Fue condenado a 18 años de cárcel; padre de niños pide reparación económica de Diócesis.

José Manuel Muñoz, un desplazado por la violencia que se gana la vida como carretillero en la plaza del Líbano (Tolima), se arrepiente del momento en que acudió a la iglesia de San Antonio a pedir ayuda para sus hijos.

Muñoz, bogotano de 47 años, llegó a comienzos del 2007 desde el corregimiento Santa Teresa. Sin nada que ofrecerles a su esposa y a sus seis hijos, fue a la parroquia por sugerencia de una conocida.

Allí, lo recibió el párroco Luis Enrique Duque, quien se mostró dispuesto a colaborarle, advirtiéndole que sólo podía darle la mano cuidando a sus dos hijos mayores, que entonces tenían 7 y 8 años. Duque fue capturado el pasado 5 de mayo y condenado por acceso carnal en menor de edad. Las víctimas: los dos hijos mayores de Muñoz.

"Hagamos una cosa, déjeme al niño grandecito esta semana. El sábado viene por él y me trae al pequeño", le propuso el párroco.

Muñoz y su esposa recibieron el apoyo con alegría. El sacerdote les garantizaría comida a sus hijos, les enseñaría a leer y a escribir, y los convertiría en buenas personas. Sin embargo, el padre de los menores empezó a sospechar que algo andaba mal cuando fue a recoger al mayor, que ya llevaba 12 días con el sacerdote.

"Me lo entregó enfermo, acabado y muy aburrido. Le dije al pequeño: 'Camine, que el padre nos está ayudando', y él me respondió que no quería quedarse con el cura", recordó Muñoz. El niño se resistía a contar por qué no quería volver. Pero un día, de repente, le dijo al papá: "Si le cuento, ¿no me pega?".

Lo que vino de ahí en adelante fue la sórdida confesión de los abusos sexuales del sacerdote. Los relatos, que quedaron registrados en la Fiscalía y en Medicina Legal en junio del 2007, dieron origen a la primera detención del padre Duque, dos meses más tarde.

"Nos metía a su cama, nos manoseaba y acariciaba, nos hacía muchas cosas", contaron los niños.

El sacerdote, de 65 años, fue llevado a una casa fiscal de la cárcel Picaleña, en Ibagué, de donde salió en libertad condicional a comienzos del 2008 por vencimiento de términos. Meses más tarde, cuando su caso fue retomado y la justicia lo condenó a 18 años y 4 meses de cárcel, huyó.

Después de que Duque salió por vencimiento de términos, dice la Policía, trabajó en la iglesia del Divino Niño, de Ibagué, y desapareció luego de enterarse de la condena, al ratificar la justicia que la denuncia en su contra era contundente.

Su superior inmediato, el obispo José Miguel Gómez, de la Diócesis Líbano-Honda, reconoció estar enterado, pero aclaró que su jurisdicción se limita a la Diócesis y que no tiene que ver con lo que sucede en Ibagué.

El 5 de mayo pasado, dos años después de haberse fugado, Duque fue capturado en El Santuario (Antioquia), su tierra natal y trasladado a la cárcel Bellavista, en Medellín.

Lo ocurrido dejó en los niños secuelas físicas y emocionales. Según Diego Padilla, coordinador de calidad del hospital del Líbano, y quien conoce las historias clínicas, el mayor (hoy de 11 años) debe ser intervenido quirúrgicamente.

Pero el estado emocional de los niños es más preocupante.

"No quieren estudiar, son agresivos y en la calle otros niños les gritan: 'A ustedes los violó un cura', y ellos se sienten muy mal", cuenta el papá.

"Les digo que se olviden de lo que les pasó, pero no pueden", agrega Muñoz, quien asegura que a la fecha no ha recibido apoyo ni reparación de la iglesia Católica. "He ido a la Curia a pedir ayuda y dicen que no tienen nada que ver con el caso", dice.

El abogado David Martínez, apoderado de la familia, afirma que hay una demanda en contra del sacerdote y de la Diócesis del Líbano-Honda.

La demanda, que depende del fallo del juzgado de ese municipio -y que está por proferirse-, pretende que la Diócesis repare económicamente con 867 millones de pesos los perjuicios causados a los niños y a la familia.

"Cuando este caso se conoció, el padre fue destituido por decreto de la Curia Episcopal y se inició la investigación canónica", aclaró monseñor Gómez.

Según el prelado, las víctimas no han solicitado ayuda ni denunciado al padre. Añadió que siempre han estado dispuestos a colaborar. Y en relación con la demanda que recae sobre su Diócesis, afirmó que la responsabilidad es del sacerdote y no de la institución.

"Se equivocaron al tratar de involucrar a la Diócesis de la que no dependen los malos comportamientos de algunos. Este es un caso terrible que nos duele mucho, pero el resarcimiento le corresponde al implicado", dijo monseñor.

La Conferencia Episcopal, basada en la legislación colombiana, se pronunció en términos idénticos: el que debe reparar económicamente es el sacerdote y no la Iglesia como institución, como ocurre en Estados Unidos y en países de Europa.

JOSÉ ALBERTO MOJICA P.
REDACCIÓN VIDA DE HOY