Han pasado muchos años desde cuando a los estudiantes colombianos se les enseñaba que el país era uno de los principales productores de oro del mundo. A pesar de ser la cuna de la leyenda de El Dorado y de haber visto pasar a los conquistadores que, ansiosos, buscaban las míticas riquezas que los indígenas ubicaban en un lejano punto de los Andes, la explotación del metal amarillo entró en un lento declive a lo largo del siglo pasado, aunque sin desaparecer por completo. En contraste, en otras naciones latinoamericanas y particularmente en Perú, empezaron a aparecer importantes yacimientos, que han ubicado a este último país a la vanguardia en el planeta, junto con Sudáfrica, China y Australia.
Sin embargo, de un tiempo para acá las cosas han empezado a cambiar. Tanto, que de manera silenciosa el oro ha llegado a ocupar el renglón número tres de las exportaciones, por debajo del petróleo y el carbón y por encima del café. Según el Dane, las ventas del metal en el primer bimestre del 2010 ascendieron a 272 millones de dólares, un 35 por ciento más que en igual período del año previo.
Buena parte de lo sucedido tiene que ver con el buen comportamiento de los precios internacionales, que ayer superaron los 1.175 dólares por onza de 31 gramos. Dicha alza es una consecuencia directa de la relativa incertidumbre que todavía rodea a la economía global, pues muchos inversionistas acuden a la compra de metales preciosos en busca de un refugio seguro.
Pero no menos importante es el auge del sector, gracias al hallazgo de nuevos yacimientos y a la llegada de importantes firmas extranjeras, que han empezado a desarrollar proyectos o han adquirido minas ya existentes, con el fin de hacer más eficientes y productivos los métodos de extracción. Al tiempo que eso ocurre y los procesos industriales comienzan a pesar cada vez más en la canasta aurífera, se han multiplicado también las explotaciones artesanales, que atraen de un momento a otro a miles de personas, que buscan fortuna metidas en el fango y en medio de las peores condiciones de miseria.
El caso más reciente es el de Zaragoza, en cercanías de Buenaventura, a donde hace más de un año llegaron de un día para otro las dragas ilegales, la informalidad y la violencia, manifestada en más de dos docenas de muertos. Y es que, junto con la gente que aparece con su batea bajo el brazo, también han arribado los violentos, que imponen la ley y se quedan con una buena tajada de la riqueza. En respuesta, el Ministro del Interior prometió esta semana una solución que incluiría la legalización de las prácticas de extracción, mediante la conformación de cooperativas con pobladores de la zona, una propuesta que no dejó satisfechos a los gremios y empresarios del Valle del Cauca.
Sin entrar a discutir este ejemplo específico, lo sucedido ha vuelto a poner de presente que el Estado colombiano tiene elementos precarios para manejar una bonanza que, bien administrada, debería ser fuente de progreso y desarrollo de las zonas de influencia de los proyectos. Parte del problema tiene que ver con los intereses disímiles y antagónicos de al menos tres ministerios (Ambiente, Minas e Interior), al igual que de Ingeominas. Pero mucho está relacionado con las autoridades locales, que a veces fomentan la informalidad y fallan a la hora de aplicar las más elementales normas.
Lo acontecido demuestra que es necesario construir una política coherente, que atienda las inquietudes tanto de la pequeña como de la gran minería, en un marco de respeto a la legalidad. Sin desconocer lo hecho hasta ahora, es necesario multiplicar los esfuerzos para que la llegada de este nuevo Dorado no deje la estela de daños ecológicos, desilusiones y sueños incumplidos que han sido más la constante que la excepción en la compleja historia de Colombia.