestas.
e. Darse su propio Reglamento.

ARTÍCULO 66. CONFORMACIÓN DE LA MISIÓN NACIONAL CIUDADANA PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. Créase la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción, la cual estará integrada por:
1. Un representante de los Gremios Económicos.
2. Un representante de los Organizaciones no Gubernamentales dedicadas a la lucha contra la corrupción.
3. Un representante de las Universidades.
4. Un representante de los Medios de Comunicación.
5. Un representante de las Veedurías Ciudadanas.
6. Un representante del Consejo Nacional de Planeación
7. Un representante de la Organizaciones Sindicales.
8. El director del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
Dichos representantes serán elegidos por el Presidente de la República para un periodo de dos (2) años y ejercerán sus funciones ad honorem.

ARTÍCULO 67. FUNCIONES. La Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción ejercerá las siguientes funciones:

a. Velar por el cumplimiento de la aplicación de la presente ley y de la ley 190 de 1995.
b. Realizar un informe de seguimiento, evaluación y recomendaciones a las políticas, planes y programas que se pongan en marcha en materia de lucha contra la corrupción, el cual  deberá presentarse al menos 1 vez cada año.
c. Impulsar campañas en las instituciones educativas para la promoción de los valores éticos y la lucha  contra la corrupción
d. Promover la elaboración de códigos de conducta para el ejercicio ético y transparente de las actividades del sector privado y para la prevención de conflictos de intereses en el mismo
e. Hacer un seguimiento especial a las medidas adoptadas en esta ley para mejorar la gestión pública tales como la  contratación pública, la política antitrámites, la democratización de la administración pública, el acceso a la información pública y la atención al ciudadano.
f. Realizar un seguimiento especial a los casos de corrupción de alto impacto y solicitar para ello información sobre el desarrollo de las respectivas investigaciones a las entidades de control y a las autoridades judiciales.
g. Realizar un seguimiento a la implementación de las medidas contempladas en esta ley para regular el cabildeo, con el objeto de velar por la transparencia de las decisiones públicas.
h. Promover la participación activa de los medios de comunicación social en el desarrollo de programas orientados a la lucha contra la corrupción y al rescate de la moral pública;
i. Darse su propio Reglamento.

ARTÍCULO 68. SECRETARÍA TÉCNICA. La Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Moralización y de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción será ejercida por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción y deberá apoyarlas en lo operativo y en lo administrativo.

ARTÍCULO 69. FUNCIONES DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE MODERNIZACIÓN, EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, o quien haga sus veces,  tendrá las siguientes funciones:

1. Diseñar y coordinar la implementación de la política del Gobierno en la lucha contra la corrupción, enmarcada en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo, según los lineamientos del Presidente de la República
2. Diseñar, coordinar e implementar directrices, mecanismos y herramientas preventivas para el fortalecimiento institucional, participación ciudadana, control social, rendición de cuentas, acceso a la información,  cultura de la probidad y transparencia.
3. Coordinar la implementación de los compromisos adquiridos por Colombia en los instrumentos internacionales de lucha contra la corrupción.
4. Fomentar y contribuir en la coordinación interinstitucional de las diferentes ramas del poder y órganos de control en el nivel nacional y territorial.
5. Diseñar instrumentos que permitan conocer y analizar el fenómeno de la corrupción y sus indicadores, para diseñar políticas públicas.
6. Definir y promover acciones estratégicas entre el sector público y el sector privado para la lucha contra la corrupción.
7. Solicitar la revocatoria del acto administrativo de adjudicación de cualquier contrato estatal cuando existan serios motivos de juicio para inferir que durante el procedimiento precontractual se pudo haber presentado un delito o una falta disciplinaria grave.
 
CAPÍTULO SÉPTIMO
POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y PEDAGÓGICAS.
ARTÍCULO 70. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. Cada entidad del orden nacional deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción señalará una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada estrategia.    

ARTÍCULO 71. PLAN DE ACCIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS. A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de diciembre de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.
A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe de gestión del año inmediatamente anterior.

