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EPS dicen que hay que revisar proyecto para que tratamientos de drogadictos entren al POS

El proyecto, radicado por el Ministerio del Interior, plantea que la drogadicción viene creciendo.

La idea de que los tratamientos contra la drogadicción sean cubiertos por el POS, el eje de un proyecto radicado el jueves por el Ministerio del Interior, no tuvo mucho eco entre los expertos en el tema ni en las EPS.

Juan Manuel Díaz-Granados, director de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), dijo que es necesario analizar el impacto económico sobre el sistema de salud antes de poner en marcha el mecanismo. Actualmente, el sistema cubre las emergencia por intoxicaciones generadas por drogas y, eventualmente, algunos tratamientos.

"Por la presión económica que tiene el actual POS (el argumento del Gobierno para decretar la emergencia social) el tema debería formar parte de la discusión sobre un nuevo plan de beneficios
antes de tomar cualquier decisión", dijo Díaz-Granados.

La iniciativa plantea la creación de centros de orientación en todo el país que funcionarían las 24 horas y que tendrían sicólogo, juez y delegado del Ministerio Público.

Hace un año expertos rechazaron la iniciativa

Entre tanto, Augusto Pérez, director de la Fundación Nuevos Rumbos, señaló que la iniciativa "pretende brindar tratamiento a personas que no están pidiendo ayuda y se corre el riesgo de invertir grandes sumas en programas que no darán resultados".

"Mi expectativa es que el 99 por ciento de las personas que sean detenidas con droga van a decir que no quieren tratamiento", dijo Pérez.

¿Considera que las medidas que propone el Ministerio bajarán las cifras de  drogadicción en Colombia? 

Ante la estructura de este proyecto lo que tengo que decir es que me parece simplemente la continuación de una iniciativa que no tiene asidero, que no tiene fundamento, no está bien concebida.

Está mal armado porque no responde a una necesidad ni a una  comprensión real sino a una posición tomada por otro tipo de motivos que definitivamente no son los motivos que pueden llevar a un grupo de expertos a tomar decisiones. 
  
¿La reincidencia en el consumo de droga y la delincuencia ligada a la adicción tienen un buen manejo en este proyecto radicado en el Congreso?

El no tratamiento como delincuentes es una manera de hablar. El hecho de que estas personas queden registradas con nombre, apellido e identificación va a llevar a que en algún momento se tomen medidas con ellos porque evidentemente van a aparecer un grupo de reincidentes una y otra vez.

Todo este montaje o supuesto montaje es para ayudar a personas que no están pidiendo ayuda, no tiene ningún fundamento ni posibilidad de realizarse. Nadie se va a esperar a que lo detengan para pedir ayuda y pedir tratamiento si en realidad quiere que lo ayuden.

La verdad es que mi expectativa es que el 99 por ciento de las personas que sean detenidas en estas circunstancias van a decir que no quieren tratamiento y no se lo van a poder imponer porque en Colombia  la Constitución prohíbe que las personas sean sometidas a algún  tratamiento en contra de su voluntad.   

¿Quiénes son los que van a ser detenidos por la Policía?

Probablemente serán el  gran número de experimentadores que se reúnen en un parque a fumar marihuana o a consumir otra cosa. Pero que no son necesariamente personas con serios problemas.

Entonces se estarían invirtiendo unas enormes energías del Estado en personas que ni están pidiendo ayuda ni tampoco la necesitan, porque aunque son consumidores de droga no son adictos.

Esto es algo que las personas que están detrás de este proyecto nunca han podido entender, se los hemos repetido en la saciedad en diferentes foros.

Entonces el punto es que los que más se van a ver en esta situación son los que menos ayuda necesitan.
 
¿El país tiene cómo sacar adelante un proyecto de esta envergadura?

Dónde está el recurso humano disponible para hacer esas evaluaciones, dónde están los siquiatras, los sicólogos, los expertos que han recibido una capacitación que les permita en tiempo limitado identificar si se trata de una persona con grandes problemas, con problemas medianos o sin ningún problema, que simplemente estaba ensayando alguna sustancia y lo agarraron. Conseguirlos puede ser difícil y prolongado.

Esos expertos en Colombia no los conocemos. Los profesionales que  tienen una experticia en el manejo de estos temas son realmente muy poquitos.
 
En medio de una crisis financiera de la salud ¿la adicción de las drogas es prioridad?

No creo en la viabilidad de esa propuesta porque mantener sitios como esos cuesta muchísimo dinero y en una situación como la que está viviendo el país últimamente hay cosas que son mucho más prioritarias en términos de que muchas personas están necesitando atención desesperada a la cual tendrían que negársela para ofrecerla a un grupo de personas jóvenes que no están pidiendo.

No se sabe cómo van a conseguir el dinero, no se sabe dónde están los expertos, están equivocados en cuanto a hacerles el supuesto tratamiento y lo único que van a hacer es crear un enorme problema con costos gigantescos y sin resultados positivos.

Esto debe someterse a un análisis mas allá de lo político, es obligación convocar a expertos que den su opinión el tema pero que esto sea tenido en cuenta. Ese es mi pronóstico.
 
El país lleva hablando varios meses de la creación de Centros de Orientación ¿qué dicen los expertos del tema?

Hace un año y medio alrededor de 15 personas de organismos nacionales, como la Fiscalía, la Policía, Medicina Legal; e internacionales como Naciones Unidas,  fuimos convocados por el Viceministro de la Protección Social para debatir si el proyecto que se estaba debatiendo en ese momento tenía sentido o no.

De  manera colectiva y unánime la respuesta de esa reunión es no, esto es insensato. Ignoraron completamente  lo que dijimos.
 
¿Por qué insistir en algo que quienes trabajan la problemática en el país consideraron inviable?

Yo lo que realmente creo es que detrás de esto hay unos intereses mal enfocados, de personas que cree que están haciendo algo bien pero que no quieren escuchar. Sabemos que lo que están proponiendo no tiene sentido.

Doy un ejemplo simple en 1994, la ley 124 propuso que los jóvenes menores de edad que fueran encontrados bajo los efectos del alcohol debían ir con sus padres al Icbf a una charla de una hora y media. Hasta ahora no se ha hecho la primera sesión.
 
Sobre la inclusión en el POS de los tratamientos, ¿Consideraría esta como una medida acertada?

Los costos de los tratamientos son muy altos en general. Estamos hablando de al menos  300 mil  colombianos con problemas serios de drogadicción  y un tratamiento dura, por corto que sea, 3 meses en promedio. Por barato el tratamiento vale 2 millones de pesos por persona. 

El soporte del proyecto es que están tratando de hacer la casa en el aire. La Corte Constitucional propuso incluir a personas de bajos recursos y me parece bien pero fíjese bien la diferencia: no imponen a la brava el tratamiento. 

Esto es un tema de políticos, no tiene que ser el Ministro el que lo promueva la iniciativa sino expertos que durante algún tiempo hayan manejado este tipo de problemáticas. Esto es lanzar una idea y crear un problema económico monumental y social.

Además la gente lo interpretará esto como un engaño. Si no tienen claro el tema es mejor que se queden quietos, y hagan la inversión en prevención que sí se necesita, y en apoyo a la gente de bajos recursos pero con estrategias sólidas.


REDACCIÓN JUSTICIA

Publicación
eltiempo.com
Sección
Fecha de publicación
22 de abril de 2010
Autor

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