El general (r.) Pauselino Latorre se expone a 15 años de prisión por negocios con el narco Carlos Aguirre Babativa.

Ante un juez especializado de Bogotá, la Fiscalía dijo ayer que al general (r.) del Ejército Pauselino Latorre se le debe "aplicar todo el peso de la justicia" y pidió contra el oficial la máxima pena posible por lavado de activos; es decir 15 años.

"El señor Pauselino Latorre sabía lo que hacía, para quién lo hacía y para qué lo hacía, sin ninguna circunstancia que pueda justificar su conducta, con todo el conocimiento que le dieron su vida, recorrido, experiencia y mando como miembro de la Fuerza Pública", dijo la fiscal del caso, al pedir la condena.

Latorre fue capturado en el 2008 en un operativo antidrogas en el que resultó detenido un sobrino suyo, el ex fiscal especializado Leobardo Latorre. Ambos fueron señalados como parte de una organización de narcotraficantes a los que, según la investigación, asesoraban para que sus negocios no levantaran sospecha.

La prueba reina contra el general (r.) son grabaciones que lo comprometen con la organización del extraditado narcotraficante Carlos Aguirre Babativa.

La Fiscalía dice que esas conversaciones demuestran "no sólo la cercanía que tenía el general Latorre con el líder de la organización criminal de Carlos Aguirre Babativa, sino actividades concretas que realizó para administrar y transformar los dineros adquiridos ilícitamente del narcotráfico y darles apariencia de legalidad".

Apenas horas después de la captura, tanto el general (r.) Latorre -que es recordado porque en el 2005 organizó una expedición militar al Caguán en búsqueda de las 'guacas' de las Farc- como su sobrino quedaron en libertad por decisión de un juez de garantías de Bogotá. Sin embargo, el proceso en su contra siguió adelante.

El ex fiscal Leobardo Latorre, reconocido como uno de los hombres más preparados de la Fiscalía en el nuevo sistema penal acusatorio, resultó envuelto en otro escándalo cuando se reveló que asesoraba a militares implicados en el asesinato de una comisión de la Dijín en Jamundí.

REDACCIÓN JUSTICIA