De 2.800 casos del 2007, dice que hay 1.148 libres, 744 en desaparición forzada, 211 muertos y 614 casos por definir. ONG objetan cifras y el rigor de la depuración.

La cifra de secuestrados significa una reducción del 97,2 por ciento, resultado de una depuración de bases de datos que Fiscalía, Policía, Ejército y 522 alcaldías ayudaron a hacer.

Este lunes, el Gobierno dará a conocer el informe que contiene esa depuración y el resultado arroja varias cifras que impactarán al país.

De esos 79 secuestrados, 60 son anteriores al 2007 (entre ellos, el soldado Josué Daniel Calvo y el sargento Pablo Moncayo, que están próximos a ser devueltos por las Farc, y el mayor Julián Guevara, que murió en manos de esa guerrilla). Y tan solo 19 aparecen plagiados entre el 2009 y el 28 de febrero del 2010.

Pero hay otros datos significativos. El Gobierno asegura que 211 personas fueron borradas de la base de datos porque ya están muertas, la mayoría a manos de su captores. Y otras 744 se eliminaron de los registros porque se comprobó que no fueron casos de secuestro, sino de desaparición forzada, una realidad igual de dolorosa para el país.

Así mismo, se borraron los nombres de 1.148 más porque, dice el informe, se obtuvo evidencia que permite asegurar que están libres y que algunas de ellas ni siquiera fueron plagiadas.

EL TIEMPO consultó la baja dramática de la cifras con las ONG Fundación Nueva Esperanza y con País Libre -que trabajaban con registros de secuestrados- y ambas manifestaron sus dudas. Es más, se estableció que País Libre entuteló al Gobierno para que le entregue los soportes de la depuración, pero no tuvo suerte.

"A los secuestrados los desaparecieron en Colombia. Creemos que esa reducción es difícil de creer. No convence ni al país ni a la comunidad internacional", manifestó Olga Gómez, directora ejecutiva de País libre.

Por su parte, Gustavo Adolfo Muñoz, de la Fundación Nueva Esperanza, dice que sus registros señalan que hay 3.725 secuestrados: "Las cifras del Gobierno son amañadas y mentirosas. No le conviene dar las reales porque pierde credibilidad la política de seguridad democrática", dijo.

Surgen varios interrogantes

Ante ese tipo de reacciones y frente a los mecanismos usados para depurar las cifras, se preguntan Â¿cómo descartaron a cientos de personas, si de las 2.800 registradas como secuestradas tan solo 985 aparecen identificadas con número de cédula? ¿Cómo se puede afirmar que hay 1.148 personas libres si solo contactaron a 189 de ellas y a 290 las descartaron con entrevistas a familiares y amigos? ¿Cómo eliminar 614 registros si no se han verificado?

EL TIEMPO le trasladó estas inquietudes a Harlan Henao, director de Fondelibertad (organismo adscrito a la cartera de Defensa, que lidera la depuración de cifras) y el funcionario empezó por advertir que el proceso lleva más de tres años y que cuenta con el apoyo de Fiscalía, Ejército, Policía, DAS y de 522 alcaldías: "Es un trabajo riguroso, nadie, empezando por la Fiscalía, se va a prestar a entregar datos incompletos o falsos", advierte.

Y agrega que cruzaron bases de datos de EPS, de Registraduría, de Justicia y Paz, de la Unidad de Análisis Financiero y de autoridades judiciales, entre otras, para establecer identidades y paraderos.

"Por ejemplo, Carlos Over Mora trabajaba en Seguridad Atlas cuando fue retenido por las Farc y descubrimos que sigue en el mismo empleo y que de lo que se trató fue de una retención", asegura Henao.

Y explica que fue la Policía, el CTI, el DAS y las Fuerzas Militares las que certificaron que 130 personas ya estaban muertas: "Las alcaldías nos reportaron 31 decesos; la Registraduría, 21; otros 3 aparecieron en el Diario Oficial; uno más ya estaba registrado; y en 25 casos, la propia familia se acercó a Acción Social a pedir reparación directa por homicidio", dice.

Según el informe, otras personas hicieron transacciones bancarias, reclamaron cédulas en la Registraduría, tienen recientes registros migratorios y hasta sacaron su pasado judicial, prueba para Fondelibertad de que están vivas y libres.

Es más, Henao aceptó la eventual participación de una veeduría internacional para que conozca los soportes de verificación, siempre y cuando se involucre a las familias de las víctimas.

