La mayoría de esos terrenos está en zonas de influencia de bandas criminales, como Antioquia, Córdoba, Bolívar y Nariño.

Por segunda vez, en menos de tres meses, una tutela intenta dejar sin efecto las medidas de amparo que hoy tienen 'congelados' comercialmente 3,7 millones de hectáreas en riesgo, pertenecientes a desplazados y ubicadas en 885 municipios del país.

Octavio Úsuga, un anónimo finquero de Mutatá (Antioquia), instauró la acción en julio pasado. Y aunque se la negaron en primera instancia, optó por llevar el caso al Consejo de Estado, tribunal que deberá decidir en las próximas semanas si el Estado lo está protegiendo de una enajenación forzada de sus bienes -en una zona de difícil orden público- o le está causando un perjuicio por no poder disponer de ellos para una hipoteca, como él argumenta.

"Ya logramos frenar la primera tutela en los Montes de María (Bolívar). Pero un solo fallo adverso crearía un efecto dominó sobre los 115.154 predios protegidos", dice un funcionario del alto Gobierno que, al igual que la Defensoría del Pueblo, intenta que la Corte Constitucional revise las tutelas y se pronuncie de fondo.

Para el Gobierno es claro que las medidas de protección -creadas en 1997- son una salvaguarda de los derechos patrimoniales de víctimas de la violencia y del desplazamiento, al evitar que terceros se apropien de sus tierras.

Es más: el abogado de Úsuga admite esos beneficios, pero dice que está siguiendo instrucciones de su cliente y que su caso no tiene conexión con la tutela de los Montes de María, a pesar de las coincidencias: "Si supiera que hay presiones, renuncio", asegura.

Amenaza y riesgo

Lo concreto es que, mientras el Gobierno prepara un revolcón agrario para devolverles la tierra a los campesinos, en varios departamentos se mueven hilos para tumbar los amparos que protegen predios de los desplazados.

El argumento es que, si se impide la venta de tierra que ya no está bajo presión armada, se está perdiendo su valor.

Pero la mayoría de esos predios está en zonas de influencia de bandas criminales: Antioquia, Córdoba, Bolívar, Nariño... Y hay otro tipo de presiones.

Nausicrat Pérez, vocero de la Gobernación de Bolívar en el comité que evalúa los amparos, recibió amenazas desde la cárcel La Ternera, en Barranquilla. Dice que, aunque las autoridades aún no han establecido una conexión directa, su única labor en ese momento (2009) era el tema de desplazados y tierras: "Mi asesoría terminó, pero aún tengo vigilancia", asegura el consultor y admite que abogados lo han buscado para que los asesore en compra de tierras protegidas.

También, en Bolívar, peritos vienen certificando que las fincas de los desplazados tienen menos área de la registrada y los presionan a vender cobrándoles deudas con el Incora que, según conceptos jurídicos, ya están prescritas. Todos estos casos son materia de investigación.

Al respecto, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, le dijo a EL TIEMPO que es claro que hay que defender y mantener los amparos.

Y aunque Diego Molano, director de Acción Social -entidad que ayudó a diseñar las medidas y que las apoya y monitorea- se mostró abierto a que se revisen los procedimientos sobre el levantamiento de las medidas en casos específicos, anunció que va a defender el mecanismo y que, incluso, pedirá extenderlo a territorios indígenas y de comunidades negras.

Los aportes de la medida

El Registro Único de Predios y Territorios Abandonados (Rupta) es una base de datos nacional que contiene la información sobre las tierras protegidas, los titulares del derecho, fechas de desplazamiento y características del despojo. Esta información es clave para los procesos de reparación y restitución del Gobierno Santos y ha permitido establecer que:

-Se han protegido 142.571 derechos ejercidos por 106.782 personas en 115.154 predios. La extensión estimada es de 3'771.748,21 hectáreas, localizadas en 885 municipios.

-Tan sólo el 46 por ciento de las personas que han pedido protección son propietarias. El resto tiene derechos informales que el Gobierno deberá regular.

-En el primer trimestre del 2008, cuando las Auc ya estaban desmovilizadas, se incrementó el número de solicitudes de protección.

-Antioquia y Nariño son los departamentos que más medidas de protección han solicitado.

-La base de datos de campesinos beneficiarios de reforma agraria se perdió. Incoder y Acción Social intentan reconstruirla.

-La información sobre tierras disponible no es homogénea ni está centralizada.

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