Las alarmas que se han encendido por el deterioro permanente de los indicadores de seguridad en las ciudades del país no son nuevas. En la campaña presidencial del semestre pasado, todos los aspirantes coincidieron en identificar los escenarios urbanos como uno de los mayores desafíos de la política de seguridad democrática. Un vistazo al registro de los homicidios de los primeros meses del 2010 muestra preocupantes dinámicas en alza en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

No obstante, hay momentos en que las frías estadísticas globales se sacuden con las miles de tragedias individuales que las conforman. Como el pasado domingo en Popayán, donde el joven atleta Bréiner Gustavo Sánchez fue asesinado de varias puñaladas, cuando entrenaba, por dos ladrones que le arrebataron su teléfono celular. O el triste caso de otra joven trabajadora, María Carminia Carvajal, a quien, hace menos de un mes, los asaltantes de un bus en Bogotá lanzaron al asfalto en un intento criminal de distraer a las autoridades y le produjeron la muerte cerebral y su posterior fallecimiento. A esto hay que añadir que buena parte de los perpetradores han resultado ser menores de edad. Hace dos días, un sicario adolescente asesinó en Cali a un directivo universitario enfrente de sus estudiantes a la misma hora en que el alcalde de esa ciudad, Jorge Iván Ospina, dirigía un consejo de seguridad.

Lo más espeluznante de esta situación -el homicidio como respuesta a la resistencia al atraco y la delincuencia juvenil- es que se ha convertido en un drama mucho más frecuente de lo que se piensa. Solo en la capital de la República y en el primer semestre del año en curso, 102 bogotanos que se resistieron al hurto de teléfonos, joyas, dinero o chaquetas fueron cobardemente asesinados. Este guarismo es un 40 por ciento más alto que el registrado en el mismo período del año pasado. No sorprende, entonces, que el atraco sea el delito al que más temen los ciudadanos, con un 43 por ciento en las encuestas de la Cámara de Comercio de Bogotá. Una urbe en la que uno de cada diez homicidios ocurre por evitar un robo está, sin duda, fallando en sus políticas de seguridad ciudadana y dejando que las calles y los buses se conviertan en territorios del miedo.

Y la respuesta no está, como afirma una campaña lanzada recientemente, en 'no dar papaya'. Sin desconocer que 30 por ciento de los hurtos en la capital son resultado del descuido, un mensaje de este corte pone sobre los hombros de los capitalinos la responsabilidad del acto delictivo y no sobre las autoridades que deben prevenirlo y capturar a quienes lo cometen. Cuando los ladrones están empezando a asesinar a sus víctimas por un celular, cabe preguntarse si la impunidad es de tal magnitud que ya se perdió el poder disuasor del castigo penal. Es hora de que la Alcaldía escoja en firme un Secretario de Gobierno experto en estos temas, después de cuatro meses de interinidad, y de que el resto de burgomaestres no bajen la guardia ante esta alarmante realidad.

Frente a los delitos cometidos por menores de edad, la sociedad se encuentra en el dilema entre su protección y el castigo acorde con un acto criminal. Precisamente, después del consejo de seguridad donde se anunciaron refuerzos policiales para Cali, las autoridades de la capital vallecaucana pidieron la revisión del Código de Infancia y Adolescencia y para fortalecer las medidas contra la delincuencia juvenil. Llegó el momento de reconocer que la mano blanda con el menor infractor está retroalimentando un incremento de la participación impune de jóvenes en delitos cada vez más violentos. Asimismo, de desplegar en las capitales colombianas estrategias que impidan que el hurto de un celular no sea la antesala de una puñalada mortal solo porque el asesino cree que se saldrá con la suya.

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