¿Es posible pensar al mismo tiempo que el senador Manuel Cepeda Vargas es histórica y políticamente responsable por su apoyo a las Farc, que es válido discutir y evaluar su participación en la vida colombiana, y que su asesinato en 1994 fue un crimen en el que el Estado colombiano debe asumir responsabilidad? En el lenguaje polarizado de algunos comentaristas esto parece inconcebible, pero es raro que sea así. ¿Por qué, para mostrar la injusticia de la sanción a Colombia, se reiteran las relaciones de Cepeda con las Farc, como si esto disminuyera la responsabilidad del Estado? ¿Por qué reconocer que el Estado fue incapaz de aclarar este delito, y sancionar a los principales culpables produce la sensación de que se está cometiendo una gran injusticia con el país, pues lo único que se sabe "fue que lo asesinaron"?

Detrás de esta incomodidad está la idea de que, en cierto modo, el crimen era justificado: que los que apoyaron de cualquier forma las guerrillas son culpables, no tienen derechos y provocaron ellos mismos la reacción que los golpeó. Esto implica, por supuesto, desconocer todos los matices, los cambios de posición y de opiniones, la diferencia entre quien mira con simpatía romántica a un delincuente y quien empuña un fusil.

En épocas recientes, esto ha llevado a un deslizamiento de la noción de culpa, que ha ido pasando de los hechos a las ideas y hasta a las palabras: usar algunas es criminal, porque prueba la afinidad con la guerrilla: si uno cree que existen los delitos políticos, esto, en los hechos, ayuda a la guerrilla; si defiende el intercambio humanitario, es un cómplice objetivo de los grupos armados; si afirma que la violencia es en parte el producto de factores sociales, está apoyando la violencia y puede ser sancionado. El debate académico y político se ha llenado de derecho penal, se ha criminalizado.

Esta lógica kafkiana y orwelliana es simétrica: los que censuran la vida política del senador Cepeda son, para algunos, aliados de los paramilitares, como los que rechazan las negociaciones de paz, discuten la exactitud de las cifras sobre desplazados o atacan la falta de democracia en Cuba o Venezuela.

Esta lógica hace muy difícil pensar en los problemas del país. Todos terminan siendo culpables, porque cualquier actuación u opinión puede usarse, con el sofisma de "a quién beneficia", para probar una solidaridad y un apoyo que, borrando las diferencias, lleva a atribuir a todos la misma culpa: al que forma un grupo paramilitar y guerrillero, al que lo financia, orienta y apoya, al que cree que los enemigos de sus enemigos son sus amigos y mira con simpatía el secuestro de empresarios o el asesinato de izquierdistas, al campesino que se acomoda a la presión guerrillera o al propietario que se resigna a pagar cuota a la "convivir" de turno, al que apoya la negociación con la guerrilla o con los paramilitares, al que argumenta que la violencia surge en medio del desempleo y la violencia o que el paramilitarismo fue una respuesta a la violencia guerrillera. Describir y argumentar es justificar, justificar es apoyar, apoyar es ser cómplice, los cómplices son tan responsables como los que manejan el fusil o la motosierra.

Yo sigo en mi esquizofrenia: rechazo las ideas del senador Cepeda, creo que los grupos que apoyó son culpables de muchos crímenes, pero que nadie tenía derecho a asesinarlo y que el Estado colombiano es responsable por no haber hecho pagar a quienes lo mandaron matar, en parte porque a muchos de sus agentes los frena la idea de que algo había de justificado en ese crimen, de que es injusto sancionar a los que nos defienden, o de que quienes reclaman que se castiguen son enemigos del Estado. Y creo que fue un crimen el ataque al Palacio de Justicia, pero que es bueno castigar a los que, para reprimir el delito, se convirtieron en criminales.
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