El pasado primero de febrero las organizaciones de 'Valenciano' y 'Sebastián', capos del delito en Medellín, acordaron un "pacto de no agresión", con los oficios de la llamada Comisión por la Vida y la autorización del Gobierno Nacional. Esta semana se conoció otro permiso oficial, otorgado a la Iglesia Católica para que realice acercamientos a las bandas criminales surgidas del proceso con los paramilitares en Córdoba, Norte de Santander y Chocó.

Al mismo tiempo, la Policía y el Presidente de la República han reiterado que los operativos contra los grupos delictivos continúan. "El único camino que tienen es someterse a la justicia", afirmó el Primer Mandatario hace pocos días. Esta dualidad de mensajes del Gobierno -aval a los diálogos liderados por entes privados y órdenes de persecución policial- ha enrarecido una situación peligrosamente confusa, donde no hay claridad sobre si existe una negociación en marcha, con quién y qué se está negociando y cuál es el marco legal.

Aunque Álvaro Uribe ha insistido en que no acepta "treguas entre criminales", lo cierto es que los herederos de la 'oficina de Envigado' mantienen hoy en pausa su guerra interna, responsable en buena medida de la criminalidad en Medellín. Sin embargo, la capital antioqueña ya ha vivido frágiles pactos de paz entre estructuras ilícitas, que terminan rompiéndose y desatando peores ciclos de violencia. Para algunos analistas, el incremento inusitado de los homicidios que hoy sufre la ciudad -y que coincide con la actual administración de Alonso Salazar- ha sido resultado del quiebre de uno de esos estadios artificiales.

El efecto político de una tregua de estas características en elecciones es inocultable: las tasas de homicidios caen y las críticas al fracaso de la seguridad democrática en las urbes se morigeran. Cabe entonces preguntarse si los diálogos de los prelados de la Iglesia conducirán a una serie de pactos de no agresión en varias regiones del país como muestra de buena voluntad de las agrupaciones criminales. En otras palabras, los acuerdos entre estos herederos del narcoparamilitarismo y el respiro que les dan a los ciudadanos y a las estadísticas justificarían el acceso de los nuevos capos a un generoso proceso de desmovilización y sometimiento a la justicia. Sin el incentivo de recibir un tratamiento político como el de procesos pasados, no es claro por qué un cabecilla de estos grupos estaría dispuesto a entregarse.

El problema radica en que, a diferencia de las antiguas autodefensas, estas bandas emergentes no cuentan con ninguna motivación política, ni siquiera con la excusa de la lucha contra la subversión. Tanto 'Valenciano' y 'Sebastián' como el resto de los 4.000 miembros de 'los Paisas', 'los Urabeños', 'los Rastrojos' y los demás 'combos' son delincuentes dedicados al narcotráfico, la extorsión, las redes de prostitución, los juegos ilegales y otros delitos comunes. Estos contactos están más cerca de los acuerdos con los carteles de la droga de los años 90 que con el proceso de desmonte del paramilitarismo.

La confusión surge del intento del Gobierno de ganar por ambas puntas: mantiene la "mano dura" y avala contactos que temporalmente bajan la violencia urbana. No obstante, el costo de la estrategia es una ambigüedad peligrosa, que eleva las expectativas de los criminales y desestimula al aparato policial y judicial, que lucha diariamente contra los delincuentes. Ni hablar de que se genera un espacio de desinstitucionalización, que termina premiando al bandido por disparar la criminalidad.

En resumen, estas negociaciones tienen problemas en su espíritu, pues no se dan con organizaciones políticas, y en sus mecanismos, al ser pactos de no agresión entre delincuentes. Son la fórmula perfecta para una paz de papel.