El ex director de operaciones del organismo Carlos Arzayuz responde por cuatro cargos penales. Detalles de testimonio clave.

En el llamamiento a juicio contra el ex subdirector de operaciones del DAS Carlos Alberto Arzayuz por el escándalo de las 'chuzadas' -cuatro delitos, entre ellos concierto para delinquir y abuso de autoridad- la Fiscalía acaba de hacer algunos de sus más duros pronunciamientos sobre los seguimientos y escuchas ilegales realizados por ese organismo de inteligencia entre el 2004 y finales del 2008.

Una fiscal delegada ante la Corte acusó a Arzayuz de ser pieza clave de un supuesto plan de inteligencia que era en realidad "una empresa criminal creada al interior del DAS con concertación y acuerdo no solo de sus miembros, sino igual y principalmente de sus superiores y directivos de la entidad, los que a su vez debían rendir informes al Gobierno Nacional".

Arzayuz estuvo en su cargo entre el 2004 y el 2005 y la Fiscalía tiene pruebas que demuestran que estuvo al tanto de seguimientos a ONG e incluso a figuras internacionales como José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch; y Susana Villamarín, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

A ellos, según un reporte secreto de actividades, les hicieron "inteligencia ofensiva" en sus visitas a Colombia.

¿Qué significaba ese término? Lo explicó el fallecido analista Jaime Ovalle, que primero coordinó el G-3 y luego otro grupo, el Goni, el de los seguimientos a magistrados de la Corte Suprema.

Se trataba, dijo Ovalle, de "tareas de interceptación que permitían prevenir al Gobierno sobre maniobras ejecutadas por las ONG (...)
y movimientos de integrantes de ONG extranjeras que viajaban a Colombia a denunciar supuestas violaciones de derechos humanos". Afirmó que el entonces director del DAS, Jorge Noguera, enviaba esas alertas al Gobierno, especialmente al Ministerio de Defensa de la época.

Para la Fiscalía, que ha ordenado una docena de capturas y que debe resolver la situación de cuatro ex directores del DAS investigados, es claro que el G-3 "escogía de manera permanente objetivos o 'blancos' cuya característica común era ser opositores del Gobierno Nacional".

"Se realizaban respecto de ellos toda clase de delitos, tales como seguimientos ilegales, interceptaciones telefónicas, de móviles y correos electrónicos con la específica finalidad de conocer sus movimientos y generar informes de inteligencia para alertar al Gobierno -dice la acusación contra Arzayuz-, al igual que (para) diseñar estrategias para debilitar e intimidar a quienes ostentaban ideología y convicciones diferentes".

Además de Noguera, el ex subdirector José Miguel Narváez y el ex secretario general Gian Carlo Auque aparecen seriamente enredados en esas prácticas ilegales entre el 2004 y el 2005. Los tres están detenidos por el escándalo.

Según Ovalle, Narváez señaló como 'prioridades' al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y a la Comisión Colombiana de Juristas, cuyos miembros fueron víctimas de seguimientos e interceptaciones ilegales del G-3.

Ovalle también dijo que Narváez ordenó seguimientos a sindicatos que tenían demandas contra el Estado en tribunales internacionales.

La defensa de Arzayuz sostiene que él se limitó a cumplir órdenes y que lo que se hizo en el G-3 estaba autorizado por la ley. Por eso pidió cerrar el proceso, petición que fue negada por la Fiscalía.

Corte pidió definir caso de Hurtado

La versión del ex jefe Auc Salvatore Mancuso sobre un supuesto acuerdo con el DAS para afectar a la Corte Suprema provocó reacciones. Ayer, el magistrado Jaime Arrubla, presidente de ese tribunal, pidió que la Fiscalía se apure para definir la situación jurídica de la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado, seriamente cuestionada por el escándalo de las 'chuzadas'. Por su lado, el actual director del DAS, Felipe Muñoz, emplazó a un detective retirado a que ponga en conocimiento de la Fiscalía supuestas pruebas de actividades del organismo antes y después su llegada a la Dirección del DAS, en febrero del año pasado.

REDACCIÓN JUSTICIA