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La seguridad en las elecciones

El contraste con el pasado es notable. Mientras antes se debatía, primero, entre diversas formas de negociar con la guerrilla y, después, entre negociación o enfrentamiento, hoy se discute entre distintas propuestas para consolidar la seguridad. Los términos de la discusión sobre el principal problema del país se han movido. Pero algunos -paradójicamente en círculos gubernamentales- parecen empeñados en un viejo debate, disputando diagnósticos y planes de antaño que ya pocos defienden.

Obsérvense algunas respuestas de los candidatos distantes del Gobierno a un cuestionario diseñado por la Universidad del Rosario y semana.com. Mockus: "Mantendré una política de seguridad firme, que trate de controlar las formas de violencia organizada mediante la acción de la Policía, el Ejército y la justicia". Pardo: "La paz no es asunto de negociación". Petro: "La llamada política de seguridad democrática ha tenido buenos éxitos, en particular los relacionados con la presencia de la fuerza pública en el territorio nacional y la acción contra los grupos insurgentes".

No estoy ignorando sus críticas a las políticas gubernamentales, ni sugiriendo que no haya mayores diferencias entre sus propuestas y las de los candidatos afines al Gobierno -Santos, Sanín y Vargas-. Pero importa reconocer que existen acercamientos fundamentales entre los diversos opositores políticos. Tal reconocimiento tiene una doble importancia. Por un lado, permitiría colocar el debate en otra dimensión, por encima de cualquier dicotomía simplista. Por el otro, sería lo más conducente para conquistar la paz.

En efecto, hace cinco semanas -el 18 de marzo- se firmó un "acuerdo democrático" entre casi todos los candidatos presidenciales, menospreciado en la discusión pública.
Deben repasarse con atención los 10 puntos acordados. Aquí sólo tengo espacio para mencionar algunos: "Condenamos la violencia, el terrorismo, el narcotráfico, el secuestro"; "el monopolio del uso legítimo de la fuerza y de la justicia es competencia exclusiva del gobierno democráticamente elegido"; "la política exterior debe ser guiada por el interés nacional, superando las diferencias partidistas". También acordaron defender la separación de poderes, la independencia de la justicia y los derechos humanos.
Se trata de una lista de principios tan básicos y obvios que algunos cuestionarán su necesidad. Se dirá también que antes se firmaron otros pactos similares, sin resultados visibles. Podría, además, señalarse que al acuerdo le faltan herramientas, a diferencia del pacto contra el terrorismo que en algún momento suscribieron los partidos políticos españoles.

Sin embargo, en las circunstancias del país y frente al ambiente polarizante alimentado por diversos sectores de opinión, ese "acuerdo democrático fundamental" es de enorme significado. Por su valor simbólico. Por señalar parámetros a la conducta de la campaña presidencial. Por encima de todo, por abonar el terreno al consenso nacional que se necesita para conquistar la paz.

Un aliado cercano del Gobierno ha sugerido que sólo una gran coalición de los partidos uribistas sería la "única forma de derrotar a las Farc". Hacer de la política de seguridad una bandera partidista es error de Estado. La "gran coalición" que ha hecho falta para derrotar a las Farc -como a otras organizaciones criminales-, para lograr la paz, consolidar la seguridad, es entre el Gobierno y la oposición, entre todas las fuerzas democráticas en un pacto incluyente de la sociedad civil. Una coalición de esta envergadura contra la violencia fue sugerida no hace mucho por los entonces alcalde de Bogotá y gobernador del Valle, Luis Garzón y Angelino Garzón. Distintos candidatos presidenciales también la han sugerido en otras ocasiones.

Es necesario reconocer las importantes convergencias políticas alrededor del tema de la seguridad. De lo contrario, nos mantendremos anclados en el pasado, lejos de la paz. 

Publicación
eltiempo.com
Sección
Editorial - opinión
Fecha de publicación
22 de abril de 2010
Autor
Eduardo Posada Carbó

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