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Porte ilegal de armas en Colombia, el nuevo dolor de cabeza de las autoridades

Ante el aumento de la criminalidad, el senador Juan Carlos Vélez radicó un proyecto de ley que dobla las penas por este delito, que hoy en día es excarcelable.

El homicidio de un patrullero el sábado pasado en Medellín y la posterior libertad de dos de los tres presuntos responsables, puso nuevamente sobre la mesa el problema en el que se han convertido el porte ilegal de armas y la falta de penas duras contra este delito.

Aunque a los hombres, miembros de la banda 'el Pecado', les fueron encontrados un fusil, dos pistolas y un silenciador en su poder, un juez no halló méritos para enviarlos a la cárcel.

"Ellos fueron indiciados y capturados dentro de una residencia a la que se metieron por la fuerza, pero una jueza desconoció el contexto extraordinario de violencia", dijo el alcalde, Alonso Salazar.

Esta situación, que también se siente en otras ciudades, llevó al senador Juan Carlos Vélez (de 'la U') a presentar un proyecto de ley que busca endurecer las penas para el porte ilegal de armas y fortalecer la lucha contra la delincuencia y el terrorismo.

La iniciativa señala que "quien trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre y porte arma o munición tendrá penas de prisión de entre 6 y 15 años". Actualmente, con la Ley 1142, la pena mínima para una persona es de 4 años.

"Entonces, explica el congresista antioqueño, hábilmente los delincuentes hallaron la fórmula para no ser encarcelados: por allanarse a cargos logran una rebaja hasta del 50 por ciento y su pena queda en dos años; es decir, es conducta excarcelable".

90 por ciento vuelve a la calle

Estos hechos generaron el pronunciamiento del propio director de la Policía, el general Óscar Naranjo, quien dijo ayer que "más allá de la decisión individual de jueces y fiscales, el tema debe resolverse de manera estructural con una legislación que interprete la realidad del momento y sancionar severamente a quien porte armas ilegales".

Y agregó: "No sancionarlo es de alguna manera crear un clima que pone en peligro la seguridad y la integridad de los ciudadanos".

Naranjo soporta sus apreciaciones en cifras: el 90 por ciento de las 18.000 personas capturadas este año por porte ilegal de armas ha quedado libre.

En referencia a los delitos contra la vida se señala que en el 2008 se registraron 16.140 muertes en el país, mientras en el 2009 se reportaron 15.817 homicidios.

La iniciativa también busca que las sanciones por este delito se dupliquen cuando esté asociado a otros comportamientos. De esta forma, la pena será doblada a quien sea detenido utilizando "medios motorizados, cuando el arma provenga de un delito, se oponga resistencia a las autoridades y se utilicen máscaras o elementos para ocultar la identidad o la dificulten", dijo el senador Vélez.

Jueces se oponen a endurecimiento de penas y piden más protección

La crítica situación de violencia por la que atraviesan ciudades como Medellín no se arregla culpando a la rama judicial por aplicar la ley, o con reformas en el Congreso para hacer más severas las penas, dijeron ayer voceros del Consejo Superior de la Judicatura y la Asociación Nacional de la Rama Judicial (Asonal).

El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el magistrado Francisco Escobar Enríquez, dijo que "no es un capricho del juez dejar en libertad a alguien, él tiene que aplicar la norma".

Explicó que el proceso penal acusatorio -bajo el cual se realizan las capturas por porte ilegal de armas- fija unos requisitos que deben ser cumplidos por la Policía y la Fiscalía. "El juez de control de garantías está para eso: proteger los derechos de las personas", afirmó el magistrado.

En el mismo sentido se refirió el representante de Asonal, Fabio Hernández, quien precisó que "bajo este nuevo modelo procesal se deben cumplir ciertas exigencias. Hay mecanismos para que las personas puedan seguir en libertad. Si la ley no nos gusta, pues habrá que hacer una discusión en el Congreso, pero mientras tanto los jueces tienen que cumplir la norma".

Hernández dijo que, por lo menos, el 20 por ciento de los jueces en Medellín ha sufrido algún tipo de intimidación, y de ellos, un tres por ciento ha tenido que ser trasladado por seguridad. A pesar de esta situación, agregó, "los
funcionarios judiciales están aplicando la norma con valentía".

