Los jefes de los partidos -y los votantes- tienen una gran oportunidad para renovar el Congreso y enterrar la 'parapolítica'. Ojalá sepan aprovecharla.

Los partidos políticos se encuentran en un momento decisivo y difícil: el de la definición de las listas de los candidatos a Senado y Cámara de Representantes para las elecciones del 14 de marzo. Un proceso que siempre será crucial para una estrategia política, pero que, en las actuales circunstancias, tiene un elemento aún más complejo: en esta ocasión se escogerá un Congreso que reemplazará al que estuvo salpicado por el escándalo de la 'parapolítica' y existe, en consecuencia, una oportunidad histórica para renovar y legitimar el poder legislativo.

Más de una treintena de los congresistas elegidos hace cuatro años está en la cárcel, y casi el doble se encuentra con procesos de investigación judicial. Ante el espacio abierto por quienes tuvieron que dejar sus curules se genera un dilema trascendental: de una parte, las jefaturas políticas regionales se esfuerzan por mantener su dominio, en cuerpo ajeno, para que continúe en manos de amigos, parientes o aliados de quienes están en poder de la justicia, y de otra, hay una ventana histórica para reemplazar a senadores y representantes comprometidos en la 'parapolítica' con parlamentarios sanos y descontaminados.

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Los jefes de los partidos tienen la función -y la responsabilidad- de conceder avales a quienes aspiren al Congreso bajo sus banderas. La llamada feria de los avales significa que, en aras de mantener las votaciones amarradas por los caciques, todo vale: esposas, descendientes o amigos de los encarcelados o procesados se prestan para conservar sus caudas electorales. Hay varios indicios que demuestran que esta nociva tendencia se está imponiendo en varios departamentos y en casi todos los partidos. Es decir, que los directores de las fuerzas políticas, al final de cuentas, se inclinan por fórmulas que le salvan la cara a la realidad, poco presentable, de que no quieren arriesgar los votos de los caciques que están impedidos -porque están procesados por la justicia- para ser candidatos.

Todos los partidos deben ser conscientes de la responsabilidad histórica que tienen al definir sus criterios internos para otorgar avales y recibir aspirantes en sus listas. Aunque se ven algunas muestras de vetos, hay razones para pensar que el criterio que se está imponiendo es el de asegurar los votos de los caciques -sin importar su situación ante la justicia- antes que cambiarlos por figuras descontaminadas. Hay casos de esposas que reemplazan al ex congresista preso, de hermanos que toman el lugar de quien está investigado, de amigos que mantienen la votación de un cuestionado.

Han aparecido, incluso, dos partidos 'nuevos': el PIN y el ADN. En realidad se trata, respectivamente, de Convergencia Ciudadana y Colombia Viva, que no son presentables ante el electorado porque la mayoría de sus miembros perdieron sus curules por la 'parapolítica', y el escándalo los arrasó. Sus organismos internos -asambleas nacionales- aprobaron, según sus estatutos, cambiar sus nombres y se presentarán ante el electorado como un proyecto de renovación política, a pesar de que mantienen las mismas bases electorales y las personerías jurídicas de Convergencia y Colombia Viva. ¿Cómo no sospechar de que son cambios de maquillaje para conservar votaciones amarradas con procedimientos non sanctos?

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La verdad es que, a estas alturas, casi no hay quien pueda tirar la primera piedra. Y no solo por el dilema entre el 'pragmatismo' y la ética, sino porque existen interrogantes cuya respuesta no es obvia ni evidente. Una cacería de brujas contra parientes de procesados no condenados puede terminar en una inquisición injusta y antidemocrática. Tampoco se puede desconocer que a los relacionados con los 'parapolíticos' se les están aplicando requisitos que no tuvieron que cumplir parientes y aliados de condenados en escándalos como el proceso 8.000, o afectados por casos de corrupción ante la justicia.

No menos importante es resaltar el compromiso de los electores, que definitivamente tienen el poder de selección y que, con frecuencia, son más activos a la hora de cuestionar que en el momento de votar. La cultura del voto amarrado -elegir a quien retribuye algo a cambio- no es un vicio exclusivo de los candidatos y se extiende también a los electores. Valorizar el llamado 'voto de opinión' no es una función exclusiva de los partidos: también compete a los ciudadanos.

De todas formas, la responsabilidad de las directivas de las colectividades es enorme. La conformación de las listas, el otorgamiento de avales y la decisión de jugarse por los mejores candidatos antes que por quienes cuentan con caudas electorales propias, depende de ellos. ¿Por qué no apelar al interés nacional, a la ética y a la necesidad de renovar curules determinadas en el pasado por la 'parapolítica'? Las elecciones de Congreso, el 14 de marzo, brindan una gran oportunidad histórica. No será la primera, pero ¿podría ser la última?

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