La cuarta parte de las tierras despojadas por paramilitares en Colombia están en manos de testaferros.

Por casi cinco años, desde que se desmovilizó en febrero del 2005 hasta que fue capturado en octubre del 2009 por 'hacerle conejo' a la paz y seguir al mando de una banda criminal, el jefe paramilitar 'Ramón Mojana' sostuvo ante la justicia que solo tenía una moto a su nombre, que entregó para reparar a sus víctimas de los Montes de María.

Esa mentira se vino abajo hace dos semanas, cuando después de moverse durante cuatro días por pequeñas carreteras en forma de laberinto en medio de enormes cultivos de palma africana, la Policía Antinarcóticos ubicó la entrada de la hacienda donde se escondía Jeovani Pedraza, hermano de Mojana', cuyo verdadero nombre es Éder Pedraza.

La finca, en el Cesar, es uno de los 289 predios y propiedades que 'Mojana' había puesto a nombre de testaferros y que valen 50 mil millones de pesos, 20 mil millones más de lo que ha recibido el Fondo de Reparación a las Víctimas. Tenía hasta un semental raza Brahma que se llama 'Jeovani' y que vale $1.000 millones.

El caso refleja bien lo que ha pasado en el primer lustro de la Ley de Justicia y Paz: la entrega de bienes de las autodefensas para reparar a sus víctimas es el frente con menos avances en ese proceso. En materia de verdad y justicia -los otros postulados de la negociación con las Auc- hay avances con más de 400 investigados por parapolítica, cerca de 2 mil ex Auc presos y la recuperación de 3.299 cadáveres en 2.719 fosas exhumadas.

Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión de Reparación, calcula que en manos de testaferros como el hermano de 'Mojana' sigue por lo menos la cuarta parte de unos 5 millones de hectáreas que las autodefensas les arrebataron a campesinos y hacendados o que se consiguieron con plata del narcotráfico.

Ahora, tras la primera sentencia en Justicia y Paz (contra los jefes 'Diego Vecino' y 'Juancho Dique'), el Tribunal Superior de Bogotá reforzó un punto en el que la Fiscalía viene insistiendo desde hace más de un año: que los políticos condenados por vínculos con los grupos 'paras' también entreguen bienes para reparar a las miles de víctimas de esas bandas.

"La sentencia ordena a todas los tribunales que están condenando a parapolíticos, testaferros y empresarios que vayan tras sus bienes", dice el fiscal Luis González, jefe de Justicia y Paz.

En diciembre, González le pidió a la Sala Penal de la Corte una relación de "nombres, identificación y demás datos de los aforados que están siendo investigados con ocasión de sus presuntos vínculos con grupos al margen de la ley". Esto, dice la Fiscalía, para cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional que establece la "responsabilidad solidaria de todos los miembros del grupo armado por la comisión de ilícitos".

'Hay que buscar salidas jurídicas para los testaferros': fiscal González

El jefe de la Unidad de Justicia y Paz, Luis González, aseguró que la mayoría de bienes de los 'paras' no han sido entregados, pero dice que hay voluntad de muchos testaferros para "dar la cara", si les dan garantías.

¿Dónde están las fortunas de los 'paras'?

Es cierto que los jefes 'paras' no han cumplido con la entrega de bienes para reparar a sus víctimas. Pero también es cierto que a la Fiscalía se han acercado muchos abogados para averiguar si a los testaferros se les puede aplicar el principio de oportunidad.

El gran problema que tenemos es que no hay seguridad ni garantías jurídicas para que los testaferros entreguen bienes; como están las cosas hoy habría que procesarlos por lavado de activos. De tener ellos garantías, seguro se daría una estampida de entregas para las víctimas de las autodefensas.

¿Por qué la Fiscalía no sale a perseguirlos?

Hay mucha información que sale de Justicia y Paz que se queda estancada en la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía. Las investigaciones no avanzan porque no hay permanencia de los funcionarios ni suficientes equipos de investigación.

Hechos claves en el proceso con las AUC

'Ernesto Báez' fue el primer jefe 'para' expulsado. Por mentir, se expone a penas de hasta 40 años. Otros 13 jefes fueron extraditados.

Pedro Guerrero, 'Cuchillo', es uno los desmovilizados que siguieron en el crimen. En las nuevas bandas hay unos 5 mil delincuentes.

300 mil víctimas de las Auc han pedido reparación. Los 'paras' han dado información de 2.719 fosas con 3.299 restos de víctimas.

REDACCIÓN JUSTICIA