Más temprano que tarde, el presidente Uribe deberá enfrentar demandas penales. Como van las cosas, el Mandatario se ve obligado a manifestar su inocencia permanentemente. "Nadie puede decir que haya recibido una palabra o una insinuación de mi parte para violar la ley", volvió a repetir.

La responsabilidad política del Presidente en crímenes cometidos por sus subalternos está comprometida, pero comprobar su responsabilidad penal, tanto para las interceptaciones ilegales como para las ejecuciones extrajudiciales, requiere más de lo que ha trascendido en los medios de comunicación. Sin embargo, son tantos los documentos que todavía no han salido a la luz pública y tan graves los testimonios que se están recogiendo que una acción penal, tanto aquí como en el exterior, es previsible.

Por eso, el planteamiento de una posible extradición del Presidente es válido. No es secreto que él teme la intervención de la justicia internacional, y de ahí que el debate se haya centrado sobre su figura y no sobre las órdenes de captura ecuatorianas para Juan Manuel Santos y el general Padilla. Era de esperarse que se hubiera tratado de obtener del puntero en las encuestas una garantía de no extradición que amilanara los miedos del círculo presidencial.

Dicho esto, el tratamiento del tema olió a algo de emboscada. Si Mockus respondía que sí extraditaría, se pretendía condenarlo en la opinión pública como un enemigo del Presidente. Y si, por el contrario, expresaba su negación a hacerlo, se esperaba exponer una contradicción en su compromiso con la legalidad democrática.
"Si la justicia ecuatoriana condenara a Álvaro Uribe, ¿usted lo extraditaría?", le preguntaron a Antanas Mockus. En respuesta a este caso específico, la respuesta parece sencilla. Se esperaría del Presidente, fuera quien fuera, que no expusiera a ningún colombiano a juicios con tintes de persecución política. Cuando la normalización de las relaciones andaba por buen camino, las órdenes de captura de Santos y Padilla quedaron en el limbo; no obstante, fueron reactivadas una vez el diálogo político se complicó. Deja un mal sabor sobre la independencia de la justicia ecuatoriana.

Pero pasar del dossier ecuatoriano a afirmaciones generales resulta engañoso para el electorado. Juan Manuel Santos hizo honor a la visión de la política como el arte de la simplificación. "Sobre mi cadáver extraditaría de Colombia al presidente Uribe", afirmó. Olvida -o peor-, recuerda pero decide ignorar que, si existiera una solicitud de entrega de la Corte Penal Internacional, no tendría más opción que enviarlo a La Haya. La única manera de rechazar el pedido de la Corte sería la conducción de procedimientos judiciales en Colombia por los mismos delitos. En ese sentido, Mockus fue claro: "Esperaría que fuera la justicia colombiana que juzgue ese tipo de acusaciones".

En Europa, es notorio el creciente fenómeno de invocación de la jurisdicción universal por parte de cortes nacionales para juzgar crímenes contra la humanidad en cualquier lugar del mundo. Los gobiernos han tratado de cortar las alas de los jueces con legislación, como en España y Bélgica, que limita la acción de los tribunales a las víctimas de su propio país. Pero sólo es cuestión de encontrar una víctima con doble nacionalidad. De iniciarse un proceso en Europa, el problema se agravaría si el Presidente dejara el territorio nacional porque la decisión estaría en manos de actores foráneos, al estilo de precedentes como el de Pinochet y Fujimori.

Ante una situación hipotética de extradición, se puede prever un apoyo político del próximo mandatario pero, guste o no a los colombianos, este no podrá controlar la realidad política exterior, ni tampoco escapar la legalidad internacional.