En la audiencia de seguimiento a la atención de desplazados, que preside la Corte Constitucional, los alcaldes de municipios de la Costa rinden cuentas.

La alcaldesa de Cartagena señaló que aunque han avanzado "no están satisfechos", por eso pidió mayores recursos especialmente para el cubrimiento de salud para los 63 mil desplazados en la ciudad heroica.

Según la Corte Constitucional, la gran mayoría de las tutelas que recibe ese tribunal sobre el tema son de desplazados en Cartagena.

En la audiencia están presentes los ministros del Interior y de Justicia y de Hacienda. Por su parte el alcalde se Soledad (Atlántico), con 32 mil desplazados,  propuso un Fondo Nacional para atender a esta población.

Asegura que se ha creado una dualidad que se puede convertir en conflicto, pues los habitantes reclaman que se da prioridad y mayor inversión a la población desplazada.

Corte, atenta de situación en el Sur de Bolívar

En su discurso, el representante de los municipios de esta región señaló que el "Sur de Bolívar es una tierra de nadie (...) una colcha de retazos", pues ninguna autoridad se apropia de la atención de las necesidades de los desplazados.

Explicó que dependen de jurisdicciones de Bolívar, Cesar y Santander, pero que cuándo van a pedir recursos no saben dónde y hace que los procesos sean más largos.

Ante la pregunta del presidente de la Corte, magistrado Nilson Pinilla, sobre cómo funciona Acción Social, el mandatario local dijo que depende de la regional de Cartagena y Barrancabermeja, pero que un desplazado puede tardar dos meses en tan solo conocer dónde está registrado.

Agregó que por ejemplo en San Pablo, de cada 100 habitantes 27 son desplazados.

La Corte Constitucional llamó a los mandatarios seccionales y locales de varias regiones para evaluar cuáles fueron las acciones que tomaron para ayudar a la población en situación de desplazamiento.

Los mandatarios deberán explicar sus actuaciones relacionadas con medidas de salud, educación, ayuda humanitaria, vivienda y reubicación para miles de personas, en cumplimiento de una tutela que ordenaba procedimientos para brindar atención a los desplazados.

Recientemente la misma Corte a cuestionado las políticas de Acción Social para los desplazados, en las que ha mencionado que han sido insuficientes.