El proyecto del gobierno para favorecer a la población desplazada no es integral y carece de un plan para brindar a las víctimas las condiciones de vida que tenían antes de ser desalojadas.

Este plan tampoco se aplica en el marco de una gran reforma agraria, indicó la Procuraduría en un informe dirigido a la Corte Constitucional.

Las observaciones del Ministerio Público se enfocaron en el proyecto diseñado por los ministerios del Interior y de Justicia y Agricultura, Acción Social y Planeación Nacional, con el que el Gobierno espera cumplir las metas fijadas por la Corte Constitucional para atender la situación de los desplazados.

"Para la Procuraduría, existen contradicciones entre el modelo de desarrollo agropecuario implementado  en el país y el Estado Social de Derecho, el modelo no ha demostrado ser lo suficientemente incluyente, especialmente con poblaciones desplazadas vulnerables a múltiples factores", dice el informe.

Después de evaluar el documento, la Procuraduría concluyó que la propuesta del Gobierno se centra  en la restitución o en la compensación, pero elaborar respuestas por parte del Estado, siendo necesario reformular políticas para adoptar mecanismos, medidas e instituciones que materialicen el postulado de justicia social para la población desplazada.

El proyecto solo tiene en cuenta a los desplazados a los que se les deben atender sus necesidades por orden judicial, no contempla el procedimiento del Subsidio Integral de Tierras (SIT), que en la actualidad se constituye en el instrumento de política mediante el cual se adelantan en el país los programas de reforma agraria.

La política de tierras tampoco diferencia en la atención a mujeres y a minorías étnicas, el desplazamiento urbano y la creación de una base de datos donde queden inventariados todos los bienes de quienes han sufrido desplazamiento.

La Procuraduría considera que debería consignarse como política de Estado la exoneración o condonación del impuesto predial mientras dure la situación de desplazamiento y tener en cuenta la situación financiera de los desplazados respecto del sistema bancario nacional.

Es necesario, señala el informe del Ministerio Público, que la política de tierras contemple la situación financiera del desplazado que han obtenido créditos para la explotación de la tierra o ejecución de proyectos productivos.