En lo corrido del año, unas 2.000 personas en todo el país han sido sorprendidas en inconsistencias a la hora de reclamar las ayudas que el Gobierno entrega a las víctimas del desplazamiento.

Con un papel en el que tenían anotadas las respuestas que debían dar a los funcionarios de Acción Social, llegaron decenas de las 1.058 personas que se acreditaron como desplazados en el Magdalena y que fueron excluidas la semana pasada, porque sus datos resultaron falsos.

Ellos hacen parte de una larga lista de 4.000 personas en ese departamento y de otras 1.000 en otras partes del país que están en proceso de perder, por fraude, los beneficios que se otorgan a esta población.

William Castillo, coordinador del Registro Único para la Población Desplazada (RUPD), alertó porque además de mafias -especialmente de tramitadores y abogados que prometen beneficios a cambio de comisiones-, también hay funcionarios comprometidos.

En la Fiscalía, hay investigaciones contra 985 personas; 5 de ellas son personeros que se habrían prestado para tramitar solicitudes tramposas.

"En pueblos de Magdalena y en Samaniego (Nariño), donde hay 762 investigaciones, se encontró que funcionarios recibían un sobre con dinero y con los datos de las personas que serían beneficiadas. Ellos se encargaban de inventarse las declaraciones para que fueran aceptadas", dice Castillo.

América, una de las mujeres de Santa Marta que fueron excluidas del Programa, relató cómo un supuesto funcionario le exigió 350.000 pesos para asegurarle el estipendio: "Me dijo que el dinero se repartía entre los funcionarios y que era la única forma de que me incluyeran en el programa".

En las investigaciones también aparecen ex funcionarios de Acción Social que, al salir de sus cargos, utilizan el conocimiento que tienen de los procedimientos para registrar como desplazados a ciudadanos que, de un momento a otro, son notificados de que tienen subsidios. Entonces, aparecen los de la red a cobrar su porcentaje.

Una mujer, cuyo nombre se omite por seguridad, le escribió a Acción Social para denunciar que fue beneficiaria de un subsidio que nunca pidió: "No estoy dispuesta a aceptar una acusación por un error de funcionarios", dice la mujer, que pide ser excluida del registro. El director de Acción Social, Diego Molano, advirtió que los trámites no tienen costo. 

En Restrepo (Valle) no hubo éxodo

Una reciente denuncia reveló la supuesta participación del personero de Restrepo (Valle) en la inscripción de 120 perso- nas que nunca fueron despla- zadas. "Es conocedor de los sitios y el origen del 99 por ciento de las personas que a sus despachos concurren. (...) Muchas de ellas se inscribie- ron como desplazados y no lo son. Hay gente nacida dentro del perímetro urbano y ni si- quiera conoce el sitio de don- de dicen que fueron desplaza- das", dice la denuncia. La Fis- calía indaga 235 denuncias que han sido presentadas.

 
  REDACCIÓN JUSTICIA