ARTÍCULO 72. POLÍTICA ANTITRÁMITES. Para la creación de un nuevo trámite que afecte a los ciudadanos en las entidades del orden nacional, éstas deberán elaborar un documento donde se justifique la creación del respectivo trámite. Dicho documento deberá ser remitido al Departamento Administrativo de la Función Pública que en un lapso de 30 días deberá conceptuar sobre la necesidad del mismo. En caso de que dicho concepto sea negativo la entidad se abstendrá de ponerlo en funcionamiento.

Parágrafo. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, revístese al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para que en el término de seis meses, contados a partir de la fecha de la publicación de la presente ley, expida normas con fuerza de ley para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública.

ARTÍCULO 73. OFICINA DE QUEJAS Y RECLAMOS.  En toda entidad pública, deberá existir una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad.

La oficina de control interno, deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular. En la página web principal de toda entidad pública deberá existir un link de quejas y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios.

Todas las entidades públicas deberán contar con un espacio en su página web principal para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan conocimiento.

La oficina de quejas y reclamos será la encargada de conocer dichas quejas para realizar la investigación correspondiente. 

El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalará los estándares que deben cumplir las entidades públicas para dar cumplimiento a la presente norma.

ARTÍCULO 74. PUBLICACIÓN PÁGINA WEB.  Modifíquese el artículo 51 de la Ley 190 de 1995, el cual quedará así:

Con fines de control social y de participación ciudadana, que permitan vigilar la gestión pública a partir de la vigencia de la presente ley, las alcaldías municipales y distritales y las oficinas o secciones de compras de las gobernaciones y demás dependencias estatales, estarán obligadas a publicar en sitio visible de las dependencias de la entidad y en sus respectivas páginas web una vez al mes, en lenguaje sencillo y asequible al ciudadano común, una relación singularizada de los bienes adquiridos y servicios contratados, el objeto y el valor de los mismos, su destino y el nombre del adjudicatario, así como las licitaciones declaradas desiertas.

ARTÍCULO 75. DEMOCRATIZACION DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA. Modifíquese el artículo 32 de la Ley 489 de 1998, que quedará así:

Todas las entidades y organismos de la Administración Pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para ello podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.

Entre otras podrán realizar las siguientes acciones:

1. Convocar a audiencias públicas.
2. Incorporar a sus planes de desarrollo y de gestión las políticas y programas encaminados a fortalecer la participación ciudadana.
3. Difundir y promover los derechos de los ciudadanos respecto del correcto funcionamiento de la administración pública.
4. Incentivar la formación de asociaciones y mecanismos de asociación de intereses para representar a los usuarios y ciudadanos.
5. Apoyar los mecanismos de control social que se constituyan.
6. Aplicar mecanismos que brinden transparencia al ejercicio de la función administrativa.
En todo caso deberán presentar anualmente rendición de cuentas a la ciudadanía bajo el formato único que para tal efecto establezca el Departamento Administrativo de la Función Pública junto con el Programa presidencial de modernización, eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupción.

ARTÍCULO 76. PEDAGOGÍA DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD. Toda institución de educación básica y media deberá contemplar dentro de su Proyecto Educativo Institucional las estrategias para difundir los valores éticos y la lucha contra la corrupción en nuestro país, lo cual deberá verse reflejado en sus programas curriculares.

ARTÍCULO 77. DIVULGACIÓN DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ESTATAL. Los proveedores del Servicios de Radiodifusión Sonora de carácter público o comunitario deberán prestar apoyo gratuito al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en divulgación de proyectos y estrategias de comunicación social, que dinamicen los mecanismos de integración social y comunitaria, así como a la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación, con un mínimo de 15 minutos diarios de emisión a cada entidad, para divulgar estrategias de lucha contra la corrupción y proteger y promover los derechos fundamentales de los Colombianos.

De la misma manera los operadores públicos de sistemas de televisión, deberán prestar apoyo en los mismos términos y con el mismo objetivo, en un tiempo no inferior a 30 minutos efectivos de emisión en cada semana.

