Gobierno plantea ajustes para determinar cuándo un jefe militar responde por delitos de sus tropas.

La respuesta del Gobierno a la condena de 30 años contra el coronel (r.) Alfonso Plazas Vega por la desaparición de once sobrevivientes del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985, será un proyecto que se llevará al Congreso para "evitar el desestímulo en las Fuerzas Armadas de Colombia", según anunció el propio presidente Álvaro Uribe.

En una reunión con la cúpula militar que duró tres horas en la Casa de Nariño, Uribe garantizó que su Gobierno, que se acaba en dos meses, está decidido a impulsar normas que protejan a los militares de lo que ha calificado como una persecución jurídica que busca frenar a la Fuerza Pública.

En esencia, se trataría de reforzar la figura del fuero militar, duramente cuestionada en casos de derechos humanos, y establecer parámetros para comprobar la responsabilidad de los mandos en delitos que por acción u omisión cometan sus subalternos.

"Invito al país a pensar en una legislación que rodee de plenas garantías a las Fuerzas Armadas -dijo anoche el Presidente en una alocución televisada en la que lo acompañó la cúpula- (...) Una nueva legislación debe ser rigurosa en la exigencia de probar el dolo para asignar responsabilidad a coautores mediatos, tanto por acción como por omisión; también como elemento esencial del concierto para delinquir".

El ministro de Defensa, Gabriel Silva, y la cúpula militar firmaron un comunicado en el que hablan de un "profundo dolor y tristeza por la decisión" en contra de Plazas y "exhortan a los soldados de tierra, mar y aire (...) a mantener la moral en alto y el espíritu combativo indomable".

Antes de la cita en Palacio, Uribe había dicho que "se está construyendo un panorama de inseguridad jurídica que atenta contra el manejo del orden público en Colombia", si bien resaltó que la labor de la Fuerza Pública debe ser transparente y plenamente enmarcada en el respeto a los derechos humanos.

Piden respeto a la justicia

En la mañana, en una entrevista radial, se había referido a la posibilidad de que el caso contra el ex presidente Belisario Betancur sea reabierto por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes: "Los colombianos que vivimos la época, independientemente de que estuviéramos de acuerdo o no con el presidente Betancur, sabemos de su buena fe y de su patriotismo (...) Cuando hay buena fe y cuando hay patriotismo no hay espacio para el dolo. Se excluye totalmente el delito".

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¿Cómo ve la condena de 30 años al coronel Plazas Vega?

Es muy exagerada. Es injusta porque no está demostrada en la responsabilidad del coronel Plazas en los hechos que se le endilgan, como son las desapariciones y muertes de personas. Con una sola versión se le dio validez al proceso, de alguien que no se sabe si estuvo ahí (en el Palacio).

Frente al indulto otorgado al M-19, ¿debería ser para todas las partes y por todo lo que ocurrió?

Lo que es injusto es que los que cometieron el crimen andan por ahí y al personal que defendió la ley, al Estado de Derecho y que rescató el Palacio le están metiendo 30 años de cárcel. Por lo menos a mí, me parece incongruente eso.

¿La compulsa de copias al ex presidente Betancur va en contra de la cosa juzgada, como lo que dice el presidente Uribe?

Si la jueza lo ordena, tiene que ser válido porque es competente para hacerlo. Yo creo que el ex presidente Belisario Betancur tendrá algo que agregar que puede favorecer ciento por ciento al coronel Plazas y a los oficiales encartados en ese caso.

¿Es válida la propuesta de Gustavo Petro sobre cambiar años de cárcel por verdad?

Ellos no tienen por qué estar haciendo esas propuestas. Además, en un proceso lo primero que dice el procesado es la verdad, y creo que lo que ha dicho el coronel Plazas y lo que ha dicho el general Arias es la verdad.

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¿Qué representa la condena al coronel Plazas Vega?

Más que justicia, un reconocimiento a la lucha de los familiares de los desaparecidos, quienes durante 25 años no nos hemos cansado de repetir que nuestros familiares salieron vivos del Palacio de Justicia y luego fueron torturados, asesinados y desaparecidos.

¿El indulto no sólo debió otorgarse al M-19?

Esta sentencia no dice que el coronel Plazas haya cometido un delito cuando entró con los tanques al Palacio. Es puntual en condenarlo por considerarlo partícipe en la desaparición de 11 personas que salieron vivas. Si el Presidente lo que necesita es retirarles el indulto a los miembros del M-19, creo que él debe conocer qué procedimientos seguir, toda vez que en el año 1989, cuando promulgaron la ley que indultó al M-19 era senador de la República.

¿Es válida la propuesta de cambiar años de cárcel por verdad?

No nos movemos de nuestros tres ejes fundamentales: verdad -saber qué pasó con nuestros familiares-, justicia y reparación, que significa recuperar los restos, por lo menos una falange de ellos.

¿El caso del ex presidente Betancur es cosa juzgada?

Belisario Betancur no ha sido juzgado. En Holanda dejé una carta ante el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno, en la que le informo del caso y le pido que si la justicia colombiana no actúa, esa corte sí lo haga.

Ordenan proteger a la jueza del caso

A través de un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) insistió ante las autoridades colombianas para que a la jueza María Stella Jara y al hijo de ella las autoridades les brinden medidas cautelares de protección. Una primera solicitud al respecto ya se había hecho el pasado 2 de junio. Estas medidas, según los compromisos internacionales firmados por el país, deben ser acatadas sin restricciones.

Hay tres factores que justifican la protección para Jara y su familia, dice la CIDH: que la jueza ha recibido amenazas de supuestos grupos armados al margen de la ley, que estas se han intensificado en los últimos meses y que el Estado se ha demorado en brindarle un esquema de protección adecuado.