Por ahora, lo único en lo que sí coinciden Gobierno y ONG es que es inexplicable y evidente que los registros oficiales que se llevaron entre 1996 y el 2007 no cumplieron requisitos mínimos de identificación, incumplieron preceptos legales y presentaron un gran vacío al no establecer un seguimiento riguroso a cada caso.

Farc secuestró a 5 obreros petroleros

En la lista de 79 secuestrados del Gobierno no figuran los cinco obreros que las Farc plagiaron en Tame (Arauca) hace 72 horas. Se trata de Meyer Romero, Jorge Ramos, Gerson Espinosa, Nelson Acevedo y Pedro Restrepo.

Olga Lucía Gómez, Fundación País Libre

A los secuestrados los desaparecieron en Colombia. Creemos que pasar de 2.800 a dos dígitos es algo difícil de creer. No nos han explicado qué pasó con los muertos ni con las víctimas del secuestro simple ni de aquellos de los que no se tienen pruebas de supervivencia. Eso no convence ni al país ni a la comunidad internacional. De un momento a otro, el Gobierno decidió que iba a hacer una depuración y sacó un informe traído de los cabellos.

Gustavo A. Muñoz, Fundación La Nueva Esperanza

Para nosotros, hay 3.725 secuestrados desde 1995 hasta hoy y tenemos los soportes legales para demostrarlo. Las cifras de Fondelibertad son falsas y amañadas. Al Gobierno no le conviene dar las cifras reales, porque su política de seguridad democrática pierde credibilidad y se pierde el interés de la inversión nacional y extranjera. Los mecanismos de depuración no son convincentes. No es lógico hablar de cifras de dos dígitos, porque no es la realidad del secuestro.

'Ningún organismo se prestaría a dar cifras falsas'

Harlan Henao, cabeza de Fondelibertad, responde nueve interrogantes clave sobre la depuración.

De 2.800 plagiados sólo 285 tenían número de cédula. ¿Cómo identificaron y eliminaron a los otros?

En las regiones y en cada Gaula sí sabían quienes eran. La cédula es clave para el cruce rápido de datos, pero fue reemplazada por variables como en qué empresa trabajaba la persona, su profesión, si había un radicado en Fiscalía sobre su caso...

¿Esos indicadores son confiables?

Para cada caso, sí. Localizamos a funcionarios, políticos y particulares que siguen en los cargos que tenían el día de los hechos. Hasta un representante del Guainia nos descartó a dos de la lista y dijo: 'están vivitos y coleando'.

Si aún faltan por aclarar 614 registros, ¿por qué decir que sólo hay 79 secuestrados?

Porque a esos 614 ningún grupo se los atribuye, ninguna familia lo reclama ni hay rostro que los identifique. Eso nos indica que no están cautivos. Claro queremos saber por qué están en la base de datos. Tenemos un reto.

Pero es posible que la familia no denuncie por amenazas...

Puede ser cierto para negociaciones rápidas. Pero la gente no se aguanta un año sin reclamar y hay casos de más de 4, y la familia o amigos no denuncian. Es poco probable que estén secuestrados.

Eso no puede sonar a un intento por bajar las cifras de manera forzada, de afán...

No. El afán es por saber la verdad. Mal harían entes como la Fiscalía en ser cómplices de un trabajo poco riguroso. Queremos hacer una convocatoria nacional para que aparezcan las familias o los rostros de esos 614 registros.

¿No es apresurado dar cifras con ese vacío estadístico?

El trabajo es riguroso y tiene todos los componentes: inteligencia, policía judicial, social y civil y análisis. Hubo trabajo de campo con 8 investigadores del CTI.

¿Qué tan riguroso es que 290 se descarten por testimonios de familia, amigos o de conocidos?

¿Qué más serio que la familia? La verificación la hizo la policía judicial y es un elemento material y probatorio.

¿Por qué no se revela la lista de los 79 que faltan?

Hay que pedir autorización de la familia. Tenemos cada caso, rostro e historial. Por ahora, puedo afirmar que, entre el 2002 y el 2009, el secuestro extorsivo disminuyó un 90,6 por ciento. Pero no hay que perder de vista que Farc, Eln y Auc, tienen que responder por desaparecidos, muertos y por los que aún tienen en su poder.

¿Cuántos?

Farc, 50; Eln, 6; delincuencia común, 23 y Auc, cero.

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