A partir de la expedición de la presente ley los procesos de concesión para la explotación de los servicios de radio y televisión y sus prorrogas, deberá contemplar para efectos de costos y administración del servicio los espacios contemplados en el presente artículo. Para los contratos de concesión vigentes la autoridad competente y los concesionarios deberán ajustar las condiciones contractuales dentro de 6 meses siguientes a la expedición de la misma, cuando así se requiera.

CAPÍTULO OCTAVO
DISPOSICIONES PARA PREVENIR Y COMBATIR LA CORRUPCIÓN EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

ARTÍCULO 78. SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda.

La supervisión de los contratos será ejercida por un funcionario de la misma entidad estatal, o por un contratista de prestación de servicios profesionales cuando se den los supuestos del numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. La interventoría de los contratos será realizada por una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la entidad estatal.

Parágrafo. En adición a la obligación de contar con interventoría en los contratos de obra a que se refiere el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantía de la entidad, con independencia de la modalidad de selección, se pronunciarán sobre la necesidad de contar con interventoría.

ARTÍCULO 79. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES. La supervisión o la interventoría deberán ejecutar, cuando menos, las actividades administrativas, técnicas, financieras y jurídicas que se determinen en el reglamento que para tal efecto expida el Gobierno.

Los supervisores o los interventores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

El supervisor que omita informar oportunamente respecto de lo señalado en el inciso anterior, incurrirá en falta gravísima. El Interventor, por la misma omisión quedará inhabilitado para contratar con el Estado por un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que así lo declare.

El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, será solidariamente responsable con éste de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento.

ARTÍCULO 80. CONCURRENCIA DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA EN UN CONTRATO. Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato, caso en el cual en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades a cargo del interventor y las que se reserve la Entidad para ser realizadas por el supervisor.

Parágrafo. En los casos en que haya interventoría, la supervisión se ejercerá sobre este último contrato exclusivamente, salvo en cuanto a tareas que en relación con el contrato principal no se hayan asignado expresamente a la interventoría.

ARTÍCULO 81.  CONTINUIDAD DE LA INTERVENTORÍA.  Los contratos de interventoría podrán prorrogarse en proporción al tiempo en que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor se ajustará de manera proporcional al del contrato inicial, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

ARTÍCULO 82. IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO. Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento:

a. Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera.

b. En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación.  Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar  pruebas y controvertir las presentadas por la entidad.

c. Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia.  La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia.

d. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podrá suspender  la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia.

ARTÍCULO 83.  MADURACIÓN DE PROYECTOS. El numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 quedará así:

12. Con la debida antelación a la apertura del proceso o de la firma del contrato, según la modalidad de selección, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y el proyecto de pliegos de condiciones según corresponda.

Los procesos de selección que tengan por objeto la realización de una obra o la celebración de un contrato de concesión que involucre obra, solamente podrán iniciarse cuando la entidad contratante haya terminado la etapa de preinversión que incluya los estudios de ingeniería básica de prefactibilidad y factibilidad de los respectivos objetos contractuales, con el alcance que para los mismos establezca el reglamento. Se exceptúan de ésta regla los procesos cuando el objeto del contrato se extienda al diseño y a la construcción, caso en el cual los estudios de prefactibilidad y factibilidad atenderán a ese objeto.

ARTÍCULO 84. TRANSPARENCIA EN CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA. La Contratación cuyo valor no excede del 10% por ciento de la menor cuantía de la Entidad independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las siguientes reglas

1. Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual se señalará el objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones técnicas exigidas.
2. El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día hábil.
3. La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas.
4. La comunicación de aceptación junto con la oferta constituyen para todos los efectos el contrato celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal.

Parágrafo 1. Las particularidades del procedimiento aquí previsto, así como la posibilidad que tengan las entidades de realizar estas adquisiciones en establecimientos que correspondan a la definición de "gran almacén" señalada por la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinarán en el reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional.

Parágrafo 2. La contratación a que se refiere el presente artículo se realizará exclusivamente con las reglas en él contempladas y en su reglamentación. En particular no se aplicará lo previsto en la Ley 816 de 2003, ni en el artículo 12 de la Ley 1150 de 2007.

