En el 2009 fue tristemente célebre el aumento del tráfico ilegal de migrantes en Colombia. Las autoridades descubrieron al menos 500 casos de personas provenientes de China y África, algunas hacinadas en habitaciones, otras a la deriva en el mar, exponiendo sus vidas y pagando altos costos por salir del infierno de sus propios países.

La situación es atípica para una nación como la nuestra, caracterizada por bajas tasas de inmigración y altas de salida de nacionales hacia destinos como España y Estados Unidos. Sin embargo, la posición geográfica de Colombia la ha puesto en la mira de traficantes que negocian traslados hasta Norteamérica de grupos grandes de individuos de otros continentes, quienes pagan unos 5.000 dólares cada uno.

Los numerosos casos ya registrados por las autoridades son un termómetro de la magnitud real de estas travesías casi suicidas, que suelen iniciar gentes desesperadas en busca de un mejor futuro y que ingresan al país por ciudades como Ipiales (Nariño), Cúcuta (Norte de Santander) y Paraguachón (La Guajira) y buscan salida por los puertos de Buenaventura, Cartagena y Barranquilla, para proseguir su travesía hacia Centroamérica y concluir en Estados Unidos o Canadá. Un viaje tan largo como incierto y peligroso.

Detrás de este tráfico de seres humanos que pretenden escapar de la violencia o la miseria que viven en sus naciones de origen, hay otros delitos: documentación ilegal para viajes aéreos con varias escalas y conexiones con traficantes de droga, más en un país como el nuestro, donde, por desgracia, estos acechan.

El caso más reciente, de un grupo de 71 africanos (54 hombres y 17 mujeres) encontrados a la deriva en una embarcación varada cerca de Isla Fuerte (Córdoba), enfermos y sin dinero, revela el lado siniestro de negociar el traslado ilegal e inhumano de extranjeros hacia un incierto primer mundo. La cantidad incontable de nativos de ese continente que aparecen ahogados en el mar Mediterráneo cada primavera y verano -por no hablar de los centroamericanos que han muerto en la frontera entre México y Estados Unidos- son una cruel muestra de la fuerza de las redes internacionales que trafican con personas. Un entramado del cual parece formar parte ahora Colombia.

La logística, bien planeada y cronometrada, con varias escalas y escondites, es un reto permanente para las autoridades fronterizas. De hecho, ya fueron fortalecidos los controles en las regiones más vulnerables, como Nariño, La Guajira y el Valle del Cauca, a fin de frenar este negocio infame y de repatriar a los extranjeros interceptados o recibirlos en calidad de refugiados.

El DAS conformó un equipo especial para atacar este delito inusual en nuestro territorio, debido al incremento de casos, y se están realizando constantes patrullajes fronterizos en los sitios neurálgicos. Este es otro problema serio. El Gobierno enfrenta, además, el dilema de que estos individuos han pagado altas cifras para salir de sus países y se resisten a ser repatriados.

Ante la inminencia de una situación atípica, que no solo afecta a la población migrante, sino que tiene que ver con un problema humanitario y de seguridad nacional, las autoridades buscan una alternativa que acoja a estos seres temerosos en tierra ajena, y obrar con la mayor contundencia en el desmonte de las redes conformadas por traficantes colombianos y de otras latitudes.

Quienes se exponen a las mafias no son delincuentes, son víctimas, y así deben ser tratados. En esta difícil situación, con visos de tragedia, Colombia pone a prueba su capacidad de asegurar las fronteras y de proteger a estos extranjeros, que se venden como mercancía y que, engañados y desesperados en sus tierras, exponen su vida al azar.

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