"Sin permiso, Arizona busca regular la inmigración al crear una política migratoria específica para el Estado que fue diseñada expresamente para suplantar la del Gobierno federal. Por lo tanto, la ley excede el rol del estado frente a los extranjeros, interfiere con las leyes federales sobre inmigración y lesiona delicadamente los objetivos de la política exterior", dice el documento presentado ante la Corte.

La SB 1070 declara -por primera vez la historia del país- que la inmigración ilegal es un delito estatal. Así mismo, obliga a la Policía del Estado a exigir documentación a cualquier persona de quien se tenga sospechas de que puede ser un ilegal.

Por otra parte, el Departamento de Justicia dice que  la aplicación de la Ley desviará recursos de otros frentes que sí requieren la mayor atención como narcotráfico, terrorismo y  pandillas callejeras.

Aunque la Ley ya había sido demanda por organizaciones civiles, la presentada por el Departamento de Justicia abre la puerta para una gran batalla que probablemente llegará hasta la Corte Suprema.

Y el resultado será crítico, pues otros 20 estados del país, emulando a Arizona, empujan leyes similares en la actualidad.

Este 'pulso' jurídico constituye, de paso, una apuesta de altas consideraciones políticas para Obama. Si bien la Ley había caído muy mal entre las comunidades de hispanos y otros inmigrantes -que componen casi el 20 por ciento del parte electoral-, sucesivas encuestas muestran que una gran mayoría de estadounidenses, el 62 por ciento según el último sondeo, la respalda.

SERGIO GÓMEZ MASERI
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
WASHINGTON