El Ministro de Agricultura habló acerca de este tema con EL TIEMPO.

Aún no hay plata para comprar tierras, 400 narcobienes que se planean usar no sirven para la reforma y parte de los desplazados no tienen a dónde retornar.

Santa Helena es uno de los mejores predios que la justicia le ha logrado arrebatar a la mafia para entregar sus 667 hectáreas a 50 familias desplazadas, seleccionadas desde hace tres años.

Pero el Incoder no ha podido entrar siquiera al predio (ubicado en Caldas y tasado en 20 mil millones de pesos) porque, por una deuda de impuestos que dejó el dueño -el narco Carlos Patiño, 'Patemuro'- fue embargado en el 2007 y arrendado arbitrariamente a terceros que hasta el viernes se negaban a desocuparlo.

La falta de plata para comprar tierras y decenas de líos judiciales con los bienes de la mafia (como este) serán dos de los principales obstáculos que deberá sortear el nuevo Gobierno para ejecutar la audaz política agraria que estructuró el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, y que está encaminada a darle un histórico vuelco a la tenencia de la tierra.

La estrategia integral -apoyada incluso por sectores de la oposición- contempla la restitución de más de 2 millones de hectáreas enajenadas a campesinos y en manos de testaferros o de terceros; el uso de narcobienes para la reforma agraria; la formalización de la propiedad rural; y el mejoramiento del acceso a la tierra a través de subsidios.

Pero el propio Restrepo ya se encontró una primera herencia negativa: el presupuesto del sector sigue bajando dramáticamente y para el 2011 caerá un 23 por ciento.

Hoy, sólo hay 37 mil millones para compra de tierra

"El Ministro de Hacienda está buscando en todos los bolsillos para adicionar dos billones de pesos y distribuirlos entre las llamadas 'locomotoras', una de ellas el sector agropecuario. Aspiro obtener un 20 ó 25 por ciento de eso para siquiera restablecer el presupuesto a niveles de este año", dice Restrepo (ver: 'Vamos a devolverles...').

Lío con bienes de la mafia

El uso de los narcobienes para la reforma agraria también tendrá que ser revisado.

EL TIEMPO estableció que 400 de ellos (unas 2 mil hectáreas) con los que se contaba, no sirven para la reforma por ser de recreo. Además, el volumen de predios que la Dirección de Estupefacientes está devolviendo, por fallos adversos, sigue en aumento.

De las 900.000 hectáreas incautadas que ha recibido, ha tenido que devolver 415.000. Y de las 485.000 hectáreas que quedan, sólo se puede disponer de 110.183, por que las otras continúan en pleito con la mafia. El propio Incoder tiene frenados proyectos en fincas extinguidas a las que les aparecieron dueños.

Otro indicador de la precariedad de la política de extinción es que de los 1.800 pleitos que cursan en Fiscalía, sólo 230 están en etapa de juzgamiento.

Desplazados, sí; propietarios, no

El retorno de desplazados un lío adicional. Más de la mitad no posee títulos formales sobre los predios que ocupaban y por ende no tienen a donde retornar. Se tendrán que buscar mecanismos para formalizar esos derechos o reubicarlos en condiciones similares a las que tenían.

El ministro Restrepo presentará, en 20 días, un proyecto de Ley para la restitución de tierras. Dos más, para acelerar la extinción de narcobienes y crear una jurisdicción agraria, se incluirán en la reforma a la justicia.

'Entregaremos el predio'

Desde el 2007, la Sociedad La Estrella Ltda. se había negado a restituirle al Incoder buena parte de Santa Helena, narco- predio que les fue arrendado por una funcionaria de la administración de Viterbo (Caldas), tras un embargo por una deuda de 25 millones en impuestos que se pagó hace años. El jueves, luego de que EL TIEMPO llamó a preguntar por qué no la restituían, hubo cambio de opinión. "La vamos a entregar. La decisión se tomó el jueves en la noche en junta directiva", anunció al día siguiente Darwin Santa, gerente administrativo. A pesar de las advertencias del Incoder, dijo que no sabían que el contrato era inválido y que quien arrendó no tenía facultades. Añadió que tuvieron que buscar una salida para no perder 322 millones invertidos en caña y que prorrogaron el contrato, porque faltaba recoger las cosechas. El Incoder espera que desocupen rápido para llevar a los desplazados.

