Uno de los mensajes más contundentes que los colombianos enviaron en la pasada campaña presidencial a todos los aspirantes fue el de su hastío con la corrupción. A pesar de ello, no cesa el continuo destape de escándalos sobre malos manejos en la administración pública, reportados por medios de comunicación o revelados por organismos de control y entes de vigilancia.

El más reciente se desató por la grabación de una conversación entre el representante a la Cámara por Bogotá Germán Olano y el contratista Miguel Nule, en la que queda de manifiesto una supuesta molestia del contralor capitalino, Miguel Ángel Moralesrussi, por el incumplimiento en el pago de una multimillonaria coima. En respuesta, ayer, la Fiscalía General abrió indagación preliminar contra el jefe del organismo de control distrital.

Pero, más allá del resultado de las pesquisas, los términos y el tono empleados en la bochornosa charla son reflejo tanto del alto nivel al que ha llegado la corrupción en la capital como del comportamiento mafioso de sus protagonistas. Con razón este contubernio entre políticos, autoridades y grandes contratistas ha sido bautizado como un nuevo 'cartel'.

Pero si llueve en Bogotá, donde el Estado tiene una mayor presencia y los entes de control, más músculo investigativo y autonomía, en el resto del país no escampa, sino que diluvia. Una mirada a los llamados de alerta de la oficina del zar anticorrupción en este mes de junio confirma que la metástasis de este cáncer golpea los cuatro puntos cardinales. En licitaciones municipales en 31 departamentos se han detectado asignaciones irregulares de contratos de vías y otras obras públicas. La oficina de lucha contra este flagelo reveló sospechas en 58 contratos avaluados en 76.000 millones de pesos, así como una alerta sobre posible direccionamiento de una licitación de la gobernación de Arauca por 4.000 millones de pesos para comprar equipos pedagógicos.

Todo esto sin contar las conocidas megaobras, donde los porcentajes o los montos para distribuir son más altos. Las modalidades para apropiarse de recursos públicos de manera irregular se actualizan -embargos fraudulentos en Palestina (Caldas) o falta de publicidad de la licitación en Hatonuevo (Guajira)-, pero la consecuencia sigue siendo la misma: los impuestos de todos terminan en los bolsillos de unos pocos ladrones.

La corrupción en Colombia es dinámica y cada vez gana más en sofisticación técnica. Ya no se limita a la captura básica de una entidad estatal, como una licorera por un cacique político, sino que incluye complejos entramados jurídicos y administrativos. Estos van desde el favorecimiento regulatorio hasta las adjudicaciones específicas, pasando por la violación flagrante de los principios de la contratación estatal. Las denuncias tampoco ceden: el año pasado, el zar anticorrupción recibió unas 444 mensuales en promedio. Y en los dos primeros meses de este año ya iban 2.131.
A su vez, Planeación Nacional identificó desde el 2005 unas 24.786 presuntas irregularidades en el manejo de los recursos de las regalías por los entes territoriales.

La percepción de la corrupción en el país también ha aumentado.
En el índice de Transparencia Internacional del 2009, Colombia quedó de 75 entre 180 países y cayó cinco puestos frente al año previo. La rendición de cuentas del Gobierno muestra que existen herramientas para combatir y estrategias definidas para castigar a los venales, pero los dientes a la hora de la verdad son muy débiles. Mientras las numerosas denuncias, tanto en el municipio pequeño como en la millonaria obra de infraestructura, no se traduzcan en procesos judiciales y condenas de cárcel ejemplares, este cáncer de la administración pública seguirá consumiendo nuestros escasos recursos.

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