María Isabel Rueda habla con el alcalde de Medellín, Alonso Salazar, sobre la violencia que se vive actualmente en la capital antioqueña.

Medellín ha demostrado ser una ventana por la que se asoman fenómenos que después se repiten en todo el país. ¿Cómo resumiría el problema de la violencia en las comunas, que amenaza con salírsele de las manos al Gobierno?

Es cierto que, para bien o para mal, Medellín a veces es el inicio de muchas cosas premonitorias. De estos conflictos urbanos ya lo ha sido en el pasado, y hoy tiene una nueva faceta donde ya no estamos en los escenarios clásicos de guerrilla y paramilitares, sino de un narcotráfico muy solvente que tiene en disputa a dos organizaciones enormes: las alas de Sebastián y de Valenciano, que proyectan ese conflicto sobre la ciudad captando a jóvenes y a niños.

Miles de menores que están siendo reclutados, al amparo de su inimputabilidad...

Es equivocado el enfoque de presentar el problema como uno de jóvenes contestatarios y rebeldes. Este es un fenómeno de gran criminalidad organizada, que instrumentaliza especialmente a jóvenes y a niños en los sectores populares.

En Medellín está ocurriendo que de un barrio a otro se movilizan prácticamente ejércitos de personas para cometer delitos en otro barrio, y la Policía no los detecta. ¿Por qué?

Recientemente, hemos tenido una nueva modalidad de actuación que es movilizar población sin armas, muchos de ellos componentes de los mismos grupos pero también llevando madres de familia y niños, que tienen una capacidad de neutralizar totalmente la acción de la Policía, que no puede disparar. Utilizan a la población civil como trinchera. Por eso yo digo: vamos a las necesidades reales de estos problemas de contexto urbano, que son distintos de los del contexto rural. Se necesita más inteligencia, Policía Judicial muy preparada y con elementos técnicos y científicos, y unos fiscales que cumplan la función de acusadores, porque hay la sensación de que en muchos casos enfrentamos tres jueces: el propio fiscal, al que hay que convencer de que hay una banda y unos delincuentes, el juez de Garantías y el juez que juzga. Son demasiados obstáculos para llegar a una judicialización.

¿Diría que la seguridad democrática dejó un lunar en la Medellín urbana, cuyas consecuencias son las que estamos viendo?

El Presidente tuvo un gran éxito en las operaciones Orión y Mariscal, cuando desterró territorialmente a la guerrilla de la ciudad. Y luego estuvo este ensayo de la reinserción de las autodefensas como la solución a una presencia muy fuerte de estas organizaciones, pero no avanzamos mucho, o quizás lo hicimos por un camino equivocado, que fue a través del nuevo sistema penal. Reinserciones y desmovilizaciones de ese tamaño no estábamos preparados a recibir. A la ciudad llegaron unos 18 mil reinsertados, sin justicia, y eso es muy complejo.

¿O sea que parte de lo que está pasando se debe a que el proceso de reincorporación de los paramilitares a la legalidad quedó incompleto?

Medellín ha tenido una serie de procesos de reinserción a lo largo de su historia. De milicias populares en los años 94, y luego otro entre el 2000 y el 2002, complejos y difíciles. Y luego vino la reincorporación de las autodefensas. En todos esos caminos la gran ausente ha sido la justicia penal. Resocializar tiene sentido si el Estado recupera el control de la situación y dice: el que comete crimen paga condena. Si se sigue el circuito infinito de resocializar, el delito puede amainar pero vuelve y surge.

¿Por dónde están entrando las armas a las comunas de Medellín?

En el conflicto que vivimos hoy en Medellín, a diferencia del que presencié de manera tan directa en los años 80 y 90, ya no hay los llamados changones, trabucos, armas de fabricación cacera. Yo diría que el que hoy esté armado con un revólver en Medellín está muy mal armado. Son pistolas, las 'Five Seven' que disparan tiros de fusil, fusiles AK-47, subametralladoras de muy diversas marcas provenientes de un mercado negro que se mueve en Centroamérica por la ruta de Urabá y el golfo de Morrosquillo. El decomiso de este tipo de armas ha sido muy importante pero no hemos logrado desarmar a los grupos, lo que demuestra que el flujo de armas es constante.

En este instante el Gobierno está presentando las reformas a la justicia ante el Congreso. Utilice esta entrevista para hablarle al oído al Ministro del Interior....

