Ante los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, 11 familiares pidieron que se acepte como prueba el informe final de la Comisión de la Verdad.

Esta Comisión fue creada por la Corte Suprema para esclarecer lo ocurrido hace 25 en la operación de retoma del Palacio de Justicia.

Los peticionarios dijeron que en ese informe se reconoce que los 11 empleados de la cafetería del Palacio fueron objeto de desaparición forzada, se presentaron casos de tortura y retención ilegal y que uno de los magistrados, Carlos Horacio Urán, fue asesinado en un acto de ejecución extrajudicial.

Según el abogado Rafael Barrios, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo; y Viviana Krsticevic, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil); en el documento final que entregó la Comisión de la Verdad el pasado 17 de diciembre se confirma que el Estado sí supo del ataque y no hizo nada para evitarlo, al igual que se mantuvo un pacto de silencio para ocultar lo sucedido.

El reporte de la Comisión de la Verdad, a juicio de los representantes de las víctimas, confirman las denuncias que se han presentado ante la CIDH desde hace 19 años.

Su publicación, además, ha generado un impacto positivo en los procesos judiciales que se desarrollan y respaldan las investigaciones contra miembros de la Fuerza Pública que participaron en los hechos.

Según Álvaro Amaya, funcionario de la Cancillería de Colombia, y el abogado Jorge Ibáñez, agente especial de Colombia en el caso, se opusieron a la petición ante la Comisión y aseguraron que esta no tiene competencia para intervenir. Los representantes del Gobierno dijeron que la justicia colombiana sí ha actuado. Decisiones como la del Consejo de Estado, que condenó a la Nación por falla del servicio o el juzgamiento a varios oficiales que participaron en la retoma del Palacio, y una inminente sentencia en uno de estos casos, demuestran que el Estado ha garantizado su función de investigación, juzgamiento y reparación.