Se anticipaba fraccionamiento de proyectos para recibir más plata del Estado. En tanto, el Director de AIS dice que la alerta no corresponde a los hechos del escándalo.

Una alerta de hace tres años sobre el riesgo de trampas en el polémico programa Agro Ingreso Seguro (AIS), que fue entregada al Ministerio de Agricultura y al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (Iica), es una de las piezas claves en la investigación por ese escándalo.

Entre el Ministerio y el Iica, adscrito a la OEA, se vive una suerte de 'guerra fría' por la falta de controles que le dieron vía a la entrega irregular de millonarios subsidios agrícolas.

Mientras tanto, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría intentan establecer quiénes y por qué pasaron por alto las advertencias de un informe contratado con la firma Econometría sobre la convocatoria de Riego y Drenaje de Agro Ingreso Seguro, que fue la del escándalo.

Esa evaluación se entregó en junio del 2007, dos años antes de que se conociera que importantes familias de la Costa y grandes empresas habían recibido irregularmente subsidios superiores a los 1.000 millones de pesos.

El informe anticipaba lo que después se descubrió en investigaciones periodísticas: el fraccionamiento de un mismo proyecto para obtener más plata del Estado.

Subsidios de 4.500 millones

Según el estudio de Econometría, "un subsidio del 80 por ciento (el otro 20 por ciento para infraestructura de riego lo ponía el propietario) constituye un incentivo muy grande para que a la convocatoria no lleguen únicamente los mejores proyectos, y (para que) los proponentes manipulen la información, de tal manera que el monto efectivo del subsidio termine siendo superior".

Juan Manuel Ramírez, el actual director de Agro Ingreso Seguro, dice que el documento de Econometría se refería a situaciones técnicas que fueron corregidas y que no tienen que ver con el fraccionamiento de una misma finca, a través de maniobras jurídicas, para obtener más de un subsidio.

"Sí se atendió la alerta, pero no anticipaba lo que pasó", señaló Ramírez. La Contraloría, sin embargo, considera que el documento sí representaba un campanazo que fue desatendido. "El Ministerio y el Iica hicieron caso omiso a las recomendaciones (...), permitiendo que los proponentes recurrieran a mecanismos a fin de obtener mayores recursos", dice un documento conocido por EL TIEMPO.

Econometría planteó también que se entregaran mayores porcentajes de subsidio para los pequeños y medianos productores, para evitar, como finalmente ocurrió, que algunos proyectos recibieran centenares de millones de pesos, mientras que el grueso de las familias campesinas no obtuvo subsidios mayores a 8 millones.

En sus investigaciones por el escándalo, la Contraloría encontró que "varias empresas y grupos económicos arrendaron o cedieron parte de los predios o lotes a miembros de la familia, socios de la empresa o particulares y, sobre este arrendamiento, se solicitaron incentivos a favor de los arrendatarios", que fueron concedidos.

La Fiscalía, por su lado, investiga por qué esos contratos se firmaron apenas unos días antes de la inscripción en la convocatoria de AIS y los precios bajísimos del arriendo (en algunos casos, menos de 10 mil pesos por hectárea al año). También indagan la creación de empresas con el único fin de aplicar a los subsidios, y la posible asesoría de funcionarios a beneficiarios del programa.

AIS, una estrategia rodeada de polémicas

Agro Ingreso Seguro es uno de los programas bandera del Gobierno y busca mejorar la productividad y la competitividad del campo colombiano.

Según datos oficiales, hasta el año pasado AIS había impactado la productividad de 1 millón 130 mil hectáreas y había generado 376 mil empleos en el campo.

El Ministerio de Agricultura señala que el 88 por ciento de la plata de AIS fue a pequeños y medianos productores.

Minagricultura responsabiliza a socio externo

El escándalo de Agro Ingreso Seguro tiene en pelea al Ministerio de Agricultura y al Iica, organismo de la OEA que tenía a su cargo la correcta ejecución del programa.

El pasado 10 de junio, el Ministerio declaró el incumplimiento del convenio firmado con el organismo internacional y resolvió hacer efectiva una claúsula penal por 14 mil millones de pesos. El instituto dice que no hubo incumplimiento y que, en todo caso, el Ministerio no tiene potestad para decidir por su cuenta, como lo hizo, si los socios de la OEA son responsables por no cerrarles las puertas a los avivatos que accedieron irregularmente a los subsidios.

"Para el Ministerio, es claro que este fraccionamiento (de predios) y las falencias documentales de los proyectos debieron ser advertidos por el Iica (...) Para el Ministerio era imposible conocer de los fraccionamientos", dice un documento conocido por este diario.

El mismo 10 de junio hubo una audiencia a la que el representante de Iica en Colombia asistió aclarando que no acudía a rendir descargos, "pues desconocía la competencia del Ministerio para adelantar la actuación administrativa que estaba discurriendo".

El Minagricultura dice que el Instituto Interamericano "violó las obligaciones del Convenio 055 de 2008": "Ninguna persona puede válidamente en nuestro ordenamiento jurídic actuar dentro de una relación contractual de una manera tan descuidada (...) "El Ministerio no puede entender, con la contundencia de los hechos, cómo una entidad de las calidades del Iica pudo permitir que se presentara este tipo de fraccionamiento sin que se percatara de las irregularidades que condujeron a la desviación de recursos".

Los 'pecados' del Programa

- Según el Ministerio, hay nueve casos que involucran 33 supuestos proyectos en Magdalena, Cesar, La Guajira y Meta. "Hubo fraccionamiento de los mismos, varias personas presentan proyectos aparentemente independientes cuando en realidad se trataba de un único proyecto", dice un informe de esa cartera.

- Una firma que se constituyó apenas semanas antes de la convocatoria recibió subsidios por más de 4.000 millones de pesos.

- Fiscalía y Procuraduría investigan si algunos subsidios terminaron desviados hacia campañas políticas.

- Otro capítulo de esas investigaciones apunta a establecer las responsabilidades penales de los que se beneficiaron indebidamente.

- La Contraloría analizó el Programa AIS y señaló que si bien ha servido para modernizar el campo colombiano, no ha hecho más equitativa la distribución de riqueza en el agro.

- Puntualmente sobre el programa de Riego, dice que se diseñó para que los más ricos salieran mejor librados. Esto porque los criterios de evaluación privilegiaban "la concentración de recursos en los proponentes con mayores condiciones económicas".

La posición del ministerio

El Ministerio de Agricultura dice que el Iica tenía la obligación de verificar que los que se postularon para los subsidios de riego cumplían todos los requisitos.

También señala que si había alguna duda frente a los parámetros establecidos para escoger, el Iica nunca la formuló oficialmente y por eso debe responder.

El Ministerio dice que Agro Ingreso Seguro cumplió su cometido de hacer más competitivo el campo colombiano, pero que el Instituto Interamericano falló en los controles en el Programa de Riego y que por eso AIS "no fue más exitoso".

Iica dice que cumplió

La defensa del Instituto Interamericano para la Agricultura (Iica) señala que fue el Ministerio de Agricultura el que estableció las reglas de juego y que el convenio lo obligaba a cumplirlas.

Iica estaba encargado de seleccionar a los aspirantes que aplicaban al programa de riego, pero la política como tal fue diseñada por el Ministerio y esta no cerraba las puertas a los proyectos fraccionados.

Iica no le reconoce al Ministerio la facultad de declarar unilateralmente el incumplimiento del Convenio y por eso no acepta la aplicación de la cláusula penal.

REDACCIÓN JUSTICIA