La celebración del Día del Medio Ambiente, hoy 5 de junio, tiene como telón de fondo una de las mayores catástrofes ecológicas de la historia: el derrame de petróleo en el Golfo de México como resultado del incendio de una plataforma marina a cargo de British Petroleum. Es un desastre que ya superó el caso del buque 'Exxon Valdez' sucedido en 1989 y cuyas consecuencias fueron devastadoras. Pero la magnitud que podría alcanzar el vertimiento actual y sus impactos sobre una vasta zona costera de Norteamérica son desconocidos, puesto que hasta la fecha los intentos para detener el flujo de crudo han sido fallidos.

Dentro de las explicaciones relativas a la ocurrencia de la tragedia, los conocedores aseguran que hubo falta de control y monitoreo de la operación por parte de las autoridades estadounidenses, cuando supuestamente ese país cuenta con instituciones robustas en temas ambientales y de energía. Esas presuntas fallas son más protuberantes ante la impotencia de Washington para superar la emergencia, debido a que las soluciones técnicas están exclusivamente en manos de la empresa responsable del accidente.

Este último hecho es inherente a la naturaleza de una actividad empresarial de alto contenido tecnológico, pero a su vez indica el mayor celo y firmeza que deben tener los Estados en relación con las acciones de licenciamiento, prevención y monitoreo ambiental de operaciones complejas, como la extracción de petróleo en el subsuelo marino. Por lo tanto, no se necesita ser un experto en el tema para concluir que se viene un aumento de la regulación, para evitar catástrofes como la ocurrida.

Así las cosas, las lecciones de la debacle en el Golfo comienzan a surgir y no dejan de tener relevancia para países como Colombia, cuyo futuro económico parece estar cada vez más vinculado al desarrollo de la gran minería y de la explotación petrolera. Y es que nuestro país no parece contar hoy con las autoridades ambientales, mineras y energéticas con la suficiente solvencia de conocimientos, ni con las capacidades de prevención y control que garanticen que estas actividades se desarrollen sin perjuicio de la protección de su patrimonio natural.

Para ilustrar esta incapacidad, simplemente hay que recordar los problemas ambientales y sociales que hemos enfrentado en los últimos años en relación con las explotaciones de carbón en el centro del Cesar -tal como lo reveló un informe de la Procuraduría General de la Nación- o la forma irresponsable como se han entregado títulos mineros en áreas de especial importancia ecológica como los parques nacionales y los páramos. A lo anterior hay que agregar la falta de claridad de diversas entidades públicas sobre la factibilidad ambiental de diversos proyectos mineros, como el de La Colosa, en el Tolima, y su posible impacto sobre la riqueza hídrica del departamento. Y habría que añadir las tragedias en el entorno natural que está causando la minería ilegal, frecuentemente vinculada a grandes empresarios, como se evidenció recientemente en el caso del río Dagua, en el Valle del Cauca.

Sin duda, el próximo Gobierno deberá adecuar la institucionalidad minera, energética y ambiental a la realidad de un país que cada vez depende más de su subsuelo. Esto con el fin de asegurar que, al tiempo que Colombia aprovecha dicha riqueza para su desarrollo, proteja ese patrimonio insustituible y único en el mundo, compuesto por biodiversidad y agua, del cual depende la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones. A ello deberían comprometerse los candidatos presidenciales como mejor forma de celebrar el Día del Medio Ambiente. Hay que evitar que en el país sigan ocurriendo casos como los antes mencionados, o que se lleguen a registrar desastres como el del Golfo de México.