ARTÍCULO 85. PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR. Los parámetros mínimos que las entidades estatales deberán observar con el propósito de evaluar los aspectos técnicos de la oferta a que se refieren los numerales 2 y 4 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, incluyendo la posibilidad de establecer porcentajes mínimos de ponderación de los diversos factores y la utilización del sistema de ponderación basado en la relación costo - beneficio, podrán ser definidos mediante reglamento expedido por el Gobierno Nacional.

Con el mismo objetivo, el Gobierno Nacional podrá establecer procedimientos diferentes al interior de las diversas causales de selección abreviada, de manera que los mismos se acomoden a las particularidades de los objetos a contratar, sin perjuicio de la posibilidad de establecer procedimientos comunes. Lo propio podrá hacer en relación con las particularidades del concurso de méritos


ARTÍCULO 86.  EXPEDICIÓN DE ADENDAS.  El inciso 2 del numeral  5 del artículo 30 de la Ley 80  de 1993 quedará así:

"Cuando lo estime conveniente la entidad interesada, de oficio o a solicitud de un número plural de  posibles oferentes, dicho plazo se podrá prorrogar antes de su vencimiento, por un término no superior a  la mitad del inicialmente fijado. En todo caso no podrán expedirse adendas el mismo día en que se tiene previsto el cierre de un proceso de selección, ni siquiera para extender el término del mismo."

ARTÍCULO 87. INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO. Quedará inhabilitado el contratista que incurra en alguna de las siguientes conductas:
1. Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de un mismo contrato.
2. Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas en uno o varios contratos durante una misma vigencia fiscal.
3. Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por los menos dos (2) contratos durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales.
4. Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales.

La inhabilidad se extenderá por un término de dos (2) años, contados a partir de la inscripción de la última multa o incumplimiento en el Registro Único de Proponentes, de acuerdo con la información remitida por las entidades públicas. La inhabilidad pertinente se hará explícita en el texto del respectivo certificado.

 
CAPÍTULO NOVENO
MEDIDAS PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL CONTROL FISCAL EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
ARTÍCULO 88. PROCEDIMIENTO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL. El proceso de responsabilidad fiscal se tramitará por el procedimiento verbal que crea esta ley, previo proceso auditor o formulación de denuncia. Surtido lo anterior, el proceso se adelantará en los siguientes casos:
a. Cuando la cuantía del presunto daño sea inferior a ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales vigentes.
b. Cuando se determine que están dados todos los elementos para proferir imputación.
c. Cuando existe flagrancia en la generación del daño.

Parágrafo  1. El procedimiento verbal será de única instancia cuando, la cuantía del presunto daño sea inferior a la suma de quince (15) salarios mínimos mensuales vigentes.

Parágrafo 2. Los demás procesos de responsabilidad fiscal no contemplados en los presentes artículos, se adelantarán por el trámite del procedimiento ordinario de responsabilidad fiscal previsto en la Ley 610 de 2000.

Parágrafo 3. La presente ley crea un procedimiento verbal especial; en los asuntos no regulados por la misma, se aplicarán las demás disposiciones sustantivas y del debido proceso que regulan la responsabilidad fiscal por la Ley 610 de 2.000.

ARTÍCULO 89.  INICIACIÓN DEL PROCESO. El procedimiento verbal se iniciará  mediante la expedición de un auto de apertura e imputación de responsabilidad fiscal, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 41 de la Ley 610 de 2000. Los elementos de la imputación serán el resultado del proceso auditor, de otras modalidades de actuaciones como el control de advertencia, denuncias ciudadanas o de medios de comunicación.

El funcionario competente de la respectiva contraloría proferirá el auto de apertura e imputación y dispondrá su notificación al día siguiente, mediante comunicación en la cual citará a la audiencia a los presuntos responsables fiscales o sus apoderados, para que ejerzan su derecho de defensa, rindan versión libre en forma verbal, presenten descargos a la imputación y soliciten la práctica de pruebas.

Esta Audiencia para ejercer el derecho de defensa será programada dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la citación. Sólo por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas, el presunto  responsable fiscal podrá solicitar que su audiencia sea  postergada, lo cual se hará por una sola vez por un plazo máximo de  veinte (20) días.

