Elevados a delitos de lesa humanidad atentado al avión de Avianca y 20 crímenes más de Escobar

Elevados a delitos de lesa humanidad atentado al avión de Avianca y 20 crímenes más de Escobar

Fiscalía tomó la decisión para mantener vivo ese caso y otros ocurridos entre los 80 y 90, como el atentado al edificio del DAS, la destrucción de El Espectador y el asesinato de Diana Turbay.

25 de noviembre de 2009, 05:00 am

En una decisión histórica, ayer, a la 1:30 p.m., la Fiscalía firmó un documento en el que eleva a delito de lesa humanidad 21 crímenes cometidos por la estructura armada del cartel de Medellín, que dejaron más de 15 mil muertos entre los años 80 y 90.

Tras el visto bueno del fiscal general (e.), Guillermo Mendoza, del procurador, Alejandro Ordóñez, y de Gabriel Jaimes, procurador delegado para asuntos penales, se ordenó crear una unidad de 25 fiscales para que asuman los procesos que agonizaban jurídicamente: bomba al DAS, destrucción de El Espectador, atentado al avión de Avianca, crimen de Diana Turbay...

"La magnitud de esta investigación exige la integración de un grupo interdisciplinario de investigadores que inicie en el acto y sin más dilaciones el perentorio impulso procesal y la recolección de pruebas para el esclarecimiento de los hechos, y el establecimiento de responsabilidades de los coautores en cada caso", dice el documento.

La primera instrucción es la de recoger el testimonio que el narco Hernando Gómez, alias 'Rasguño' le dio a EL TIEMPO, el pasado 23 de septiembre, en el que asegura haberle pagado un soborno al sicario Carlos Mario Alzate, alias 'Arete', para que desviara la investigación sobre los responsables del atentado al avión de Avianca, que mañana cumple 20 años.

La segunda decisión: localizar a alias 'Arete' en España, acudiendo al apoyo de autoridades internacionales.

El Ministerio Público también pidió que se ubicara a las víctimas sobrevivientes de todos estos atentados "a las que se les debe la justicia y la reparación", para que se hagan parte dentro de los procesos.

Los argumentos

La decisión está sustentada en el hecho de que el cartel de Medellín, su jefe Pablo Escobar y todos sus cómplices (muchos aún vivos) realizaron un exterminio y asesinato de ciudadanos para presionar la no aprobación de la extradición y la obtención de otros beneficios jurídicos.

Pero a pesar de la gravedad de lo sucedido, nunca se estableció la verdad. Según la Fiscalía, las víctimas sobrevivientes y los familiares de los muertos han recibido un tratamiento indigno y no accedieron nunca a la verdad de los hechos.

La Fiscalía también echó mano de jurisprudencia internacional al advertir que convenios, como el de Ginebra, protegen a civiles y la verdad de este tipo de hechos, que nunca prescriben y que hoy están en la órbita de la Corte Penal Internacional.

Si bien en el documento se advierte que en algunos casos hubo personas investigadas y condenadas, el material probatorio allegado señala que no se ha vinculado a todos los involucrados.

¿Dónde están los promotores y financiadores? se pregunta la Fiscalía. En este punto, el sicario Jhon Jairo Velásquez, 'Popeye', le dijo a EL TIEMPO que varios narcos y aliados del cartel dieron plata para armar las bombas e incluso se atrevió a dar nombres: Jorge Luis Ochoa Vásquez y Jhon Freydel, quienes desmintieron al pistolero.

En la mira, beneficios a narcos

Y 'Rasguño' dice que el soborno que pagó fue para librar de cargos a Eugenio León García, 'el Taxista'.

Pero García no fue investigado por varios crímenes porque firmó un acuerdo de colaboración con la Fiscalía (durante la administración de Gustavo de Greiff). Y luego obtuvo un nuevo arreglo con la justicia de E.U., que le permitió permanecer en ese país.

Sin embargo, su situación, y la de otros ex narcos, podría cambiar porque la Fiscalía acogió la petición de la Procuraduría de revisar, a la luz del Derecho Internacional Humanitario, los beneficios que les fueron otorgados en los 90. La decisión a este respecto está a punto de ser adoptada.

Estos son los procesos

Bomba al avión de Avianca, 27 noviembre de 1989; atentado al DAS, diciembre de 1989; atentado a El Espectador, septiembre de 1989; atentados a empleados de El Espectador; bomba a estación de Policía en Medellín, junio de 1990; secuestro de Andrés Pastrana, enero de 1988; asesinato de Carlos Mauro Hoyos, enero de 1988; muerte de Antonio Roldán, julio de 1989; asesinato de Diana Turbay, enero de 1991; secuestro de Gustavo Toro, noviembre 1990; secuestro de Francisco Santos, septiembre 1990; homicidio del capitán Fernando Hoyos, diciembre de 1992; homicidio de la juez Miriam Velásquez, febrero de 1995; asesinato del oficial Arquímedes Romero; asesinato del coronel Valdemar Franklin, agosto de 1989; muerte de Álvaro González, padre de magistrada; secuestros de Maruja Pachón y de Beatriz Villamizar, noviembre de 1990; y muerte de Marina Montoya, en 1990.

¿Qué significa lesa humanidad?

Jurídicamente, el delito de lesa humanidad no prescribe. Esto quiere decir que la acción penal que ejerce el sistema judicial colombiano se prolonga indefinidamente en el tiempo, al considerar que las consecuencias de esas conductas no solo perjudican a una víctima en particular, sino a toda una sociedad y, por lo general, se actuó de manera sistemática.

De la misma manera, los delitos cobijados bajo esta denominación quedan automáticamente bajo la órbita de tribunales internacionales.

En la práctica, esto significa que organismos como la Corte Penal Internacional (CPI), o cualquier otro tribunal creado para combatir la impunidad en el ámbito internacional, pueden asumir la investigación y juzgamiento de esas conductas, en caso de que en el país donde fueron cometidas no se haya aplicado justicia.

Finalmente, a la luz del Derecho Internacional Humanitario, ninguno de los responsables de este tipo de delitos podrán obtener beneficio jurídicos previstos en legislaciones locales.

UNIDAD INVESTIGATIVA
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