Un sentimiento de estupefacción embarga desde ayer a los habitantes del país al hacerse pública una solicitud de conciliación extrajudicial presentada por Íngrid Betancourt al Estado colombiano. En un comunicado, el Ministerio de Defensa confirmó que la ex candidata presidencial, quien estuvo en poder de las Farc por más de seis años, inició -junto con varios integrantes de su familia- una reclamación contra el erario por una suma aproximada a los 15.000 millones de pesos por perjuicios causados debido a su secuestro.

La insólita pretensión monetaria ha caído como un balde de agua fría en el Gobierno, los altos mandos militares y, como se refleja en foros electrónicos y sondeos, en la opinión pública. "Sorprendida y apesadumbrada" se declaró oficialmente la cartera de Defensa ante esta demanda de la ex rehén y de sus familiares más cercanos. No hay que olvidar que fueron precisamente el alto estamento castrense y el entonces ministro y hoy presidente electo de Colombia, Juan Manuel Santos, quienes prepararon la operación 'Jaque', que traería a Betancourt de regreso a la libertad.

La multimillonaria solicitud es, asimismo, una afrenta directa al presidente Álvaro Uribe, quien mantuvo firmemente su apoyo político a los rescates militares, a pesar de la presión de varios sectores de la sociedad, incluida Yolanda Pulecio, madre de la ex candidata, para que se hiciera el intercambio humanitario.

El Gobierno Nacional no es el único sorprendido con esta noticia. Cualquiera que haya escuchado a la ex secuestrada en estos dos años de libertad no encontraría rasgos de animadversión hacia las tropas ni oposición rabiosa contra el Ejecutivo. Al contrario, si algo quedó claro de las efusivas declaraciones de la propia Betancourt acerca del operativo fue su agradecimiento con los uniformados que arriesgaron su vida para que ella y los otros 14 secuestrados recuperaran la suya. Pero, por lo visto, este sentimiento no era del todo sincero porque hoy la liberada pretende sacarles el equivalente de varios millones de dólares a las arcas públicas.

Del anuncio del Ministerio de Defensa sobre que "no existe ningún elemento objetivo que permita deducir la responsabilidad del Estado en estos hechos" se desprende que no habrá conciliación extrajudicial y el caso pasaría a un tribunal para continuar su trámite. Y así debe ser.

Este camino del pleito legal que ha emprendido la familia Betancourt pone de nuevo sobre el tapete las desacertadas decisiones que la dirigente política tomó horas antes de ser secuestrada por la guerrilla. Varias versiones informaron en esos días -finales de febrero del 2002- sobre las continuas advertencias en público y en privado que la entonces aspirante presidencial recibió de distintas autoridades acerca de las condiciones de seguridad de la zona. Sin embargo, ella y sus acompañantes hicieron caso omiso de estas y se dirigieron hacia San Vicente del Caguán. Esto constituye, indudablemente, una pieza clave en la defensa jurídica del Gobierno contra la cuantiosa reclamación.
Sin embargo, más allá de los detalles legales, es difícil concebir que una rehén liberada busque responsabilizar de sus salarios perdidos a quienes acabaron con su martirio. En incontables situaciones, pero en especial en una riesgosa operación de rescate, la vocación de servicio y sacrificio de la Fuerza Pública queda en evidencia ante la sociedad.

Meses de preparación, esfuerzos de inteligencia y una ejecución impecable se necesitaron para que Íngrid Betancourt se reencontrara con sus familiares. Por más resarcimiento monetario que una víctima de secuestro sienta que merece por el infierno vivido y los años perdidos en la selva, no hay justificación para buscar compensación en los bolsillos de los ciudadanos. Si el agradecimiento se agotó, que no lo haga la sensatez.