El Juzgado Segundo Especializado profirió fallo condenatorio en contra de los uniformados adscritos al Batallón José Hilario López.

En la audiencia de lectura de sentido del fallo, el Juez condenó al sargento viceprimero Alexis Ramírez Vivas, el cabo tercero Javier Adolfo Osorio Díaz y los soldados campesinos, Numar Armido Buitrón Cabezas, Lisandro Caicedo Obando, Javier Francisco Belalcázar Tróchez y William Weimar Lemeche Hurtado.

La muerte de Legarda se presentó el 16 de diciembre de 2008, cuando se desplazaba por una vía  del municipio de Totoró  en una camioneta del Cric (Consejo regional Indígena del Cauca) en la cual se disponía a recoger a su esposa que regresaba de Suiza. Ese día, en la madrugada, el vehículo fue impactado 17 veces por las balas.

Según el Ejército, el vehículo no respetó  un pare. Pero, después, reconocería que se trató  de un error.

Quilcué dijo, en ese entonces, que se trataba de un atentado contra ella porque ese era el carro en que ella siempre se movilizaba.

Durante el juicio la Fiscalía pidió  la condena de los militares por el delito de homicidio en persona protegida.

Argumentó  que el asesinato se dio en medio del liderazgo ejercido por Quilcué, en aquel entonces, máxima representante del Cric, sin olvidar la participación que tuvo la víctima en la 'Minga de resistencia' en el 2008, movimiento de clara oposición a las políticas del Gobierno Nacional.

También expuso en su argumentación, la capacitación y entrenamiento recibido por los militares que dispararon al paso de la camioneta del Cric, no estaba la señalización exigida cuando se monta un retén.

La defensa, por su parte, insistió en la inocencia de los militares y pidió la absolución señalando que en este caso no hay responsabilidad penal en tanto no existió  dolo o intención, aunque sí una equivocación al atacar el automotor, lo que se define como 'error invencible'.

Para la viuda Quilcué, el asesinato de su esposo es un crimen de Estado e iba dirigido a ella.

Desde su inicio el juicio fue monitoreado por una misión de Abogados Sin Frontera Canadá, quienes asistieron como observadores.

Los militares permanecen detenidos en las instalaciones del batallón en Popayán.