Es indignante. En siete años no pudo armar un equipo capaz de redactar decretos de Emergencia Social y hacer seguimientos a sus políticas, y tuvo que contratar expertos. Su inutilidad nos costó 1.950 millones de pesos, una burla en estos tiempos de miserias.

Sólo por ese despilfarro el ministro Diego Palacio debería abandonar el Gobierno. Claro que si tuviese un ápice de dignidad lo habría hecho cuando decretaron la Emergencia, evidencia de su fracaso. Dos periodos en Protección Social y todo lo que ofrece es una improvisada operación de rescate in extremis para evitar la quiebra.

Que la sanidad pública estaba abocada a la ruina era cantado. Cualquier mortal adivinaría que meter al sistema subsidiado a 23 millones de personas cuando solo hay 14 millones que cotizan en el contributivo era una aventura impagable.

Pero, claro, había que hacer populismo y politiquería con los carnés del Sisbén y con los dineros de la Salud, que manejan y roban, entre otros, alcaldías y gobernaciones, y ahora todos estamos fregados.

Pretender que un asalariado de ingresos altos, que paga el 12 por ciento reglamentario por salud y pensión, tenga que vender carro y casa y agotar los ahorros para financiar un tratamiento largo es una bellaquería, un atropello a los derechos adquiridos. ¿Para qué cotiza uno entonces? ¿Será lo mismo cuando se jubilen? ¿Dirán que les sobra la plata y se la quitan?

¿Y qué pasará con los niños enfermos? Mañana se celebra el Día Internacional del Niño con Cáncer, mal que está disparado en Colombia. Los afectados de leucemia -cáncer más extendido entre los infantes- tienen un índice de supervivencia en casi todo el país de solo el 40 por ciento, mientras que en la Fundación Hospital de la Misericordia de Bogotá sube hasta el 72 por ciento. Pero a ese hospital pediátrico -uno de los cuatro que hay en toda Colombia- le retiran a veces los pacientes a mitad del tratamiento para llevarlos a otros centros de adultos y ahorrar dinero. Si el niño fallece por los traslados, a nadie le importa y tampoco hay a quién reclamarle porque una EPS puede cambiarlos de lugar.

El año pasado se dieron 2.080 nuevos casos de leucemia en menores y muchos de los medicamentos que requieren no están en el POS. Además, ocurre algo escalofriante y es que los niños están llegando a su primera cita con el oncólogo con la enfermedad avanzada y eso significa que les retrasaron el diagnóstico por falta de interés y de exámenes.

No me extraña que la futura senadora y ex concejala Gilma Jiménez proponga que los actos de corrupción -yo añadiría de ineptitud- que afecten a la salud de los niños sean considerados homicidio en tentativa.

Y es que uno analiza el cuadro general de la Protección Social para niños, adultos y ancianos, y se echa a temblar. Las EPS y sus IPS son un mero negocio financiero; las ARS, una asociación para delinquir que alcahuetea la politiquería, la desidia y el robo de los gobiernos locales y departamentales que deben millonadas a los hospitales; el Sisbén, un necesario seguro social, pero también un botín de políticos y un fomento de la informalidad laboral; los grandes laboratorios farmacéuticos, usureros que triplican sus precios en Colombia; los médicos, una profesión que no está regulada, en donde conviven excelentes, generosos y dedicados profesionales con mercaderes de bata blanca; y las cámaras legislativas, aprovechados que permiten los desmanes en el sistema sanitario para proteger a financiadores de campañas.

Es innegable la urgencia de una reforma, pero o la lidera alguien que sepa del tema y convence a todos los implicados para sacarla adelante, o se hundirá sin remedio. Uribe y su celador ministerial no son aptos para la misión porque contribuyeron al caos. Esperemos a los siguientes, mientras los citados y sus costosos asesores aplican paños calientes...