Los predios, ubicados en Simití (Bolívar), fueron parte del teatro de guerra del bloque Central Bolívar, que los entregó para indemnizar a sus víctimas alegando que eran suyos.

Se trata de un grupo de seis fincas, de más de 1.500 hectáreas, que estuvieron bajo el dominio de Carlos Mario Jiménez.

Allí, el gobierno Santos lanzará este viernes a las 3:30 p.m. su política integral de tierras, una de las prioridades de la actual administración.

En ese escenario, el presidente Juan Manuel Santos y su ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, revelarán, entre otros puntos, la estrategia para la restitución de 2 millones de hectáreas que (como estas) están en manos de testaferros o terceros y que regresarán a manos de sus propietarios.

"Ese es un lugar emblemático y ya con el mandato de que sean entregados a desplazados despojados, más adelante saldrán los títulos de propiedad, cuando se formalicen los trámites", le explicó anoche a EL TIEMPO el ministro Restrepo. Y de paso aclaró que la idea es allanar rápidamente los problemas que presentan los seis predios, en una especie de prueba piloto de la política de restitución.

Con hipoteca y líos

EL TIEMPO estableció que estos lotes -identificados como Vista Hermosa, El Amparo, La Ilusión, La Concepción, Santa Cruz y Rancho San Judas- aparecen a nombre de la cooperativa Coproagrosur.

Además, que el año pasado, Acción Social se negó a recibirlos por tener una hipoteca vigente de 1.200 millones de pesos (con el Banco Agrario), deudas de impuestos con la Dian, compromisos con terceros y un proyecto de palma (dañado en cerca de un 40 por ciento) que impedía la reparación individual de víctimas.

Así mismo, algunos pobladores aseguran que en el lugar aún hay presencia paramilitar y que tildan a campesinos de pertenecer al Eln.

Sin embargo, un magistrado de control de garantías le ordenó a Acción Social recibir los seis predios y, desde enero pasado, están en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a la espera de la culminación del proceso judicial y de una sentencia de reparación.

Pero ahora, por orden del Gobierno, pasarán en depósito a la Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y luego a desplazados.

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