El lunes pasado, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, radicó en la Cámara de Representantes el proyecto de ley orgánica para el ordenamiento territorial (Loot). Esta iniciativa gubernamental constituye el decimonoveno intento en igual número de años de reglamentar por fin los artículos 306 y 307 de la Constitución Política.

Durante casi dos décadas, los infructuosos esfuerzos parlamentarios por organizar el país han girado en torno al diseño de las instancias de planeación y de los mecanismos de repartición fiscal que insuflarían de vida a la región como un nuevo nivel de la administración. De hecho, el texto que el Gobierno presentó al Legislativo contempla la creación de las Regiones Administrativas y de Planeación (RAP) y del Fondo de Compensación Territorial para los municipios periféricos. Sin embargo, voces críticas, como la de los promotores del Voto Caribe -propuesta respaldada por este diario- opinan que a estas herramientas habría que inyectarles espacios de decisión política y de elección popular, como gobernadores y asambleas regionales, así como presupuesto propio.

Para los líderes costeños, la iniciativa santista no define el camino que debería tomar un bloque como el que forman los siete departamentos del Caribe para convertirse en una entidad con manejo de recursos y autogobierno. En respaldo de su postura, los gobernadores y representantes de la Costa cuentan con los más de 2,5 millones de votos de todo el país a favor de la creación de la Región Caribe a través de la Loot.

Aunque liderado por la zona atlántica, este es un debate que compete a todos. Las disparidades sociales y económicas dentro de nuestras fronteras son abrumadoras. En la misma nación se pasa de indicadores del primer mundo a miserias similares a las del África subsahariana. El ordenamiento territorial puede constituirse en un poderoso instrumento de planificación que equilibre el desarrollo subnacional y fortalezca el bienestar de los habitantes.

Por esa razón es vital acordar un punto medio que evite que el proyecto enfrente su vigésimo fracaso. El alto grado de autonomía política y económica que exigen los dirigentes caribeños no puede ser el primer paso, sino la culminación de este proceso descentralizador. Arrancar por la conformación de unidades técnicas que estructuren megaproyectos como el tren regional y que la actual bancada costeña funcione como una vigilante asamblea consolidaría la RAP. Por el lado del gobierno central, es perentorio reconocer que el liderazgo de la Costa merece unas pautas claras y expeditas para transitar hacia la Región Entidad Territorial a mediano plazo. Una de ellas sería la destinación de fuentes fiscales complementarias a las regalías para fortalecer las finanzas de los nuevos espacios territoriales.

Asimismo, es necesario evitar los mensajes discriminatorios y que alimentan los estereotipos. Bogotá debe entender que la búsqueda del bloque caribe de una mayor autonomía y de instancias de gobierno propias no es sinónimo de burocracia o clientelismo. Los costeños, por su parte, no pueden endilgar el mote de 'centralista' al esfuerzo capitalino por limitar la velocidad con la que se ceden recursos y responsabilidades. El escenario de debate se traslada ahora al Congreso, donde las voces de otras partes se harán oír.
Lo más importante es que los parlamentarios se comprometan con el trámite completo del proyecto y eviten que la Loot termine aprobada como una ley sin dientes y llena de palabras vacías. Ordenar el territorio y sentar las bases del recorrido hacia una Colombia de regiones autónomas exige del Legislativo altura intelectual, sentido histórico y visión de futuro.