La Sala Disciplinaria revocó la tutela que favorecía a Abadía y le permitía volver a su cargo.

La Procuraduría había destituido e inhabilitado a Abadía por 10 años para ejercer cargos públicos, luego de encontrarlo culpable por participar en política.

Sin embargo, Juan Carlos Abadía acudió a una tutela para suspender los efectos de la decisión en su contra, argumentando que se violó el debido proceso en su caso.

La Sala Disciplinaria de la Judicatura acogió la ponencia que deja en firme la destitución de Abadía del cargo, por lo que los ciudadanos del Valle del Cauca irán a comicios.

La magistrada María Mercedes López elaboró el proyecto de fallo que tumbó la cuestionada tutela con la que Abadía logró suspender temporalmente la destitución y la inhabilidad de 10 años que le impuso hace tres meses la Procuraduría por violar la prohibición de participar en política.

"Se declaró improcedencia de la acción de tutela toda vez que el señor gobernador del valle tiene otra vía ante la jurisdicción contenciosa administrativa ante quien puede solicitar sus pretensiones", afirmó la magistrada María Mercedes López.

La ponencia de la magistrada López  les da razón tanto al Ministerio Público como a la Presidencia de la República, que habían objetado la decisión de la Judicatura del Valle en favor de Abadía por improcedente -señalan que se acudió a un mecanismo extraordinario como la tutela aun cuando existían otras vías legales- y porque los que decidieron habrían excedido sus competencias.

Y señala que si las razones de la tutela no eran válidas, sus consecuencias tampoco lo serán. "Todas aquellas actuaciones administrativas que se profirieron con ocasión de las determinaciones (de la Judicatura en el Valle) pierden sus efectos jurídicos",  dice la ponencia de 69 páginas. Entre ellas está la suspensión del llamado a elecciones de gobernador en el Valle, que estaba listo cuando se produjo el polémico fallo.

Abadía y su movimiento político perdieron la segunda ventaja que buscaron y obtuvieron con la tutela: impedir que las elecciones se realizaran antes del 30 de junio, para obligar al Gobierno Nacional a elegir gobernador encargado  de una terna del mismo partido del mandatario sancionado en caso de que la destitución quedara en firme.

El proyecto recordaba que la Corte Constitucional ha sido reiterativa en señalar que la tutela no puede reemplazar las eventuales demandas contra las decisiones de los organismos de control, por lo que califica la decisión en favor de Abadía como "una  actuación irregular" de la Judicatura en el Valle y ordena por lo tanto compulsar copias disciplinarias y penales contra los magistrados que así fallaron. Entre otras razones porque la tutela se falló a pesar de que no se practicaron pruebas ordenadas  en el mismo proceso.