El presidente Leonel Fernández aseguró que buscará dialogar con las autoridades venezolanas.

El mandatario señaló que está en condiciones de dialogar con las autoridades del vecino país, para conocer toda la información que originó la captura de los ciudadanos que fueron retenidos y así formular salidas a una situación que ha aumentado la fricción entre los dos gobiernos.

El mandatario dijo que si bien las relaciones entre los dos países están tensas en la actualidad, tres países (Brasil, República Dominicana y México) fueron autorizados por la cumbre de Cancún para avanzar en el diálogo constructivo entre Venezuela y Colombia. 

"No perdemos la esperanza que los actuales conflictos se puedan superar", dijo Fernández.

E.U. al tanto y preocupado

E.U. está al tanto de la detención de colombianos en Venezuela y preocupado por el respeto a los DD.HH., confirmó un vocero del Departamento de Estado en Washington.

El portavoz catalogó de "prudente" la reacción colombiana que desde hace meses busca el diálogo para resolver las tensiones bilaterales.

"Estamos al tanto de las detenciones. Junto con la CIDH, Amnistía Internacional, y Américas Watch, hemos expresado en numerosas ocasiones nuestra preocupación por el debido proceso y los derechos fundamentales en Venezuela. A lo largo de los últimos meses la respuesta colombiana a las acciones de Venezuela ha sido moderada y prudente. Como Colombia ha sugerido, el diálogo es el camino apropiado para resolver las tensiones bilaterales", dijo a EL TIEMPO esta mañana el vocero.

Colombia le pidió a CIDH adoptar medidas cautelares para proteger vida de detenidos

Con una solicitud formal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) para que adopte medidas que protejan la vida y los derechos de los colombianos detenidos en Venezuela por supuesto espionaje, la Cancillería inició una ofensiva diplomática que busca ponerle freno a lo que que el Gobierno llamó "sistemática estigmatización" de los colombianos en el vecino país.

La medida tiene que ver con la situación de al menos dos decenas de connacionales que están siendo procesados por tribunales militares por supuestos delitos contra la seguridad nacional. La Cancillería también envió a Caracas una nota en la que exige "respeto y garantías plenas de los derechos fundamentales de los arrestados".

Acciones similares, dijo el presidente Álvaro Uribe, se emprenderán ante la ONU. "El Gobierno no puede guardar silencio frente a casos de ciudadanos asesinados, injustamente detenidos, sin garantía de respeto de los derechos humanos y con la presunción de que son criminales por ser colombianos", dijo Uribe  en Barranquilla.

Se trata del pronunciamiento más fuerte de Colombia frente a una situación que se ha disparado en los últimos nueve meses, desde que las relaciones entre Caracas y Bogotá entraron en franco declive.

En ese lapso, 66 colombianos han sido detenidos en el vecino país señalados de espionaje o de pertenecer a grupos paramilitares. La mayoría volvieron después de algunas semanas.

Los últimos 8 capturados, como lo informó hace una semana EL TIEMPO, son Carlos Cossio y varios allegados, procesados porque tenían fotografías de instalaciones eléctricas. Según el presidente Hugo Chávez, podrían ser parte de un complot contra el sistema energético.

Pero no son los únicos detenidos. Además del caso del detective del DAS Julio Enrique Tocora, que lleva casi 7 meses preso en una guarnición militar cerca de Caracas, hay al menos otra docena de colombianos procesados. Ellos fueron capturados el 19 de marzo en la vereda Cupira, municipio de Pedro Gual, estado de Miranda, con "presunciones infundadas", según informó ayer la Defensoría del Pueblo. Ellos vivían en una finca donde se hallaron escopetas de cacería, pero los procesan como supuestos 'paras'.

El caso de los supuestos espías ha sido destacado en todos los medios nacionales y regionales de Venezuela, aunque con menor importancia que otros temas como la grave crisis eléctrica del país. A través de las redes sociales decenas de personas se muestran escépticas sobre si una operación de espionaje y sabotaje podría ser tan fácilmente descubierta, más teniendo en cuenta que se trata de un delito cuya pena podría alcanzar hasta los 30 años de cárcel.

Incluso analistas como Rafael Ignacio Suárez, de la Universidad Bolivariana, dicen que estos casos se usan como "cortinas de humo" de Caracas para desviar la atención de sus problemas internos.

Así lo registró la prensa

El Nacional encabezó la noticia de la captura de los colombianos como una confirmación del gobierno Chávez por espionaje al sistema eléctrico. Citó al ministro Tarek El Aissami quien dijo que la nacionalidad de los detenidos era "preocupante" y que las capturas "corroboran las denuncias" de Chávez sobre sabotaje al sistema eléctrico".

El Universal, también de Caracas, cita la denuncia de la Defensoría que asegura que son 20 los colombianos detenidos en Venezuela y la solicitud que hace a la Corte Interamericana de DD.HH. para que intervenga.

Comisión indagó por detective

El pasado 18 de marzo, en respuesta a una denuncia entablada por la familia del detective del DAS Julio Enrique Tocora, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le preguntó oficialmente a Venezuela sobre el proceso que lo tiene preso en una guarnición de Caracas desde septiembre.

La respuesta no se ha dado y por eso ayer el presidente Uribe dijo que el detective, que estaba de civil cuando fue detenido en Maracaibo, es procesado "por imputaciones de espionaje que no tienen sustentación probatoria".

Tocora tenía un abogado de oficio de la Armada venezolana. Ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la ONU se anexará la declaración juramentada de un ciudano nicaragüense que dice que él y Tocora fueron sometidos a maltrato físico y sicológico en una cárcel militar del Estado Miranda para que firmaran una declaración en la que aceptaban que estaban haciendo labores de espionaje.