Tras 9 años de la muerte de su mamá, un joven de Santander de Quilichao (Cauca), sigue sin saber por qué la mataron. HH reconoció su crimen. EL TIEMPO les abre espacio a las víctimas. Tercera entrega.

El jueves 11 de enero del 2001, el dueño de Funerales Santa María, Andrés Aroca Bermúdez, descubrió el cuerpo de su mamá en aguas del río Cauca.

Al muchacho, que desde entonces ya buscaba los cadáveres de los desaparecidos que iban dejando las autodefensas en Santander de Quilichao, norte del Cauca, le tocó comprobar que uno que flotaba enredado de un palo era el de doña Luz Nelly Bermúdez.

"Nos acercamos en la lancha, pero cuando la miré bien, dije: 'es mi mamá', y cuando la volteamos y le vi su lunar en el labio, dije 'es mi mamá. Ahí no pude más, le tocó a mi primo, porque casi me desplomo", cuenta Andrés.

La imagen con la que se encontró fue un cuerpo en ropa interior, el rostro incompleto por la presencia de gallinazos y el resto, hinchado.

Entonces, su primo la sacó del río y los dos la llevaron a Jamundí (Valle) y después de la necropsia la trasladaron a Santander de Quilichao. "En ese tiempo yo era el que preservaba los cuerpos, pero con el de mi mamá no fui capaz, me ayudaron muchos amigos", recuerda.

Apenas el año pasado, Andrés se acercó a la Comisión Nacional de Reparación y eso le permitió saber que a su mamá la mataron los paramilitares. Se lo verificó un testigo de la muerte de su mamá y de otras cientos de víctimas, que regresó al país, a pesar de estar exiliado, porque no soportó el peso de su silencio.

Al coordinador regional de la CNRR, Elmer Montaña, le impactó ver el momento de esa revelación.

Todo empezó el domingo 7 de enero del 2001, después de que Luz Nelly, la mamá de Andrés, madrugó a las 6 de la mañana a visitarlo. Fue la última vez que él la vio viva. Doña Nelly se fue sola para la finca en Quince Letras, periferia de Santander, a encontrarse con Jesús, con quien tenía una relación sentimental, pero se topó a la entrada con hombres armados que le preguntaron por 'Chucho'.

Luego vio que ya habían cogido a Jesús y se fue detrás diciendo que si se lo llevaban la tenían que llevar también. "Entonces se los llevaron a los dos en un carro".

Ese mismo domingo, cuando supo lo que pasó, Andrés se fue a Lomitas a hablar con el comandante paramilitar de la zona ('Patepalo'). "Me arrodillé, lloré, les dije: 'Ustedes conocen en Santander a todo el mundo y saben que ella no tiene nada que ver'. Me vine muy aburrido, porque me dijeron que tal vez era otro bloque, que tenían que averiguar".

El lunes les volvió a preguntar, porque le contaron que sí eran ellos. Pero volvieron a negarlo. El martes madrugó a hacer carteles y a regarlos por Santander. Luego se fue en moto hacia el Paso de la Bolsa, llegando a Jamundí, donde están las lanchas.

Hallaron otros 3

"Ellos tenían prohibido recoger los cadáveres, pero como me conocían, les mostré una foto de mi mamá. Un lanchero me dijo que la había visto el lunes, pero como habían soltado la Salvajina, debía ir lejos".

Al otro día se fue en moto por la trocha y bajó averiguando hasta llegar cerca a Juanchito. Tampoco la vio. En su búsqueda vieron 3 cuerpos bajar por el Cauca. Los rescataron y avisaron a sus familiares.

El jueves madrugó a las 3:00 de la mañana con su primo, consiguió gasolina y regresó al sitio donde los lancheros para insistirles que los llevaran por el río. Ellos accedieron.

"Cuando llegamos a la Balsa, el lanchero me dijo que ahí la habían visto, pero no había nada. Entonces tuve un presentimiento y aunque él se iba a devolver porque era peligroso, le dije: 'colabóreme, que de pronto se equivocó'. Avanzamos y a unos 2 km. vimos un cadáver flotando".

Desde ese día, han pasado 9 años y aún no sabe por qué los 'paras' mataron a su mamá. La gente le ha dicho que antes de la extradición, H.H. reconoció el crimen de doña Nelly. Dijo que colaboraba con la guerrilla. "Lo que dicen de todo el mundo, pero en Santander mataron a muchos inocentes, entre ellos a mi mamá", refiere.

Decenas de víctimas

Según los cálculos de Andrés, entre el 2000 y el 2002 hubo más de 600 muertos en Santander, Buenos Aires, Suárez, Timba, Lomitas y Mondomo. "En ese tiempo manejábamos a veces de 5 a 12 cadáveres diarios. Uno se pregunta por qué no figuran en Bogotá, si es un índice de criminalidad tan grande". Aparecían en el río y en fosas comunes.

Su versión coincide con la de alias 'Sancocho', comandante en la zona rural de Santander. A finales del 2009 dijo en una audiencia que "por disposición de sus jefes", tiraban al Cauca a quienes ejecutaban. En su declaración calculó que unos 300 cuerpos fueron arrojados en sitios como Timba, La Balsa, el Paso de la Bolsa, El Hormiguero y Robles.

