Colombia, como todo país en guerra, importa y exporta mercenarios. De los guerreros clásicos al estilo Yair Klein a la versión moderna encarnada en los "contratistas independientes", estamos de mercenarios hasta los huesos.

Hoy, el tema está en la luz pública sólo porque la decisión de la Corte Europea de Derechos Humanos provocó indignación. Es verdad que la prohibición de extraditar a Yair Klein, entrenador de paramilitares, va en detrimento del derecho a la verdad de las víctimas. Pero no nos demos ahora golpes de pecho invocando la tan pedestre argumentación de los "dobles estándares" para deslegitimar a las instituciones internacionales.

En 1989, el tribunal europeo determinó que "si existe un riesgo serio de que una persona deportada o extraditada pudiera ser sometida a tortura o tratamiento cruel inhumano o degradante, la deportación o extradición misma podría constituir tratamiento inhumano" (Soering vs. Reino Unido). A partir de este precedente, esta corte ha evaluado no sólo la situación general del país receptor sino también el riesgo específico al cual sería sometido cada persona. Con base en los informes de derechos humanos de la ONU y del Departamento de Estado y una afirmación del vicepresidente Santos ("este señor debería pudrirse en la cárcel"), una mayoría de magistrados respaldó la demanda de Klein.

Más sensata, la opinión minoritaria de disenso destacó que, si bien la situación de derechos humanos en Colombia "dista de ser perfecta", el peligro de tortura alegado por el demandante no estaba suficientemente acreditado. Resaltó que la tortura en el sistema penitenciario no estaba confirmada y que Colombia estaba dispuesta a someter el encarcelamiento de Klein al monitoreo internacional.

Todo esto para decir que, en efecto, la Corte Europea pecó por excesiva prudencia. Pero un solitario caso no debe llevarnos a conclusiones erradas. Colombia no es una víctima del sistema internacional de derechos humanos, sino una beneficiaria de él. El presidente Samper abrió las puertas al escrutinio desde afuera, una de las pocas cosas memorables de su cuatrienio. Desde esas fechas, la acción internacional no ha hecho más que empoderar a los actores nacionales para convertirlos en motor de progreso.

En vez de tanta molestia con el caso Klein, los funcionarios gubernamentales deberían mostrar algo de voluntad para controlar la presencia de mercenarios extranjeros en Colombia y el uso de mercenarios colombianos en el exterior. Para el Grupo de Trabajo de la ONU sobre los Mercenarios, los "contratistas independientes" utilizados por las compañías militares privadas constituyen la nueva cara de los mercenarios. Los expertos que lo conforman llevan años pidiendo venir a Colombia. A fines del 2009, denunciaron la presencia de mercenarios colombianos, paramilitares desmovilizados al servicio de terratenientes golpistas, en Honduras.

Aquí, como lo mostró Semana, hemos permitido que las compañías militares de Estados Unidos se lleven a colombianos con engaños a Irak o donde los necesiten y les violen todos sus derechos laborales. Es más, les prestamos a estos actores privados la Escuela de Caballería para su entrenamiento previo al despliegue. Como consuelo, nos dijo el Gobierno en el 2005, lo hicimos a cambio de que estas empresas no reclutaran a militares en servicio activo. De cómo estas transnacionales operan en Colombia poco sabemos.

En el 2008, a la pregunta del Grupo de Trabajo "¿cuáles son las empresas militares y de seguridad extranjeras que operan en Colombia y qué número de empleados tienen?", el Gobierno contestó: "No se tiene información". Y, a la solicitud "proporcione información sobre las modalidades de contratación de estas empresas para trabajar en Irak", el Gobierno, con todo desparpajo, escribió: "No aplica".