El cerebro de DMG fue condenado a 30 años y 8 meses de cárcel.

Además, deberá pagar una multa de 24.850 millones de pesos, cifra irrisoria frente a los casi 4 billones que movió la firma por los delitos de lavado de activos y captación masiva e ilegal de dinero.

En la audiencia, que duró casi 10 horas, el juez cuarto especializado, José Reyes, señaló que Murcia era consciente de la ilegalidad de su negocio. "(Murcia) dispuso de sus destrezas e inteligencia para poner en marcha los comportamientos hoy juzgados".

"Así haya contratado a los mejores abogados él tenía claro que lo que hacía era ilícito y que se trataba de captación masiva realizada con 26 oficinas a lo largo y ancho del país", dijo el juez en la lectura del fallo.

También señaló que su firma y la recolección de dinero, los 4 billones de pesos, desequilibró a la economía del país.

"El delito fue grave en extremo. Es mucho el dinero captado y otro de origen ilícito que desbocaron una estela de daño en el orden económico", dijo el juez.

Además, que dentro de una "embriaguez de riqueza" inició una carrera desenfrenada de actos delictivos  y se rebeló contra el poder del Estado. "Apenas se le prohibió creó el holding DMG, y con Margarita Pabón (socia que esta privada de la libertad) afinaron la estrategia de conformar sociedades de papel", añadió.

Murcia, quien llegó a una de las salas del cuarto piso de los juzgados vestido de chaqueta beige, bluyin y una camándula colgada al cuello, escuchó a lo largo de nueve horas el recuento del juez sobre las pruebas de la Fiscalía que terminaron con su condena.

Entre ellas, 180 llamadas clave de un total de 150 mil que las autoridades acumularon para demostrar las millonarias sumas de dinero que se movieron en DMG, muchas de las cuales se transportaron en caletas y que incluso tenían presuntamente políticos,  varios de los cuales están hoy en el ojo del huracán por este caso.

Como lo describió el juez José Reyes, 'una danza de millones' que nunca estuvo acorde con el objetivo social de DMG, firma creada por un ex camarógrafo que vendía productos naturales, con 100 millones de pesos, y que al cabo de seis meses ya tenía  en registros más de 2.260 millones de pesos cuando su patrimonio no sobrepasaba de los 60 millones de pesos.

El juez recordó las 26 tesis de la Fiscalía, cada una con decenas de pruebas, sobre la legalización de dineros que tenían origen ilícito, y donde el tema del narcotráfico asomó no sólo por las exorbitantes sumas de dinero que manejó DMG, sino también en
 las regiones desde donde se trasladaron dineros y las caletas donde los fajos eran escondidos. De hecho, más vigente en la acusación contra Murcia en E.U.

Prueba de ello fue la "contabilidad manipulada, que fue doble y donde nunca aparecieron contratos" supuestamente firmados por DMG.

No fue lo único. Tras la persecución jurídica de los entes de control, recordó Reyes, DMG mutó con otras razones sociales pero sin cambiar su personal, su actividad y ni siquiera papelería. "Después de nueve requerimientos los documentos fueron
 acomodados y entregados parcialmente", recordó el juez. 

"Se hicieron firmas de papel para ocultar la captación. Los puntos por publicidad apenas fueron retórica, no se hizo control material serio a la masa de sus clientes. La gente firmaba un contrato que ni siquiera leía", dijo Reyes en las motivaciones de la condena.

En la sentencia, el juez también pidió investigar disciplinariamente al abogado de Murcia, Gustavo Salazar, por promover una "recusación temeraria contra el juez".

Asimismo, al abogado Abelardo de la Espriella porque en el juicio se "ventiló que recibió dinero para hacer lobby lo que deterioró la moralidad de la profesión". En el listado también aparecen Luis Fernando Cediel y su grupo de nueve abogados "por crear
empresas de papel".

También pidió que se investigue penalmente a Santiago Baranchiu, William Suárez y demás ejecutivos y empelados de la firma por concierto, falsedad en masa, lavado de activos.

Este miércoles, mientras avanzaba la audiencia, el Gobierno ratificó la extradición de Murcia a Estados Unidos tras negar el recurso de reposición con el que intento frenar su envío.

La extradición de Murcia y su socio William Suárez fue firmada por el Gobierno el pasado 20 de noviembre por el delito de "concierto para cometer el delito de lavado de dinero".

La condena de Murcia es la más alta impuesta a la cúpula de DMG. La semana pasada, Marco Antonio Bastidas, un mando medio de DMG, fue condenado a 13 años y seis meses por los delitos de lavado de activos y cohecho. Y en febrero pasado, un juez condenó a 106 meses de cárcel (casi nueve años), a Margarita Pabón y Daniel Ángel (que rebajaron a la mitad por el acuerdo que firmaron con la Fiscalía), por lavado de activos.

REDACCIÓN JUSTICIA