Hace falta una reforma estructural a la justicia, pero la prioridad no está ahí. Las reformas urgentes están en los códigos Penal y de Procedimiento Penal. El capítulo dos de la seguridad democrática es el de la justicia. Para eso, hay que corregir el intento que hizo Colombia de entrar a un sistema penal moderno sin tener las condiciones.

¿Lo que me está diciendo es que a juzgar por la impotencia con la que estamos presenciando lo que está ocurriendo en Medellín, Colombia estaba biche para entrar al sistema penal acusatorio?

Absolutamente. Llegamos a un sistema absolutamente garantista, que necesitaba trabajar sobre bases técnica y científica. Se lo pongo de esta manera: el sistema penal acusatorio requiere CSI, pero estamos aún en la era de Columbo-Baretta.

¡Qué ejemplo tan gráfico! Un sistema tan garantista se ve muy bien en el papel, pero en la práctica no sirve para contener la avalancha de la delincuencia urbana, que requiere decisiones inmediatas...

Colombia no tiene la técnica y la tecnología que este sistema demanda. La capacidad de interceptar, de investigar. Es un absurdo.

Los delincuentes cogidos aún en flagrancia se excarcelan...

La estadística es escandalosa: 1.700 personas detenidas por armas, de las cuales sólo unas 300 van a penas intramurales. En el contexto de una ciudad como Medellín, que ha duplicado del año anterior a este su tasa de homicidios, nadie anda armado con buenas intenciones. Los jueces le dan muchas vueltas a esta realidad. Si el delito de porte ilegal no fuera excarcelable, tendríamos a 1.700 delincuentes dentro de la cárcel. Hay temas absurdos como qué es un arma. Hay que debatir con cada fiscal y cada juez esa definición. Por ejemplo, si una persona comete un homicidio, y va despojándose del armamento en el camino y la Policía lo captura solo con un silenciador, eso no se considera un arma.

Absurdo...

Le pongo otro ejemplo de reciente ocurrencia. Asesinan a un ciudadano en el barrio Castilla. En la reacción de la Policía nos asesinan un patrullero. Los agresores se meten ilegalmente a una casa. La Policía ingresa y los detiene con una AK-47 con silenciador y dos pistolas sofisticadas. ¡Estas personas son liberadas porque supuestamente no había una orden de allanamiento! El sistema es tan garantista, que ha terminado siendo una gran garantía para los delincuentes, que le han detectado todas sus fisuras.

Por eso le repito la pregunta. ¿Qué reforma concreta le pide al Ministro del Interior y de Justicia que pueda servir para enfrentar el grave problema que está viviendo Medellín?

Hay cosas que nosotros pedimos que no necesitan reformas. Por ejemplo, que provean todos los cargos que en Medellín necesita la Fiscalía, que son más de 200.

¿Cómo así? ¿Es que con los problemas que enfrenta Medellín, la Fiscalía se da el lujo de tener vacantes?

En Medellín, según informes locales, hay 200 cargos vacantes y según el Vicefiscal, al que respeto mucho, hay 135 cargos vacantes. Necesitamos un laboratorio de criminalística para lo cual ya compramos el edificio. Necesitamos jueces y fiscales destacados, bloques de búsqueda para que los fiscales estén integrados a los grupos operativos en terreno para que puedan tomar decisiones en caliente, porque si vamos a pedir durante varias horas una orden de allanamiento para una casa donde hay un fusil, este cambia de domicilio en 15 segundos por la tapia.

El narcotráfico no sólo no se ha acabado sino que ha asumido nuevas formas de comportarse...

Es el que alimenta este conflicto. En las reformas inmediatas que debe adelantar el Congreso está el problema de los términos, que para que la gente no salga por problemas formales, son muy precarios para la complejidad de la delincuencia. Tenemos 36 horas, mientras en Europa tienen hasta 72 horas y hasta 5 ó 20 días en otros países. Colombia se mantiene en el juego de incrementar penas, pero abrir las puertas de la excarcelación y el Inpec no tiene la capacidad del control para las condenas domiciliarias. Colombia hoy necesita condenas de cárcel para delitos como el porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes y cerrar los subrogados penales, que son esas ventanitas para la inoperancia de la justicia.

Usted no sólo tiene esos enemigos en la delincuencia común sino enemigos políticos muy fuertes...