'Vamos a devolverles la tierra a los despojados'

Ministro Juan Camilo Restrepo, ¿cómo reversarán la venta de tierras enajenadas, en manos de testaferros o de terceros, como los hermanos del Presidente de Ecopetrol?

No conozco ese caso, pero nos concentraremos en tratar de devolverles a campesinos cerca de 2 millones de hectáreas en manos de testaferros de grupos criminales. A través de un proyecto de ley, se habilitará un mecanismo que permita identificar a los propietarios, reconstruyendo la historia catastral con el Instituto Agustín Codazzi, oficinas de registro, notarías y testimonios de vecinos. El Estado entregará un carné que da fe de que es el legítimo propietario y con este la persona irá ante la jurisdicción agraria -que se creará- y se iniciará un proceso en el que la carga de la prueba la tendrá quién los controvierta. Queremos agilizar los procesos, pues lo que se ha devuelto en 8 años es casi nada.

¿Cuántas hectáreas?

17.000 devueltas y 43.000 adjudicadas por el Incoder.

Se dice que son 5 millones de hectáreas enajenadas, pero usted habla de 2 millones...

No hay cifras exactas. Asesores, como Alejandro Reyes, tienen cálculos de ese orden.

¿Quién administraría esa jurisdicción especial agraria?

Jueces municipales o un tribunal superior. Con el Ministro de Interior se definirá.

Se planea hacer parte de la reforma con narcobienes, pero varios no sirven...

Esos bienes son una parte del todo para la política agraria. Sobre las 450.000 ó 500.000 hectáreas en poder de Estupefacientes, si algunas son de recreo, tendrán que venderse. Pero hay un bloque importante -unas 100.000 hectáreas- que serán materia prima para complementar este proceso.

Usted anunció ajustes al predial rural. ¿En cuánto y sí cree que tendrá eco en una clase política de terratenientes y ganaderos?

Primero, vamos a acelerar la actualización del catastro rural, que está cercano al 50 por ciento. Y no se trata de pegarle un salto abrupto, sino de acercarlo a valores comerciales. También se analiza subir la franja del impuesto predial que hoy está entre el uno y el 6 por mil sobre el avalúo. Con ello se induciría a una mejor productividad de la tierra y se generarían mejores recursos a los municipios, que son quienes administran el impuesto.

¿Y pasará en el Congreso?

Hay municipios cooptados por los concejos, que no son amigos de ajustar el predial. Pero hablamos de subir un poco, si quiera el promedio nacional: tres o cuatro por mil.

Se habla del retorno de des- plazados, pero el 46 % no tiene un título de propiedad. ¿A dónde van a retornar?

Hay un proceso agudo y antiguo de informalidad. En desplazados se acerca al 70 por ciento y en no desplazados, al 50. Ese problema tiene que acompañarse de dos políticas, una para desplazados y otra general, para avanzar en procesos de formalización. Al ocupante de buena fe con títulos precarios y que acredite que ha estado allí 5 ó 10 años, va el Estado y le dice: aquí le doy su título en debida forma.

¿Y quién del Estado?

Organismos como el Incoder, pero reestructurado.

EL TIEMPO comparó el presupuesto para compra de tierras con el costo de un helicóptero Black Hawk bien equipado. ¿Qué va a hacer?

Eso nos tiene preocupados (...) En el Incoder, el total de inversión, baja un 32 por ciento y el total del presupuesto, el 29 por ciento, insuficiente para jalonar la compra de tierras. Minhacienda ha establecido que va a poder adicionar dos billones de pesos y aspiro a que este sector obtenga un 20 ó un 25 por ciento.

u.investigativa@eltiempo.com.co