Si el implicado o su apoderado no se presentan a la audiencia se citará nuevamente a la misma y se le designará defensor de oficio en los términos previstos por la Ley 610 de 2000.

Una vez realizada la notificación personal o por edicto del auto de apertura e imputación las demás providencias se notificarán por estado. Contra las actuaciones de trámite no procede recurso alguno.

En el curso de la audiencia de defensa el implicado podrá aportar y solicitar pruebas. Las pruebas solicitadas serán practicadas en la misma diligencia que podrá postergarse diez (10) días, si fueren conducentes y pertinentes. La práctica de pruebas que no se puedan realizar en la misma diligencia, será decretada por un término  máximo de dos (2)  meses, para lo cual se ordenará la suspensión de la audiencia. De la audiencia se levantará un acta.

ARTICULO 90. DECISION FINAL. Una vez se presenten los descargos y se realice la práctica de pruebas, se procederá a proferir fallo con responsabilidad fiscal o fallo sin responsabilidad fiscal, según sea el caso. La audiencia se podrá suspender para proferir el fallo máximo por veinte (20) días.

La decisión final se entenderá notificada en estrados en la audiencia y quedará ejecutoriada a la terminación de la misma, si no fuere recurrida.

Contra el fallo proferido en audiencia sólo procede el recurso de apelación en el proceso de doble instancia, que se interpondrá en la misma diligencia y se sustentará verbalmente en la audiencia o por escrito dentro de los diez (10) días siguientes. La apelación será decidida por el respectivo superior dentro de los treinta (30) días siguientes. No existirá grado de consulta.

Entre el auto de apertura e imputación del proceso y la decisión definitiva de segunda o de única instancia, en ningún caso deberán transcurrir más de seis (6) meses. En caso de presentarse ese evento de mora se constituirá en falta gravísima para el funcionario de conocimiento del proceso que será sancionable con destitución de conformidad con el Código Disciplinario Único y con multa de conformidad con la Ley 42 de 1993. Los apoderados que actúen con temeridad para dilatar el procedimiento verbal serán sancionados por el Consejo Superior de la Judicatura.

La Contraloría General de la República podrá acoger el sistema de notificaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN - en las actuaciones de orden tributario de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 91. UTILIZACIÓN DE MEDIOS TÉCNOLÓGICOS. Las pruebas y diligencias serán recogidas y conservadas en medios técnicos. Así mismo, la evacuación de audiencias, diligencias en general y la práctica de pruebas pueden llevarse a cabo en lugares diferentes a la sede del funcionario competente para adelantar el proceso, a través de medios como la audiencia o comunicación virtual, siempre que otro servidor público controle materialmente su desarrollo en el lugar de su evacuación. De ello se dejará constancia expresa en el acta de la diligencia.

Las decisiones podrán notificarse a través de un número de fax o a la dirección de correo electrónico del investigado o de su defensor, si previamente y por escrito, hubieren aceptado ser notificados de esta manera. La notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente.

ARTÍCULO 92. AUDITORÍAS CONCURRENTES Y PLANES DE AUDITORÍA. En desarrollo de los principios de colaboración armónica, concurrencia y coadyuvancia, las Contralorías de todo el país y la Auditoría General de la República podrán realizar auditorías coordinadas concurrentes y planes nacionales de auditoría para dar cobertura nacional al control fiscal.

En el memorando de planeación del proceso auditor se definirá la contraloría competente para adelantar el proceso de responsabilidad fiscal de conformidad con las normas generales de competencia y los principios constitucionales de coordinación, concurrencia y complementariedad.

Estas acciones de control fiscal en la etapa de auditoría y preventiva podrán articularse con otros organismos de control, con superintendencias y con organizaciones sociales, con el fin de garantizar la ampliación de la cobertura, la calidad y la efectividad del control y la vigilancia en todos sus ámbitos. Para cumplir esos propósitos se podrán celebrar convenios de gestión interinstitucional previstos en la Ley 489 de 1998.

En desarrollo de las competencias de control preventivo y en tiempo real, es procedente que los organismos de control realicen advertencias no vinculantes a los sujetos vigilados, cuando se evidencie que se pone en riesgo el patrimonio público.