Hay gente que no sabe perder. Le han hecho mucho daño a la ciudad. Y en lo personal también he sentido las afugias de esas sindicaciones públicas. Pero para mi bienestar personal, el de mi familia y el de la ciudad, todo se ha aclarado a través de investigaciones que fui el primero en pedir y para las cuales volví a viejos oficios de investigador periodístico. Recogí una a una las pruebas materiales y testimoniales con las cuales me archivaron la causa.

¿Ese mal perdedor al que se refiere es el ex alcalde Luis Pérez?

Sí, pero no quiero entrar en esa controversia.

¿Usted cree que el periódico 'El Colombiano' ha sido insolidario con su causa?

Pudo en su momento ser más objetivo. He optado por no hacerle reclamos a nadie, y concentrarme en lo que creo que vamos a terminar muy bien, que es un plan de desarrollo. Medellín tiene vitalidades, y a veces nos falta capacidad para transmitirlas. Tiene esa violencia, sí, que es inútil esconder. Pero la ciudad es muy vital.

Medellín es una ciudad donde ocurren cosas estupendas, como la del más grande proyecto hidroeléctrico de Colombia. ¿A qué atribuye esa fortaleza?

Al espíritu cívico, que hace que todo se vuelva proyecto de ciudad. Hace ocho años Medellín estaba marcada con estrellas negras para el mundo entero. Hoy, lo digo sin ninguna vanidad, a las autoridades no nos alcanzan las agendas para atender las visitas. No tenemos los problemas superados, pero tenemos una ruta, distinto del drama de los mexicanos que nos visitan mucho, y están en el drama de no tener un camino.

Diría que en Medellín ya vimos la luz al final del túnel...

Le tengo mucho miedo a que haya involución. Por eso mi terquedad en solucionar conflictos y solucionar violencia a través de muchas terapias, pero la básica es la justicia penal.

Se les va a instalar en la ciudad nada menos que la multinacional electrónica Hewlett Packard...

Y no vienen a Medellín a hacer solidaridad sino a hacer empresa. Buscan capital humano, calidad de vida y oportunidades de negocios. Yo le dije al presidente mundial de la compañía: las tres cosas las encuentra en Medellín. Lo primero que desestructura la violencia es el capital social. Por eso la alerta roja: no podemos deshacer lo conquistado. Y hay muchas otras empresas que se han instalado en Medellín, como Sagem de Francia y Huawei de China.

Una última reflexión: terminado el Gobierno de Uribe, hemos sentido que en Bogotá hay menos paisas. ¿Me cree si le digo que a los bogotanos nos hacen mucha falta los paisas?

(Risas). Colombia sigue demasiado marcada por el tema de regiones, y nos hace mucha falta más diálogo interregional. Bogotá es una ciudad de la que nosotros hemos aprendido muchísimo. No la podemos seguir mirando con sentido alérgico sino con ojos de que allá hay cosas de las que se puede aprender.

Ustedes no sólo pusieron metro -y se los tuvimos que pagar-, sino además el Metrocable y ahora van a poner tranvía. Y aquí seguimos todavía discutiendo si metro sí o si metro no. Me da mucha envidia...

Pues le voy a dar una noticia importante: Medellín y EPM tienen en este momento una calificación financiera mejor que la de la nación en el contexto internacional. Eso nos permite poner bonos en el mercado internacional o acceder para el tranvía a créditos directos sin aval de la nación. El Gobierno francés nos va a dar un crédito de 250 millones de dólares sin aval de la nación. No quiero entrar en una polémica que no tiene sentido, pero si sumamos las inversiones que hemos hecho en el crecimiento del metro, en los metro-cables, en el tranvía, esa historia del metro tiene que quedar en el pasado.

¿Es cierto que hasta en un barrio muy pobre, en el que la gente se demora hasta dos horas para subir a pie a su casa van a poner escaleras eléctricas?

Sí. En el barrio Independencias 1, que está dentro de la comuna 13. Por eso un día de estos le dije al alcalde Samuel Moreno: mire lo que hemos invertido en Medellín con recursos propios en transporte masivo. Arranque aunque sea con una parte de tren de superficie, y genere un hecho para que el metro después sea irreversible.

Perdón, pero no le siguió el consejo...

Pero no me ponga a pelear con el Alcalde de Bogotá, que es buen amigo mío.

María Isabel Rueda
ESPECIAL PARA EL TIEMPO