Dudas y preocupaciones han generado una fuerte controversia sobre los alcances de los decretos.

Debido a las dudas y preocupaciones sobre los alcances de los decretos que reforman el sistema de salud, el Ministro de la Protección dijo que acelerará su reglamentación.

En un comunicado emitido esta tarde por el Ministerio de la Protección Social se anunció que el ministro Diego Palacio acelerará el proceso de reglamentación de los decretos expedidos bajo la Emergencia Social: "Estoy convencido de que estas preocupaciones no corresponden, en su mayoría, al espíritu ni al alcance de los diferentes decretos".

En el comunicado Palacio explicó que para llevar a cabo esta tarea lo antes posible, se citó "para mañana mismo" a diferentes actores para poder discutir, explicar y reglamentar los decretos.

¿Por qué el debate?

En uno de los decretos quedó consignado que el nuevo POS que tendrán los colombianos (una vez se unifiquen e igualen los de los regímenes subsidiado y contributivo) "priorizará la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y las atenciones de baja complejidad, la medicina y odontología general y se admitirá el acceso al manejo especializado o de mediana y alta complejidad  cuando se cuente con la evidencia científica y costo efectividad que así lo aconseje".

De acuerdo con analistas, esto querría decir que todos los ciudadanos tendrán el mismo POS, pero con base en esa definición (priorizando la baja complejidad).

El hecho de que hasta ahora no se conozca el contenido de ese nuevo POS (que según el Ministerio estará listo el 31 de julio) ha generado toda clase de especulaciones y críticas, pues no se sabe qué servicios de salud quedarán finalmente por de él fuera.

El problema es que, según los decretos, el costo de las prestaciones excepcionales (ques como en adelante se conocerán los servicios que estén por fuera del POS), tendrá que ser pagado, total o parcialmente, por los pacientes, previo análisis de su capacidad de pago, su patrimonio y su capacidad de endeudamiento.

Las nuevas normas abrieron la posibilidad, además, de que los enfermos hagan uso de sus cesantías, ahorros pensionales e incluso préstamos bancarios para costear tratamientos no incluidos en el POS.

Para los afiliados que no tengan cómo pagar se creó el Fondo de Prestaciones Excepcionales en Salud (Fonprés), que se alimentará con los impuestos a la cerveza, los cigarrillos y los licores. Estos recursos financiarán las "prestaciones excepcionales" de estas personas, previo análisis y autorización de un comité técnico. Este Fondo, según la norma, tiene recursos limitados cada año, por lo que sólo costeará solicitudes hasta que la plata le alcance.

Por su parte, los médicos, representados en agremiaciones como la Federación Médica Colombiana, Médicos Generales de Colombia y algunas sociedades científicas, han protestado por el contenido del decreto 131, que establece sanciones de hasta 50 salarios mínimos mensuales (unos 25,7 millones de pesos) a aquellos que formulen medicamentos o soliciten procedimientos para sus pacientes, por fuera de los estándares del nuevo POS.

Estos profesionales no sólo se quejan por el hecho de que tales sanciones coartan su autonomía, algo que les impide recetarles a sus pacientes lo que necesitan para recuperarse. Tampoco entienden que se haya reformado la Ley de Ética Médica, que recoge los preceptos fundamentales de su ejercicio, vía decreto sin establecer las consultas del caso con ellos.

Sergio Isaza, presidente de la Federación, reconoce que el sistema de salud tenía la virtud de la ampliación de cobertura y el acceso a los servicios de salud, así fuera vía tutela, "ahora la propuesta para salvarlo es cortarle las alas: que los pacientes tengan que pagar de su bolsillo por su enfermedad y que los médicos tengan que pagar de su bolsillo por su libertad de prescripción", puntualizó Isaza.

REDACCIÓN SALUD