Todo parece indicar que esta semana la Cámara de Representantes discutirá un polémico proyecto de ley que incrementaría las pensiones de los congresistas jubilados antes de 1992. La iniciativa aumentaría en un 25 por ciento las hoy generosas mesadas de los viejos parlamentarios para equiparlas a las de sus colegas que hoy en día se retiran con las tres cuartas partes del último salario.

En momentos en que el Gobierno Nacional ha expresado preocupación por el acelerado crecimiento de los pagos pensionales a su cargo como porcentaje del PIB, esta propuesta, promovida por el senador caucano Aurelio Iragorri, no sólo es inconveniente, sino onerosa para las finanzas públicas. De ser aprobada, los sobrecostos para el erario alcanzarían los 700.000 millones de pesos y se abrirían las puertas a decenas de demandas de políticos jubilados contra el Fondo de Pensiones del Congreso para pedir millonarios ajustes de sus mesadas. En otras palabras, otra vena rota de los de por sí menguados e insuficientes recursos del Estado destinados a los más del millón de retirados bajo su responsabilidad.

Además, la medida daría al traste con parte del positivo esfuerzo gubernamental para eliminar los regímenes especiales a partir de agosto de este año y limitar las pensiones públicas a un tope máximo de 25 salarios mínimos legales. La iniciativa no solo le haría el quite a lo estipulado por el acto legislativo número 1 del 2005 con el fin de reducir el pasivo pensional, sino que podría prestarse para futuros aumentos de las mesadas de los congresistas. Aunque los ponentes defienden el proyecto con el argumento de la igualdad entre los pensionados viejos y los nuevos, es precisamente la inequidad la característica general del sistema pensional del país.

Pero, más allá de la inconveniencia fiscal de la propuesta, que los parlamentarios busquen elevar el paracaídas dorado de sus ex colegas raya en lo vergonzoso, en una sociedad donde la pensión es un sueño inalcanzable para tantos. Según datos del Dane, solo alrededor del 25 por ciento de los colombianos está afiliado al sistema pensional y, debido a la inestabilidad y la informalidad laboral, muchos no cotizan de manera regular. La dura realidad es que para un buen número de compatriotas será muy difícil acceder a una jubilación digna a pesar de haber hecho sus aportes.

Mientras senadores y representantes esgrimen argumentos de igualdad para incrementar las pensiones de sus compañeros en más de cinco millones de pesos, el monto promedio de retiro en el régimen general para el colombiano suficientemente afortunado es de 1,67 salarios mínimos, unos 800.000 pesos. Estos regímenes especiales de congresistas y magistrados de las altas cortes son la más escandalosa transferencia de subsidios públicos de la bolsa general de la Nación a una minoría privilegiada. En vez de constituir una red de protección social para los años de la vejez, las pensiones se han transformado en Colombia en otro elemento de inequidad y de distorsión fiscal. Configuran, además, una bomba social que amenaza con estallar en un futuro no muy lejano. Para los expertos, el país está peligrosamente cerca de repetir tristes escenas de sociedades como la argentina, con filas y filas de ancianos a la espera de una miserable mesada.

Bordea los límites de la ética y carece de la mínima presentación política que los representantes a la Cámara sigan el ejemplo de los senadores y legislen descaradamente en beneficio propio. La aprobación de este proyecto de ley confirmaría tanto el desdén de los congresistas por el futuro fiscal de la Nación, como su desprecio por los millones de colombianos que hoy no vislumbran la posibilidad de un justo retiro.

editorial@eltiempo.com.co