Dentro del paquete de medidas que el presidente Álvaro Uribe anunció el martes pasado para combatir la inseguridad en Medellín, se cuenta la polémica invitación a los estudiantes de esa ciudad a integrar la red de informantes. La meta del primer mandatario es que mil jóvenes antioqueños reciban una bonificación mensual de 100.000 pesos por ayudar en labores de inteligencia a la Fuerza Pública.

Para sus defensores, la iniciativa trasladaría los éxitos de la red de cooperantes en la lucha antisubversiva a la investigación de homicidios y otras actividades delincuenciales en la capital de Antioquia. Con una disparada de más del 100 por ciento en el número de homicidios en Medellín, según datos de Medicina Legal, se espera que el Gobierno les apueste a abordajes poco convencionales.

No obstante, la contratación de estudiantes para estas actividades conlleva grandes riesgos, tanto en la implementación de la medida como en el espíritu de la misma. Una cosa es la información que es capaz de proveer un desertor o un espía, inmerso ya en el conflicto, y otra la que podría generarse en las aulas de colegios y universidades. Además, no hay claridad sobre el mecanismo de selección de los eventuales miembros de la red, el procesamiento de los datos que produzcan y las reglas del uso de esa información. El peligro de terminar empleando jóvenes para crear 'falsos positivos', saldar cuentas entre bandas o desatar venganzas y retaliaciones es alto. O lo que es peor: que confundan la libertad de expresión y la diversidad ideológica, propias de un ambiente de estudios y base de la educación moderna, con un delito por denunciar.

Por otra parte, la inclusión de estudiantes como informantes del Ejército es convertir los salones de clase en un nuevo campo de batalla. Al ser compelidos a proveer datos a cambio de efectivo, los jóvenes medellinenses serían forzados a entrar a la dinámica del espionaje y quedar a las puertas de la delincuencia y la extorsión. No se trata de impedirle a la Fuerza Pública el desarrollo de actividades de inteligencia en los campus para detectar guerrilleros encubiertos, sino de hacerlo con un personal con el profesionalismo y entrenamiento militar necesarios.

Por último, no es evidente que la activación de una red de estudiantes informantes conduzca directamente a la disminución de los homicidios en Medellín o a la prevención del accionar de las bandas ligadas al narcotráfico. Dado que estos grupos son responsables de buena parte del escandaloso incremento del año pasado, lo deseable sería el despliegue de medidas puntualmente orientadas a su desmantelamiento, y no el desgaste de estrategias sin garantía de resultados.
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