Entre los bienes de Bertha Bravo Arévalo hay edificios y acciones de una clínica.

La última vez que los arrendatarios del edificio San Diego de Bogotá vieron a la propietaria, doña Bertha Bravo Arévalo, fue la mañana del 12 de febrero del 2009.

Desde ese día, a la señora, de 84 años y dueña de una multimillonaria fortuna, se la tragó la tierra. El siguiente arriendo no lo cobró ella sino el abogado Óscar Darío Rodríguez Cepeda, quien se presentó como el representante legal de doña Bertha y albacea de todos sus bienes.

Ese abogado está hoy en la cárcel Modelo de Bogotá. La Fiscalía dice que, aprovechando los problemas de demencia senil de la señora, Rodríguez Cepeda "la aisló, al punto de retirarle los teléfonos y elementos para el diario vivir".

Pocos días antes de su última aparición, por la muerte de su hermana Leonor (también soltera y sin hijos), Bertha quedó como heredera universal de una fortuna que podría pasar de los 100 mil millones de pesos. Por eso sus arrendatarios de toda la vida no quedaron tranquilos con las explicaciones que dio el abogado.

Se desenreda la madeja

"Le preguntamos por qué la señorita Bertica no había vuelto. Dijo que ella se había ido y que ahora había que entenderse con él", recuerda Jacqueline Cortés, que tiene una papelería en uno de los locales de la señora.

Ante la falta de respuestas, Jacqueline decidió empezar a averiguar por la suerte de Bertha Bravo e hizo una denuncia ante la Fiscalía. Recibió amenazas y el caso pasó a la Sijín de la Policía de Bogotá.

El general César Pinzón, que esta semana entregó el Comando de la Metropolitana, designó un equipo especial de investigadores para que siguieran la pista de las amenazas y, sobre todo, de la anciana millonaria.

"Todo era muy sospechoso, así que empezamos a investigar bajo qué circunstancias la señora Bravo Arévalo había desaparecido y por qué su supuesto abogado ahora era el dueño de su fortuna", dice el general Pinzón.

El equipo de la Policía estableció, por ejemplo, que el abogado despidió, usando cualquier excusa, a los empleados de toda la vida de las hermanas Bravo. De esa manera logró desconectarla del resto del mundo y, dice el expediente de la Fiscalía, realizó "maniobras (que) tenían como objetivo apoderarse de los bienes de la señora".

Pero no lo hizo solo. Hay otras tres personas con orden de captura por el caso. La investigación determinó que Rodríguez se alió con Luis Alfredo Castillo León, un ex empleado de Leonor Bravo; con la esposa de Castillo, Yasmile Morales Medina; y con el conductor de la casa, José Antonio Acevedo.

"Estas personas sabían de la condición de soledad de las hermanas Bravo Arévalo y se aprovecharon de eso", explica uno de los investigadores.

La investigación que arrancó con la denuncia de Jacqueline Cortés determinó que Yasmile Morales retiró millonarias sumas de las cuentas de las señoras a través de una tarjeta débito y que fue ella la que internó a doña Bertha en un centro geriátrico en el que vivía lejos de los lujos y las comodidades que tuvo toda la vida. Ahora está en una habitación de una clínica del norte de Bogotá, conectada a un respirador artificial. Es la misma clínica en la que su familia tenía acciones por más de 100 millones de pesos y que fueron vendidas por el abogado Rodríguez a varios de sus conocidos, entre ellos algunos dirigentes locales de Bogotá.

Hoy, por las investigaciones de la Fiscalía y la Policía, varias de las propiedades de las hermanas Bravo están congeladas.

Se busca determinar si algunos de los que le compraron bienes a Darío Rodríguez Cepeda, quien fue alcalde menor de Usaquén, conocían del plan, porque las ventas se hicieron por valores menores a los del mercado. Y todos los negocios se hicieron, además, basados en poderes que, según la justicia, eran falsos.

El abogado fue capturado hace una semana bajo los cargos de concierto para delinquir, secuestro simple, obtención de documento falso, fraude procesal, abuso de condición de inferioridad y hurto calificado y agravado. No aceptó cargos, pero un juez lo envió a la cárcel mientras se falla el caso.

Muchas dudas

Luis Alfredo, Yasmile y José Antonio, están prófugos. Jacqueline Cortés, la arrendataria que 'abrió la puerta' para descubrir todo el ilícito sigue amenazada y para completar esta historia, con tinte de novela mexicana, un hombre identificado como Miguel Santos Barbosa, apareció con un poder firmado en el 2004, que lo acredita como apoderado de las hermanas Bravo.

Sin embargo, en cartas fechadas el 4 de diciembre del 2007 y el 24 de septiembre del 2008, firmadas por Bertha y Leonor respectivamente, les piden a sus arrendatarios que "no le entreguen el canon de arrendamiento a Miguel Santos, y lo hagan personalmente con ellas", como ocurrió hasta la muerte de la una y la desaparición de la otra.

Ahora, la Fiscalía tiene la última palabra.

REDACCIÓN JUSTICIA
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