ARTÍCULO 93. MEDIDAS PARA PROMOVER EL CONTROL SOCIAL EN EL CONTROL FISCAL. Con el fin de garantizar la visibilidad y transparencia del control fiscal, se adoptan las siguientes medidas: 

a. Sistema de información y seguimiento de las denuncias del control fiscal. La Auditoría General de la República organizará, con el apoyo de la Contraloría General de la República, un Sistema  de Información y Seguimiento de Denuncias Ciudadanas del Control Fiscal, con el fin de garantizar por parte de las contralorías la atención oportuna de las denuncias ciudadanas y de medios de comunicación por hechos irregulares en el manejo del patrimonio público. Lo anterior, sin perjuicio de los sistemas de atención ciudadana de cada Contraloría, respecto de los cuales, las contralorías reportaran información para alimentar este Sistema de Información.
 
b. Publicaciones obligatorias en las páginas WEB de las contralorías. Las  contralorías publicarán en sus páginas Web la información relacionada con la rendición de las cuentas de sus sujetos vigilados que no tengan reserva, los Planes Generales de Auditoría (PGA), los memorandos de planeación, las advertencias de los sujetos de control y sus respectivas respuestas, los informes de resultados de la gestión micro y macro y los informes definitivos de auditoría.

c. Rendición de cuentas: Las contralorías realizarán mínimo dos (2) audiencias públicas de rendición de cuentas al año, en las cuales se permita la participación de la ciudadanía. Las denuncias que se reciban serán tramitadas como derecho de petición y servirán de insumo para los procesos auditores y de responsabilidad fiscal, según el caso.

d. Auditores Universitarios. Los estudiantes universitarios podrán realizar sus judicaturas y pasantías remuneradas en las contralorías con el fin de fortalecer la capacidad de gestión de éstas y fomentar el control social, a través de la articulación del control fiscal con la academia. Para estos efectos, se suscribirán los convenios respectivos.

ARTÍCULO 94. ALIANZAS ESTRATÉGICAS. Las contralorías territoriales realizarán alianzas estratégicas con la academia y otras organizaciones de estudios e investigación social para la conformación de equipos especializados de veedores ciudadanos, con el propósito de ejercer con fines preventivos el control fiscal social a la formulación y presupuestación de las políticas públicas y los recursos del erario comprometidos en su ejecución.

ARTÍCULO 95. CREACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE AUDITORÍA PARA LA VIGILANCIA DE LA CONTRATACION ESTATAL (SIACE). Créase como sistema especial de control fiscal, el Sistema Integrado de Auditoría para la Vigilancia de la Contratación Estatal  (SIACE), como instrumento de articulación de la vigilancia de la contratación estatal del Estado y de las entidades territoriales, el cual se regirá por las siguientes reglas:

a. Tendrá como base la estructurará tecnológica y jurídica del SIACE y será administrado por la Contraloría General de la República con el apoyo de la Auditoría General de la Republica.
b. El Sistema Integrado de Auditoría para la Vigilancia de la Contratación Estatal  (SIACE),  estará conformado por dos módulos, siendo el primero de ellos el de precios de referencia   y el segundo, el de vigilancia de la contratación estatal. La información de la contratación Estatal será suministrada por las contralorías de la cuenta que estas reciben de sus vigilados.
c. El  Sistema Integrado de Auditoría para la Vigilancia de la Contratación Estatal SIACE se continuará alimentando con la información de precios de referencia de los contratistas y además obtendrá información mensual de precios realizando constataciones directas con los proveedores. Para estos efectos, los comerciantes prestarán la colaboración necesaria a que haya lugar, para lo cual se podrá solicitar apoyo de la fuerza pública.
d. Previa concertación con la respectiva contraloría, las entidades vigiladas o sus sectores podrán adoptar sistemas de control o alerta en los precios.
e. La Contraloría General de la República en forma coordinada con las contralorías territoriales establecerán programas concurrentes de auditoría y sectoriales de auditoría.
 

Publicación
eltiempo.com
Sección
Política
Fecha de publicación
6 de septiembre de 2010
Autor

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