Delincuentes dejados en libertad

Dos de los tres integrantes de la banda 'el Pecado', acusados de matar a un patrullero el sábado pasado en el barrio Castilla, de Medellín, fueron dejados en libertad por un juez. A los hombres se les encontraron un fusil AK47, dos pistolas y un silenciador.
Óscar Galvis, alias 'Pantera' o 'Javier', presunto jefe de sicarios de una de las facciones de la 'oficina de Envigado', fue capturado por el Ejército y, poco después, dejado en libertad por orden de un juez de Caucasia (bajo Cauca antioqueño).

A Daniel Alejandro Serna o 'Kener', uno de los jefes de sicarios de la 'oficina de Envigado', una fiscal le dio el beneficio de detención domiciliaria por considerar que estaba gravemente enfermo. 'Kener' escapó y fue recapturado y llevado a la cárcel.
Héctor Javier García y Leonel Manuel Ortega fueron capturados por el Gaula el pasado 5 de febrero cuando recogían el dinero de una extorsión en el barrio El Jordán, de Tunja, pero luego un juez los dejó en libertad.

Alcaldía de Medellín está en alerta por excarcelaciones

MEDELLÍN

Alonso Salazar, alcalde de Medellín, puso el grito en el cielo por la liberación de dos de los tres hombres sospechosos de asesinar al patrullero de la Policía Jhon Freddy Velásquez, aunque en su poder les hallaron un fusil, dos pistolas y un silenciador. El juez argumentó fallas en el procedimiento de captura.

El alcalde Salazar, que trata de buscar soluciones al grave enfrentamiento de bandas en su ciudad, se queja de que muchas personas son detenidas con armas y luego, puestas en libertad.

Este año, en el valle de Aburrá se han realizado 1.476 capturas por porte ilegal de armas y sólo 533 han sido asegurados, según la Policía Metropolitana. De ahí las constantes quejas de la Policía y el Ejército en el sentido de que su trabajo se ve truncado en los estrados judiciales.

La situación es aún más grave cuando se conoce que el 93,3 por ciento de los homicidios (van 1.239 este año) se cometió con arma de fuego, según cifras oficiales.

Y no solo se trata de armas cortas, sino de fusiles y de pistolas especiales, como las llamadas "matapolicías", que disparan proyectiles capaces de atravesar blindajes tipo 3.

Ayer, el alcalde Salazar empezó a despachar desde la comuna 13 para constatar la aplicación de las medidas pactadas en el consejo de seguridad del sábado. Entre ellas está la destinación de 800 policías comunitarios, la vigilancia con cámaras y el control de la entrada y salida de personas a los barrios.

93 capturas en un mes

En el último mes, la Policía reportó la captura de 93 personas vinculadas con las disputas que se viven en las comunas de Medellín y el valle de Aburrá. La última detención fue la de Róbinson Mejía Soto, la 'Cachona', cabecilla de la banda 'la Galera'.

Los operativos, que se intensificaron desde el 10 de agosto, permitieron, además, la captura de Cristian Camilo Higuita Román, miembro de 'la Galera', y de Juan Pablo Zapata Chavarriaga, integrante de 'la Torre', grupos que mantienen una cruenta disputa.

Habitantes de la Comuna 13 de Medellín regresaron al Metrocable

Cuando Darwin de José Toscazo, un obrero que vive en la Comuna 13 de Medellín, salió de su casa a las 4:30 a. m. de ayer y vio el Metrocable funcionando, dijo:

"No me va a tocar caminar hasta allá abajo". Durante cinco días le tocó caminar 15 cuadras de una empinada ladera para poder tomar un tren del metro o un bus, en la parte baja del barrio. Como Darwin, 7.500 personas resultaron afectadas tras la suspensión del servicio, desde el miércoles pasado.

Ese día, al barrio Juan XXIII entraron por lo menos tres bandas vecinas y se enfrentaron con piedras, palos y balas al 'combo' local. La pelea dejó un policía herido, saqueos en tiendas y casas y el Metrocable fuera de servicio por daños en uno de los cables, cabinas y el sistema eléctrico.

REDACCIÓN JUSTICIA

Publicación
eltiempo.com
Sección
Justicia
Fecha de publicación
17 de agosto de 2010
Autor

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