Demandar al Estado se ha convertido en un deporte nacional. Centenares de abogados viven de demandas, muchas justas, pero también muchas, muchísimas son simples montajes para esquilmar los recursos públicos. Para ello cuentan con la complicidad de algunos jueces y fiscales venales e, incluso, en algunos casos con funcionarios de las altas cortes (como ocurrió, recientemente, con altos funcionarios del Consejo de Estado).

Creo que la reciente demanda de Íngrid Betancourt -que ha ofendido a la inmensa mayoría de los colombianos- ha sido la gota que colmó la copa. Llegó la hora de introducir las reformas constitucionales y legales necesarias para evitar que esta vena rota en los recursos públicos continúe fluyendo hacia manos privadas sin diques de contención. Como el petróleo en el Golfo de México, debido a la irresponsabilidad de la British Petroleum Company. La corrupción es una de las peores manchas negras que ahogan la vida nacional.

Como han podido comprobar los estudios de la ONG Transparencia Internacional, la corrupción constituye uno de los principales factores explicativos del atraso económico. La desviación de los recursos del Estado hacia las arcas privadas no solamente disminuye la inversión pública destinada a los bienes colectivos (salud, educación, vivienda, vías, etc.), sino que ahonda la desigualdad de los ingresos. Los escasos bienes de la sociedad terminan concentrándose en pocas manos, como ocurre en múltiples naciones africanas, en donde minoritarias élites depredadoras acumulan la inmensa mayoría de las riquezas del país.

Además, la corrupción ahonda los costos de transacción para la economía. Si para obtener un contrato los proponentes deben pagar una coima del 10 o el 20 por ciento a los funcionarios públicos responsables de las licitaciones, pues simple y llanamente las obras se encarecen en ese mismo monto.

Una de las raíces de esta situación perversa nace de la idea de que el Estado es distinto y externo al ciudadano. Ni siquiera cuando las personas demandan al Estado de manera injustificada, los colombianos reaccionamos, sobre el supuesto de que el Estado no es de nuestra competencia. Se trata de un grave error. El Estado lo componemos todos los ciudadanos, vivamos o no en Colombia, pues sus recursos provienen de los impuestos directos o indirectos que todos, sin excepción pagamos, así como de las empresas públicas que, como Ecopetrol, son un patrimonio de la nación.

De ahí la necesidad de una actitud vigilante de todos los ciudadanos, en todas las regiones del país,en torno a la forma como los recursos públicos son utilizados e invertidos. ¿Cuántos municipios que reciben millonarias regalías del petróleo o del carbón viven en la miseria extrema, sin vías, sin escuelas, sin puestos de salud?

Por ello, dolorosas experiencias como Foncolpuertos o Cajanal, que constituyen venas rotas por donde se desangraron y se continúan desangrando los impuestos de todos los colombianos en beneficio de un grupúsculo de corruptos, en donde se hallan involucrados abogados inescrupulosos, jueces de pacotilla y funcionarios públicos venales, no se deben, jamás, repetir.

Supongamos que Íngrid Betancourt tuviera, en el marco de la legislación actual, derecho a una reparación, como fue el caso de los asesinados diputados del Valle del Cauca, cuyos familiares recibieron cien millones de pesos. Pero, ¿es racional una demanda por 15 mil millones de pesos?

Este dinero sale del bolsillo de cada colombiano. Con 15 mil millones de pesos podemos construir 15 colegios. O decenas de escuelas rurales. O puestos de salud en barrios deprimidos.

Si lo que quería Íngrid Betancourt era poner sobre el tapete el tema del secuestro y la responsabilidad de las instituciones públicas por acción u omisión, ha debido demandar al Estado y pedir como reparación un peso. Un solo peso. Una reparación material simbólica. Esto hubiera demostrado que su intención era ético-política y no mercantilista.