Se trata de las regiones donde esa entidad detectó una mayor concentración de delitos contra el voto, en las dos últimas elecciones para Congreso.

De acuerdo con el estudio realizado por la entidad, que concluyó con un "mapa de riesgos electorales", Magdalena es el departamento donde más se da la suplantación de electores, que ocurre cuando un ciudadano se hace pasar por otro para votar.

Sólo en los comicios legislativos de 2006 hubo 1.145 casos comprobados en Magdalena. Se calcula que son más, pero no fueron probados.

Y si bien en este escalafón la región Caribe pone la mayor cuota de departamentos (4), la capital del país no escapa a esta deshonra: ocupa el cuarto puesto.

La suplantación de electores fue sólo uno de los delitos contra el sufragio que se incluyó en el estudio. También aparecen faltas como la suplantación de jurados y las diferencias entre los datos de la mesa de votación, y el conteo de la Comisión Escrutadora.

En total, en los comicios del 2006 se lograron comprobar 33.348 faltas contra el voto, cometidas en 389 municipios de todo el país. El dato refleja que los delitos electorales que se lograron comprobar cobijan al 36,39 por ciento de los municipios del país.

Es la primera vez que el registrador, Carlos Ariel Sánchez, admite la excesiva vulnerabilidad del sistema electoral, a partir de delitos comprobados por la Justicia.

Sánchez recordó las demandas contra las dos últimas elecciones para Congreso y dijo que no le cabía duda "de que las elecciones del 2010 podrán ser igualmente demandadas, porque esas estructuras nocivas superviven. Si en el censo electoral todavía hay muertos, como los hay, estos pueden ser objeto de suplantación para votar".

Según Sánchez, este problema podría evitarse con la instalación de una red de identificadores de huellas que impida la suplantación. Pero, de acuerdo con el Registrador, este antídoto no será posible, porque el Gobierno no destinó la partida de 100.000 millones de pesos para su financiación.

La Registraduría pretendía comprar lectores biométricos que controlan el acceso de los ciudadanos a los puestos de votación y les impide sufragar más de una vez.

Esa red podría comenzar a depurar el voto desde la inscripción de cédulas, porque el ciudadano dejaría digitalizada su huella.

En oposición a la queja del Registrador, el Ministerio de Hacienda aseguró que "ha mantenido los recursos necesarios de acuerdo con el aumento del censo electoral".

Según fuentes de esa cartera, las partidas destinadas para los comicios de 2010 ascienden a 600.000 millones de pesos y "no se ha escatimado ningún recurso para la Registraduría Nacional".

A juicio del Ministerio de Hacienda, la modernización propuesta por la Registraduría es "imposible de financiar en las actuales condiciones económicas del país".

Pero el director de Gestión Electoral de la Registraduría, Alfonso Portela, fue más allá: aseguró que la Ley 892 del 2004 ordena la implementación de estos controles.

"Esa ley contempla la identificación del elector a través de la huella, el escrutinio electrónico y el reemplazo del tarjetón por máquinas que permitan votar", dijo.

Otro de los perjudicados con la falta de recursos será el voto electrónico, establecido por la misma norma.

Ante esta situación, la entidad electoral anunció que realizará los comicios del próximo año iguales a los del 2006.

"Vamos a hacer un proceso, conforme al presupuesto aprobado, calcado al del 2006. No se puede implementar nada nuevo comparado con las últimas elecciones de Congreso", anunció Portela.

El mapa de riesgo del Registrador es preocupante en un país que en los últimos 15 años se la ha pasado discutiendo cómo fortalecer el sistema electoral, tras los escándalos del proceso 8.000 -infiltración de la mafia- , la 'parapolítica' -alianzas de 'paras' con algunos políticos- y los acostumbrados 'chocorazos' en la costa. Al parecer, el próximo año no será la excepción.

Según Alfonso Portela, director de Gestión Electoral de la Registraduría, existen varias modalidades de suplantación electoral. Una de ellas es cuando, por algún motivo, el elector no puede o no desea ir hasta el sitio de votación y le entrega su cédula a otra persona para que ejerza el derecho al sufragio por él.

Existen otros casos en los cuales a un grupo de ciudadanos se les retiene temporalmente el documento de identidad para que otras personas voten por ellos. Según Portela, la entidad ha recibido algunas denuncias de esta práctica en La Guajira.

Otra forma de suplantación es cuando el jurado busca favorecer a un candidato en particular. En estos casos, el funcionario llena las casillas en blanco del registro de votantes con otros nombres y números de cédula, y deposita en la urna igual número de tarjetones marcados por el aspirante al que se quiere favorecer.

La falsificación de cédulas y el ejercicio del voto con el documento de identidad de personas fallecidas, son también formas de suplantación electoral.

JUAN FRANCISCO VALBUENA
REDACCIÓN POLÍTICA