Las autoridades dicen que convierten sus viviendas en expendios de drogas.

Sobre la cama de Rubén Darío Vargas Ospina, condenado a cuatro años de cárcel por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, la Policía halló en marzo pasado el brazalete de vigilancia electrónica que un juez le había otorgado.

Rubén tenía prisión domiciliaria, pero ese día no estaba en su casa porque con ayuda de cremas se quitaba a diario la manilla y violaba el beneficio. En la misma vivienda, ubicada en un barrio de Pereira, los policías encontraron a una mujer, de 31 años, con 23 papeletas de bazuco. Según las autoridades, el lugar servía de expendio de drogas.

Estos casos tienen en alerta al Gobierno, pues como Rubén hay otras 6.132 personas que fueron condenadas o que están sindicadas por narcotráfico, o el llamado delito Ley 30, y actualmente tienen casa por cárcel.

Fuentes oficiales aseguran que este número equivale al 77 por ciento de los actuales procesados por este delito, que, de acuerdo con cifras del Inpec, son 7.961 en el país. De este total, el Instituto les ha puesto brazaletes de vigilancia a 1.100 internos para llevar un control sobre ellos.

Pero la preocupación de las autoridades, las cuales fueron expuestas durante los Consejos de Política Criminal en los que se discutió hace dos semanas la declaratoria de Conmoción Interior, para enfrentar las bandas criminales (de la que desistió el Gobierno), es que los procesados están aprovechando la casa por cárcel para continuar delinquiendo. El domicilio se convierte, en estos casos, en el expendio de marihuana, cocaína y otras drogas.

Según fuentes del Inpec, en la lista no aparecen grandes capos o jefes de bandas emergentes -pues en su mayoría el delito que registra el sistema es concierto para delinquir agravado- sino personas a las que popularmente se les conoce como 'jíbaros': encargados de surtir a los adictos de diferentes alucinógenos.

Para la muestra, algunos desalojos que han tenido que enfrentar funcionarios de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).

Los casos

En el barrio Las Cruces, en el centro de Bogotá, las personas del área jurídica llegaron el primero de febrero pasado acompañados de policías para desalojar una casa que había sido incautada y a la que se le había aplicado extinción de dominio, pero que desde hacía varios meses estaba siendo ocupada ilegalmente.

"No era una casa de familia, era un olla, un expendio de droga en la que vivía una mujer, Luz Chacón Parra, condenada por microtráfico", dijo uno de los hombres que participó en el operativo.

Ese mismo mes, en Cartagena, en el reconocido sector de Bocagrande, los funcionarios encontraron a un testaferro de Gilberto Rodríguez Orejuela, en un lujoso apartamento que precisamente se les había extinguido a los narco. El hombre, Hernando Mejía Uribe, alias 'el Vecino', pagaba en ese predio una condena.

"El problema es que ante situaciones como estas ni la DNE ni la Policía pueden terminar de realizar el desalojo, pues es necesario que el juez que les concedió la casa por cárcel ordene el cambio de domicilio. Solo hasta ese momento se puede concretar el operativo", dice un funcionario de la DNE.

El viernes, en la rendición de cuentas del Ministerio del Interior y de Justicia, el director de la DNE señaló que tan solo en Bogotá se han incautado 230 bienes utilizados como expendio de estupefacientes.

Otra de las cifras que se ventilaron en los Consejos de Política Criminal, para sustentar en su momento la necesidad de la Conmoción Interior, es que en el país hay unos 2 mil procesados por porte ilegal de armas que tienen casa por cárcel. Además, otros 332 tienen el mismo beneficio y son investigados por porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

En el país, hay 21.887 personas con detención domiciliarias, de las cuales, según el Inpec, cerca del 43 por ciento son judicializadas por delitos como homicidio y secuestro.

REDACCIÓN JUSTICIA