Los cuatro partidos de la coalición de gobierno se reunieron con el ministro del Interior.

Y una de las medidas que se estudiaron fue la eliminación de esa forma de sufragio. Cuando los partidos políticos presentan sus listas con voto preferente, le brindan la oportunidad a los electores de escoger el candidato de su predilección, así no sea el que encabece la plancha. De esta forma, la lista final del partido se ordena según el número de votos obtenido por los candidatos, de mayor a menor.

"Es que el voto preferente es la puerta de entrada de las mafias a la política", aseguró el jefe liberal Rafael Pardo, uno de los asistentes al encuentro de la mesa de concertación de la reforma política que concluyó en el Ministerio del Interior, en el centro de Bogotá.

Además de esa idea, sobre la mesa se pusieron a discusión temas como la financiación de las campañas electorales y mecanismos de democracia interna en los partidos.

Entre las propuestas está la de anticipos del 70% para las campañas y la pérdida de personería a partidos que avalen candidatos con vínculos criminales, según el borrador de la ley estatutaria conocida por eltiempo.com.

También que las campañas políticas rebajen sus gastos hasta en 50 por ciento, que los partidos puedan elegir un candidato de coalición y que las colectividades y sus directivas puedan ser sancionadas hasta con la pérdida de su personería jurídica.

Estas se encuentran consignadas en el borrador de la ley estatutaria que reglamentará la reforma del año pasado y que se encuentra en poder de congresistas y dirigentes de los partidos de 'la U', Conservador, Liberal y Cambio Radical.

En la iniciativa se plantean temas diversos como la financiación de las campañas, la democratización de los partidos y las penalizaciones a los partidos que avalen a aspirantes a cargos de elección popular vinculados con narcotráfico, terrorismo o crímenes de lesa humanidad.

Entre los puntos más llamativos del texto está el que obliga a los partidos a crear un registro único de afiliados, para que exista de forma permanente una base de datos con los militantes de cada colectividad.

También se llenan los vacíos jurídicos que, por ejemplo, impidieron que antes de la primera vuelta presidencial de este año los partidos uribistas hubieran podido nombrar un candidato único de la coalición. Esta norma sería clave en las elecciones regionales del año entrante, cuando se espera que se incremente el número de candidatos en representación de alianzas entre partidos.

Así mismo, se pretende que los anticipos que actualmente otorga el Estado a los candidatos presidenciales se extiendan a los aspirantes regionales. El tope para estos anticipos ascendería al 70 por ciento, pero no serían los candidatos los que responderían, sino directamente cada partido.

Para ahorrar en los gastos de las campañas se proponen dos fórmulas: que la publicidad en televisión no pueda ser contratada por los aspirantes, sino únicamente por los partidos, y que el día de las elecciones ni candidatos ni partidos puedan contratar el transporte de los votantes.

Así mismo, el Consejo Nacional Electoral quedaría obligado a hacer estudios técnicos sobre los topes de las campañas.

REDACCIÓN POLÍTICA