"Antes yo decía no meto documentación, porque a mi mamá no la devuelven con plata", dice Andrés. Pero ahora piensa más en el futuro de sus hermanas, de las que tuvo que ser papá y mamá. Una de ellas es la más afectada.

Andrés se queja porque el Gobierno se ocupa de dar dinero, pero poco de la parte sicológica. Su propia sanación la ha dejado al tiempo y prefiere no detenerse en el tema.

Incluso le manda jabones y cremas a un conocido del pueblo al que su mamá apoyó muchas veces en crisis y que después de que perdieron contacto se volvió 'para'. "Más de uno me dice: ' pero vos mandándole a un tipo que hasta tuvo que ver con la muerte de tu mamá'. Yo digo: ''De eso se encarga Dios. Él cobrará', por algo ellos están allá (en la cárcel)".

Agrega que en Santander de Quilichao quedan niños de 13, 14 y 15 años, que son los matones "pero si nos vamos al 2001, ellos eran los hijos de las víctimas de 'paras y guerrilla".

6 millones de pesos por pariente muerto

Entre las víctimas de la violencia, en el Valle, el país y el exterior es conocido el caso de quienes perdieron familiares en Trujillo, en el Valle.

Dos décadas después de esos violentos hechos en el que más de un centenar de personas fueron torturadas, asesinadas y la mayoría arrojadas al río Cauca, las viviendas de algunos recibieron arreglos.

Los trabajos empezaron en agosto de 2009 e incluyeron instalación de pisos, mampostería, cubiertas, baños y lavaderos, entre otras obras.

Esos trabajos en 105 viviendas de Trujillo, en cada una por un valor estimado de 6 millones de pesos, es lo que recibieron familias de Trujillo por sus pariente asesinados hace 20 años.

La inversión del Gobierno Nacional sumó 640 millones de pesos como parte del proceso de reparación a las víctimas de los violentos hechos registrados en esta localidad del Valle.

Jesús García, a quien le mataron a un hijo y cuya esposa murió de pena moral, dice que recibir el mejoramiento de su casa no le quitará la soledad por la ausencia de sus allegados.

"Esto no es un regalo ni es inversión social. Esto es una reparación", dijo la hermana Maritze Trigos, quien ha acompañado a los dolientes de crímenes perpetrados por paramilitares asociados con narcotraficantes y con la permisividad o complicidad de autoridades civiles, militares y de Policía de fines de 1988 y a principios de 1990 cuando decenas de personas fueron torturadas y desmembradas, como el sacerdote Tiberio Mafla, y muchas arrojadas al río Cauca.

La religiosa expresó que el acto representaba el cumplimiento de uno de los puntos de la condena a la Nación, que se produjo hace una década.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) presentó en 1992 una denuncia contra el Estado por la masacre. En desarrollo del trámite de la denuncia, el Estado y los peticionarios del caso aceptaron el ofrecimiento de la Cidh de iniciar un proceso y nació así la Comisión de Investigación de los Sucesos Violentos de Trujillo, conformada por entidades del Estado y organizaciones civiles.

Los familiares de las víctimas de Trujillo sienten que al proceso le falta mucho en cuanto a la debida justicia. Sólo en diciembre pasado se produjo la condena de 30 años contra el confeso narcotraficante Henry Loaiza 'El alacrán', señalado como uno de los autores.

Los procesos contra militares presuntamente implicados siguen pendientes y el 18 de febrero tendrán una audiencia.

Niegan libertad a militares

Los uniformados investigados por su presunta relación en los hechos de Trujillo no son los únicos militares que deben aclarar ante la justicia algunas de sus actuaciones.

Dos audiencias se celebraron en Cali por dos casos que involucran a 16 militares por procedimientos en La Reforma y Golondrinas, en zona rural de la capital del Valle, en los que 4 y una persona respectivamente, murieron.

En esas audiencias, familiares de las personas muertas pidieron que no se repita lo de Soacha.

Fue el pedido de los familiares de cuatro hombres muertos por el Ejército en enero de 2007 en La Reforma y presentados como secuestradores dados de baja.

El clamor fue formulado durante la audiencia preparatoria esta semana en el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cali, que mantuvo la medida de aseguramiento formulada por otro juez contra el mayor Mauricio Ordóñez Galindo, el capitán Osward Javier Arias, el teniente Carlos Alberto Galeano Galeano, el sargento Gildardo Ruiz Rivera y los soldados profesionales Dioneider Mina Mina, Juan A. Quintero López, Aris Arboleda Ordóñez, Sergio A. Melecio Iles y José E. Vega Viáfara.

Los familiares de Edinson Yimel Villanueva Santa, Nelson Antonio Mosquera Osorio, Edwin Antonio Alvarán y Fabio Andrés Carmona Burbano hicieron alusión a los militares investigados por presuntos 'falsos positivos' en Soacha y dejados en libertad por vencimiento de términos.

Entre tanto, el Juzgado Doce Penal Municipal negó la libertad al mayor Manuel A. Pabón Jaimes y las unidades bajo su mando, Jhon J. Quiroga Sánchez, Luis F. Galvis Sepúlveda, Christian D. Delgado Cuasquer, Carlos E. Martín Díaz, William F. Mosquera Delgado y Eduardo F. Angarita Santiago.

Son investigados por la muerte del campesino José Orlando Giraldo Becerra, en Golondrinas, y presentado como guerrillero dado de baja.

CALI.