Miguel Ángel Moralesrussi reapareció para defenderse de los escándalos que lo salpican.

En uno de los debates más largos y candentes del año, el contralor ditrital, Miguel Ángel Moralesrussi, reapareció en el Concejo de Bogotá para defenderse de los escándalos que lo salpican por recibir, presuntamente, una millonaria comisión de un contratista y por el supuesto sobrecosto en el arriendo del edificio de la entidad.

En el primero de los casos -una grabación entre el ex representante Germán Olano y Miguel Nule y en la que el primero alega una supuesta comisión para el contralor Moralesrussi- este respondió que el "cartel de la contratación" lo dejaba en manos de
la Fiscalía y la Procuraduría.

Moralesrussi habló de una "condena mediática".

"Saldremos librados todos aquellos que hemos sido injuriados", expresó el hombre que debe velar por los recursos públicos de Bogotá y que no había aparecido en público desde que estalló el escándalo en los medios.

Sobre el presunto sobrecosto de 1.540 millones de pesos en el arriendo del edificio Amalfi, en la carrera 16 con calle 79 -y que denunció el concejal Antonio Sanguino- Moralesrussi dijo que se manipulan documentos.

"Estamos en un sector que queda a 50 metros de Unilago, a 250 metros del Atlantis y a 50 de la 15. No pueden decir que el arriendo debe ser menor de 230 millones de pesos mensuales", afirmó.

No obstante, Sanguino se ratificó al señalar que el arriendo del lugar debería ascender a 120 millones de pesos, según los documentos.

Igualmente, denunció que la Contraloría invirtió casi 55 millones de pesos en adecuaciones del edificio, pese a que en el contrato de arrendamiento esas adecuaciones estaban incluidas.

La Contraloría negó esto y dijo que los 55 millones de pesos fueron invertidos en gastos que no estaban cubiertos en el contrato, como cortinas, divisiones y una asesoría para la distribución de 450 puntos de trabajo.

Por si fuera poco, al final, el concejal Carlos Galán aseguró que una funcionaria de la Contraloría Distrital, Gladys Amalia Russi Gómez, fue quinto renglón de Plinio Olano, hermano de Germán, en la campaña al Congreso, en el 2002. Galán agregó que una de sus hermanas, Martha Russi, figura como presidenta de una empresa en Miami, cuyo agente es el ex representante Germán Olano.

Ayer, Moralesrussi manifestó desconocer las actividades de Martha Russi y dijo que ambas personas son honestas. No obstante, señaló que deberán responder por sus actuaciones si incurrieron en alguna irregularidad.

Remezón en la Personería

El concejal Javier Palacio, de la U, denunció ayer que un personero delegado y cinco locales fueron despedidos de la Personería Distrital, luego de un sondeo realizado por EL TIEMPO hace unas semanas con los 45 concejales, quienes opinaron sobre la conveniencia de que el personero Francisco Rojas Birry renunciara a su cargo temporalmente.

Rojas Birry está siendo investigado por recibir, presuntamente, dineros de DMG. El sondeo también indagó por un eventual retiro del contralor Miguel Á. Moralesrussi.

Los concejales son los que seleccionan a ambos funcionarios. Se ha señalado que algunos cabildantes tienen cuotas burocráticas en los organismos de control de Bogotá.

Archivan denuncia instaurada por Á. Dávila

La Fiscalía acaba de ordenar que se archive la denuncia por injuria y calumnia que Álvaro Dávila Peña instauró, en el 2009, por declaraciones que lo involucran con el llamado 'cartel de contratistas del Distrito'.

Dávila -quien se ha desempeñado como asesor de entidades del Distrito y quien es considerado un hombre cercano al alcalde Samuel Moreno- pidió que el abogado Jaime Lombana fuera condenado por "injuriar su honor y difamarlo".

Sin embargo, la Fiscalía se abstuvo de seguir con el proceso argumentando que el nombre de Dávila ha sido mencionado por varios medios, "que inicialmente lo vinculan con grupos de contratistas que han defraudado la confianza y el patrimonio público".

Además, que existen indagaciones en la Procuraduría y la Fiscalía en torno al tema y que los señalamientos en su contra ya están en manos de la administración de justicia, mediante un proceso penal que busca probar si son falsos o si, por el contrario, se debe indagar un presunto interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción y concierto para delinquir.

Finalmente, la fiscal del caso, María Doris Medina, dice que Jaime Lombana denunció penalmente a Dávila por este escándalo, asumiendo las consecuencias jurídicas y penales en caso de no poder probar esos señalamientos.